El Govern tramita la primera ley del amianto con certificados en inmuebles y multas

 Este martes 3 de diciembre, el Govern ha dado luz verde en el Consell Executiu al proyecto de ley para la erradicación del amianto antes de 2032. La normativa, diseñada y aprobada el pasado mayo por el Ejecutivo de Pere Aragonès, había quedado en un cajón. Con esta decisión, se da el paso previo para su tramitación en el Parlament, donde se podrán introducir enmiendas antes de la votación final, un proceso que podría extenderse durante diez meses. La Ley para la erradicación del amianto de Catalunya responde a la recomendación de la Unión Europea, que establece plazos para retirar el amianto de los edificios públicos antes de 2028 y del resto de inmuebles antes de 2032. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, califica la normativa como "pionera en España y Europa", ya que es "transversal": "Las políticas se integran en un único marco legislativo que nos permite ser más ejecutivos", ha manifestado la portavoz durante una atención en los medios de comunicación este martes donde ha informado de los acuerdos adoptados en el Consell.

El proyecto de ley establece un marco legal para la eliminación del amianto en Catalunya y aborda cuestiones clave, como la identificación obligatoria de los elementos, su retirada y la gestión de los residuos, además de prever sanciones de hasta 100.000 euros para garantizar el cumplimiento. El ejecutivo de Salvador Illa, al igual que hizo recientemente con el Estatut de Municipis Rurals, acelera ahora la puesta en marcha de un plan que quedó en suspenso en su día. Este proyecto contempla una dotación económica de 10 millones de euros para subvenciones, además de un programa temporal de 300.000 euros para contratar personal especializado en la gestión y retirada de este material.

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Una de las principales novedades que introduce la ley es la obligatoriedad de los propietarios de viviendas a emitir un certificado que acredite la presencia o ausencia de amianto en los inmuebles destinados a la compraventa o alquiler . Este requisito tiene como objetivo garantizar la transparencia e incentivar la retirada del material, ya que su presencia podría reducir el valor de las propiedades. Se trata de una herramienta similar a la certificación energética de las viviendas actuales. De esta forma, un aparejador o un arquitecto redactará el documento que dará cuenta del hallazgo de este material y en qué estado se encuentra. Paneque ha explicado que para desplegar este apartado de la ley, será necesaria la implicación de las diputaciones y los entes locales.

Asimismo, los propietarios y administradores de fincas también deberán comunicar la presencia de amianto al 'Censo Catalán de Amianto', que la Generalitat prevé dejar listo en 2028.

La ley establece un régimen sancionador que impone multas que varían entre 100 y 100.000 euros, según la gravedad de la infracción. Las infracciones leves incluyen la falta de colaboración con las inspecciones o el incumplimiento en la entrega de certificados. Las graves son no comunicar la presencia de amianto al censo, retrasar la retirada de materiales contaminantes o no formar adecuadamente al personal encargado de eliminar asbesto. Las infracciones muy graves incluyen manipular amianto sin las medidas de seguridad necesarias, incumplir órdenes de retirada o verter residuos en lugares no autorizados. La Generalitat asegura que los ingresos generados por estas sanciones se destinarán a un fondo para la gestión y retirada del material.

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A pesar de su prohibición en 2002, el amianto sigue siendo un problema de salud pública actual. Utilizado masivamente en la construcción durante la segunda mitad del siglo XX, este material tóxico permanece en muchos edificios e infraestructuras. Según cálculos actuales del Govern, todavía quedan entre 2 y 3 millones de toneladas, cifra inferior a las 4 millones estimadas en 2001 por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. De hecho, el 'mapa visor' elaborado por la Generalitat identifica unas 800.000 toneladas solo en cubiertas, aunque este registro no incluye elementos menos visibles. La aprobación de la ley formaba parte del Plan Nacional para la Erradicación del Amianto 2023-2032, que prosperó en el 2023. La previsión es que el plan mantenga la Comisión para la Erradicación del Amianto en Catalunya como órgano participativo que debe reunir todas las instituciones y agentes afectados y facilitar su coordinación y cooperación. Además, se darán funciones ejecutivas e instrumentales en la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC) para que pueda participar en la toma de decisiones a emprender.

La gestión de residuos

La ley dedica un capítulo completo a la gestión de residuos. Como novedad, establece que las empresas y profesionales responsables de la gestión de residuos con materiales que contienen amianto (MCA) deben custodiar dichos residuos en condiciones de seguridad hasta su entrega en un punto de almacenamiento controlado, es decir, un lugar provisional ya sea mediante un depósito propio o mediante los sistemas establecidos por la normativa vigente cuando no puedan ser transportados de inmediato a su destino final.

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El tratamiento de los residuos de amianto plantea uno de los principales retos logísticos y económicos. Actualmente, Catalunya cuenta con un único vertedero especializado en Castellolí (Anoia), lo que limita la capacidad de gestión. Se estima que hay 2 millones de toneladas de amianto en el territorio y el depósito controlado recibe una media de 20.000 toneladas anuales, por lo que se necesitarían 100 años para erradicarlo completamente.

El ejecutivo catalán estudia dos posibles soluciones. Ampliar la capacidad de este vertedero o abrir una nueva instalación. Ambas opciones presentan dificultades: la ampliación requiere una alta planificación , mientras que un nuevo vertedero implicaría superar trámites complejos y garantizar estrictas medidas de seguridad. El Govern aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto y dice que "lo estudiará".

'Plan de infraestructuras'

Paralelamente, el Govern trabaja en un 'plan de infraestructuras' para gestionar de manera adecuada las pequeñas cantidades de amianto que los vecinos puedan tener en sus hogares, como por ejemplo en jardineras o depósitos. Actualmente, en Catalunya existen cuatro puntos de recepción de residuos especializados en amianto, pero el Govern prevé ampliar y planificar estas infraestructuras. Al mismo tiempo, contempla que algunos de los '450 puntos limpios' de todo el territorio puedan acoger módulos de desamiantado, unos espacios donde podrían manipularse pequeñas cantidades de este material de forma correcta, sin riesgos y cumpliendo con el protocolo de recepción.

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El proyecto de ley ha sido impulsado desde el Departament de Presidència, pero en caso de que el Parlament lo apruebe, será el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica la conselleria responsable de su aplicación, a través de la Agencia de Residuos de Catalunya, dirigida por Albert Planell.

El Govern tiene como meta cumplir con los plazos establecidos por la Unión Europea, pero el camino no estará exento de dificultades. La magnitud del problema, junto con los retos económicos, logísticos y administrativos, exige la implicación de administraciones públicas, propietarios y empresas.