La Generalitat inicia un censo propio del amianto en Catalunya con horizonte 2028

El amianto representa una amenaza para la salud pública y el medio ambiente. A pesar de su prohibición en 2002, este material tóxico sigue presente en numerosos edificios públicos y privado. Para abordar esta problemática, la Generalitat se ha fijado el objetivo de elaborar un censo completo de edificios con amianto antes de 2028. Este registro permitirá planificar su retirada de manera eficiente y estratégica. La iniciativa se enmarca en la recién aprobada Ley de erradicación de amianto de Catalunya, que busca identificar, gestionar y eliminar este material conforme a las normativas europeas.  

Hasta la fecha, la Generalitat ha avanzado en la identificación de inmuebles públicos que contienen amianto. De los aproximadamente 6.500 edificios evaluados, que representan el 83% de las propiedades públicas, el 90% han resultado estar libres de este material. Así, ha determinado que hay unos 500 edificios que todavía contienen este material, ya sea en cubiertas, tuberías o en otros elementos.

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Para alimentar el censo de amianto de Catalunya, el Govern utilizará múltiples fuentes. Entre ellas, destaca el mapa de cubiertas de fibrocemento, elaborado mediante tecnología de teledetección, y las inspecciones directas realizadas por la Generalitat. Además, se incorporarán los registros municipales que están realizando los ayuntamientos - se trata de un inventario de edificios y espacios de titularidad municipal con amianto, además de un calendario para planificar la retirada-, los certificados de presencia de amianto que exige la nueva normativa, las inspecciones técnicas de edificios (ITE), y los informes de intervenciones de emergencia realizadas por los Bombers o los Agentes Rurales, quienes también tienen capacidad para detectar este material peligroso.  

Censo municipales

La legislación estatal sobre residuos y suelos contaminados de 2022 (Ley 7/2022) ya estableció que todos los municipios deben contar con un censo de los edificios púbicos con amianto, así como un calendario para planificar su retirada. Aunque se concedió un año de margen para cumplir con esta obligación, el plazo expiró el 10 de abril de 2023. Sin embargo, a día de hoy, la Generalitat reconoce que muchos ayuntamientos no han cumplido con la obligación de presentar este inventario: solo uno de cada cuatro.

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Desde el Departament de Presidència, se explica que la falta de recursos y pautas claras en la ley estatal dificultó la tarea de los municipios. Aunque la ley 7/2022 establecía un año para elaborar el censo, no proporcionaba las herramientas técnicas necesarias ni un marco de referencia detallado. Por ello, el Govern se compromete a reforzar su apoyo a los ayuntamientos y ofrecerles documentación, formación y recursos para la elaborarlos. La Generalitat ha entregado a los municipios varios documentos útiles, entre ellos un mapa de coberturas, pautas básicas para la elaboración del censo y una plantilla en formato Excel para facilitar la recolección de datos. Además, se ha habilitado una plataforma online (EACAT) donde se puede acceder a un mapa preliminar del amianto en Catalunya, conocido como el “PRE-Censo Municipal de Amianto”. También se están llevando a cabo sesiones de formación descentralizada por todo el territorio, y se ha abierto un canal directo de comunicación entre los municipios y la administración autonómica para resolver dudas y ofrecer orientación.

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De los 947 municipios que componen Catalunya, solo alrededor de 250 han entregado algún tipo de censo, lo que representa aproximadamente el 27% del total. No obstante, la mayoría de estos censos son aún considerados “primeras versiones”, y solo seis municipios (Badia, Flix, Masquefa, La Pobla de Segur, Sant Llorenç de la Muga y Ripoll) han entregado censos completos, ya que se trata de poblaciones pequeñas donde la detección del amianto es más sencilla. Los censos municipales alimentarán el censo catalán.