Nueve detenidos por apropiarse de 18 viviendas de personas con problemas económicos en Barcelona y Madrid

El pasado 25 de noviembre, los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Premià de Mar detuvieron a nueve sospechosos de pertenecer a una banda que se aprovechaba de forma fraudulenta de personas con problemas económicos para quedarse con su piso. Hay hasta el momento 18 víctimas de este entramado criminal, con inmuebles afectados en Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Madrid y Ciudad Real.

Fuentes policiales señalan que uno de los arrestados es el abogado Francisco Comitre, quien está pendiente de juicio, junto a otras 16 personas, por una presunta macroestafa a ancianos para quedarse con sus pisos. La Fiscalía pide 20 años de prisión para este acusado que junto con otros letrados y notarios actuaron de forma fraudulenta para quedarse con viviendas de 128 afectados. Además, Comitre tiene antecedentes por tráfico de droga.

Nueva estafa

La investigación de los Mossos que ha culminado con los 9 detenidos comenzó a finales de 2022 cuando agentes de Premià de Mar tuvieron conocimiento de una querella en un juzgado de Barcelona por una supuesta estafa y falsificación documental que acabó con la detención de cuatro sospechosos, entre ellos Comitre, por presuntamente apoderarse de forma fraudulenta del piso de una mujer que había muerto sin herederos legítimos.

Tras estas detenciones, los agentes registraron el despacho del letrado en la plaza Urquinaona y encontraron numerosa documentación que apuntaba a nuevos delitos de esta red. Supuestamente seguían obtener, de forma ilegítima, viviendas de personas con problemas económicos y venderlas para conseguir un alto rendimiento económico. El modus operandi que empleaban era casi siempre el mismo: primero captaban a las víctimas, que solían ser personas vulnerables, con escasa educación financiera y que tuvieran deudas con el banco o alguna necesidad económica urgente. 

Una vez tenían una persona que les encajara en este perfil, firmaban un contrato privado donde los estafadores pagaban las deudas de estas personas y, a cambio, otorgaban poder notarial del inmueble a una persona jurídica y/o física con la excusa de poder realizar el trámite con la empresa que le daba el crédito para poder pagar las deudas. Con la firma de este contrato ante notario, las víctimas otorgaban poderes, sin ellos tener constancia, a uno de los estafadores. 

Ventas legales

Una vez tenían ese poder, los estafadores podían realizar un acta notarial de compraventa de inmuebles entre ellos mismos. Para realizar este trámite utilizaban empresas que estaban a nombre de testaferros, muchas de ellas sin depósito de cuentas. Esta compraventa se hacía normalmente en las mismas notarías donde se había firmado el contrato para otorgar los poderes, y para llevarla a cabo utilizaban un cheque manipulado que normalmente nunca terminaba en manos de la entidad bancaria acreedora.

Era en ese momento que los estafadores estaban en posición de poder poner en venta el inmueble y venderlo a terceras personas que nada tenían que ver con el entramado criminal y que querían adquirir la vivienda de forma legal. Además, las sociedades a nombre de los testaferros tenían cuentas bancarias a las que llegaba dinero proveniente de solicitar préstamos a entidades financiera. El líder de la banda ideó un entramado para solicitar estos préstamos a bancos sin ser detectado por las autoridades fiscales.

De esta forma los sospechosos simulaban trabajaban con empresas con gran actividad comercial y que tuvieran solvencia económica, además de no llamar la atención fiscal. Para pedir créditos a los bancos, manipulaban los datos para informar falsamente de su estado financiero. En algunas ocasiones también contrataban seguros para cubrir cualquier eventualidad y poder disponer de dinero para invertir en otros fines, según los Mossos.

Entre los nueve detenidos esta Comitre, que fue arrestado en Baleares, junto con abogados, testaferros y un notario

Un millón de deuda

Los investigadores pudieron verificar, a través de la información presentada en la declaración de la renta, que los sospechosos habían manipulado los datos para simular que tenían relación con importantes empresas de renombre que, a posteriori, corroboraron que nunca había tenido vínculo alguno. 

En concreto, una de estas empresas solicitó, en 2019, préstamos a diferentes entidades bancarias por un valor total de más de 200.000 euros, que nunca devolvió. Según datos de la Agencia Tributaria, entre testaferros y empresas tienen una deuda total de casi 1.000.000 euros.

 Una vez que los investigadores tuvieron conocimiento de cómo funcionaba este laborioso entramado y tuvieron identificadas a las personas que intervenían y participaban, el 25 de noviembre detuvieron a 9 sospechosos, entre ellas el líder de la trama, en Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vilafranca, Ibiza y Palma, en Mallorca. Aparte se registraron domicilios de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa e Ibiza, donde se recogieron un centenar de indicios como talonarios, escrituras, poderes, contratos privados y documentación de los testaferros, además de 6.500 euros en efectivo.

Los Mossos han llevado a cabo la investigación con la colaboración de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria de Catalunya y la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda. De los 9 detenidos, cuatro quedaron en libertad tras declarar en sede policial, mientras que los otros cinco pasaron a disposición judicial el 27 de noviembre en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Barcelona. Están acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, oficial o mercantil y defraudación en la hacienda pública.