El Govern detecta un déficit de 1.000 interventores, secretarios y tesoreros en pequeños ayuntamientos de Catalunya

El 'Govern Illa' ha dejado clara desde el primer momento su voluntad de que los municipios de Catalunya estén en el centro de sus políticas. Concreciones de ello son la nueva Reserva Pública de Suelo o el reimpulso del emblemático plan de barrios que en su momento lideró el 'tripartit'. El ejecutivo catalán también ha creado recientemente una comisión de expertos para lanzar un proceso de reforma de la Administración Pública catalana, y en él también cobrarán protagonismo los ayuntamientos catalanes, especialmente los más pequeños y con menos recursos.

En esa voluntad de modernización anunciada por el 'conseller' de Presidència, Albert Dalmau, es donde se enmarca una de las grandes carencias que, ha detectado el Govern de la Generalitat, obstaculizan el funcionamiento interno de los municipios de menos de 5.000 habitantes: la falta de los denominados funcionarios de habilitación nacional. Es decir, de interventores, secretarios y tesoreros, las tres figuras técnicas que se responsabilizan de avalar y controlar las grandes cuestiones jurídicas y financieras —ordenanzas, contabilidad o presupuestos, por ejemplo— en el corazón de las administraciones locales.

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El Govern, tal y como ha podido confirmar EL PERIÓDICO, trabaja con un dato que dimensiona el déficit: de las 1.569 plazas de funcionarios con habilitación nacional disponibles, únicamente hay ocupadas por este tipo de personal unas 573, un tercio, por lo que son unas 1.000 plazas (996 concretamente) las que faltan por ocupar. Ése es el reto que se le plantea a la Generalitat: 'buscar' 1.000 interventores, secretarios y tesoreros que resuelvan las dificultades que sufren los pequeños municipios de Catalunya. Por contextualizar el fenómeno, cabe tener en cuenta que el 40% de los 947 municipios catalanes tienen menos de 1.000 habitantes.

La coyuntura no implica, sin embargo, que esas 1.000 plazas estén carentes de personal en su totalidad. De todas ellas, 177 no están ocupadas por ningún profesional. Pero las 695 restantes lo están por dos figuras caracterizadas por su excepcionalidad: por un lado, los denominados 'accidentales', que son funcionarios sin habilitación nacional con los que los consistorios cubren puntualmente sus necesidades; y, por otro, los interinos sin plaza de funcionario, que han dado lugar a complejas situaciones donde la interinidad se ha cronificado. Ninguna de las dos alternativas convencen a las administraciones públicas como solución definitiva. Como tampoco lo hace la alternativa del 'secretario-interventor', que asume funciones de ambos roles.

Por provincias, la más golpeada por el déficit funcionarial es Lleida, que sólo tiene cubiertas por funcionarios nacionales 65 plazas de las 352 disponibles; seguida de Tarragona (103 plazas cubiertas de 267); Girona (138 plazas cubiertas de 319); y Barcelona (267 plazas cubiertas de 631). Aunque la competencia para convocar los procesos de plazas públicas de funcionarios nacionales corresponde al Estado, la previsión es que en el informe resultante de la citada comisión de expertos del Govern, conocida como CETRA (Comissió d’Experts per a la Definició de l’Estratègia de Transformació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya y la Millora dels Serveis Públics), conste alguna propuesta al respecto.

En cuanto a las dificultades de los municipios, fuentes del Departament de Presidència ponen el foco en que, pese a no disponer del personal técnico que requieren, los pequeños ayuntamientos deben cumplir con las mismas obligaciones formales que los grandes. Es decir: deben presentar su correspondiente Cuenta General, han de preparar su Presupuesto municipal y celebran sus respectivos Plenos municipales. Todo ello en ámbitos territoriales en muchos casos rurales o de alta montaña, donde las oportunidades de movilidad laboral de los funcionarios se ven más limitadas que en los consistorios de las grandes urbes.

Falta de vocación y de estímulos salariales

Sobre la falta de funcionarios de habilitación nacional se han pronunciado expertos en la materia como Joaquim Solé, catedrático de Finanzas Públicas en la Universitat de Barcelona. En una publicación del Institut d'Estudis de l'Autogovern, el doctor en Economía afirma que "muchas plazas están vacantes porque no se presentan suficientes candidatos a las pruebas selectivas", apuntando a una "estructura de personal obsoleta" en los municipios, entre otros motivos porque "los estímulos para la promoción laboral, el estudio y el reciclaje son muy débiles".

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Precisamente sobre esa falta de vocación y de estímulos laborales, especialmente entre los jóvenes, quiere actuar el Govern. "Hay que ir a los centros universitarios a explicar que hay una salida profesional en la administración pública como secretario, interventor o tesorero", explica a este diario Francisco Belver, director general de Administración Local del Govern. El responsable subraya también la importancia que tendrá en este terreno la Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Solé, por su parte, apunta asimismo a la potenciación de los Servicios de Asistencia Técnica (SATs) de los Consejos Comarcales o las Diputaciones como solución en los pequeños municipios de Catalunya. Como causas permanente de la falta de técnicos en las localidades muy poco pobladas, el economista pone el acento en los "sueldos bajos", en un "trabajo muy solitario" y en que "es inviable económicamente tener un secretario y un interventor en los ayuntamientos pequeños".

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