Barcelona perderá en 15 años 50.000 viviendas protegidas de las 70.000 que suma en toda la provincia

El parque público de vivienda debería ser de un 15% del total, según señalan las administraciones, para rebajar la tremenda dificultad que supone acceder a una vivienda. Es algo que no pasa en España, en Catalunya, ni en Barcelona, que no llegan al 2%, cuando la Unión Europea está por encima del 9%. Sin embargo, el parque ahora deseado existió y llegó a superar el 15%: España construyó desde 1945 siete millones de pisos protegidos de un total de 18 millones existentes.

Siete millones de viviendas que no se podían vender a precio libre hasta pasado un plazo, generalmente de 10 a 30 años. Se hacía para preservar su función social, para evitar negocios a corto plazo gracias a los recursos públicos empleados para construir esos inmuebles, fuera dinero, suelo o ambos. Con el tiempo, esos siete millones de viviendas perdieron la protección y pasaron a ser de mercado.

La primera piedra

Nadie, ninguna administración ni ninguno de los partidos políticos que las han dirigido en las últimas décadas, puede tirar la primera piedra en esta cuestión. Que la protección de los pisos acabara no era visto como algo malo. Se consideraba suficiente garantizar que el primer comprador no pudiera hacer negocio a corto plazo. También pesaba el deseo de consolidar a una clase media aún exigua. Pero el tiempo ha demostrado que fue un error.

Barcelona es uno de tantos ejemplos de esa situación. Y lo será más en los próximos años. Así lo indican el informe ‘El parque de vivienda protegido en Barcelona: ‘stock’ existente y su evolución’, elaborado al alimón por el Observatori Metropolità de l’Habitatge y el Observatori DESC (ahora DESCA) en 2023.

La pérdida de protección

Está hecho con datos de la Generalitat de 2021, de los que no hay actualización, según confirma la Agència Catalana de l’Habitatge, requerida por este diario al respecto. El informe recuerda que en diciembre de 2021 había en la ciudad de Barcelona 15.673 pisos públicos (si bien algunos no tenían calificación estricta de protección oficial, como los comprados por el ayuntamiento en ese periodo). En los municipios del Área Metropolitana de Barcelona sin contar la capital catalana había otros 25.573. En el total del AMB, 41.336. En la provincia de Barcelona sin contar el AMB, 31.165. Y, finalmente, en el total de la provincia de Barcelona, 72.501.

El informe indica que en Barcelona ciudad, de los 15.673 pisos citados solo 9.882 seguirán protegidos en el 2030 y 4.943 en el 2040. Es una tendencia común en todas las localidades de la provincia, y que en el total deja un dato contundente: de los 72.501 pisos con protección que había en la provincia de Barcelona en 2021 solo quedarán 36.031 en 2030 y 18.830 en 2040. Así, de 2021 a 2040 serán 53.671 las viviendas que dejan de gozar de esa producción. En porcentaje, la reducción será de un 49,7% dentro de seis años y de un 74% en 16 años.

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El informe no precisa de qué administraciones dependió al construcción de esos 72.000 pisos, un dato del que no disponen ni el consistorio ni la Agència Catalana de Habitatge del Gobierno catalán.

Los nuevos sí permanecerán públicos

Así, la cifra de vivienda oficial perdida en la provincia de Barcelona en los próximos años equivale prácticamente a los 50.000 pisos prometidos por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hasta 2030 en toda Catalunya, que, de convertirse en una realidad, supondrán una nueva etapa y contarán con blindaje: nunca perderán su protección.

Para Celestí Ventura, presidente del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica a Barcelona, que antes encabezó durante 35 años la promotora METRO.3, es significativo, aunque en un caso se hable de Barcelona y en el otro de toda Catalunya, que van ganarse 50.000 pisos públicos cuando casi en el mismo periodo se perderán otros tantos. Ventura reclama que la administración pública se alíe con el sector privado para construir más.

La mitad, de promotores públicos

Carles Donat, codirector del Observatori y uno de los responsables del informe, señala que de los 72.000 pisos, la mitad son de promotores públicos, de administraciones; una cuarta parte, de privados; y la cuarta restante, de cooperativas y otros promotores sin ánimo de lucro.

Aporta esperanza al asunto. De entrada, señala que esos cerca de 36.000 pisos que son de promotores públicos tienen salvación pese a perder la protección: “Muy probablemente seguirán teniendo una función social”. Y concreta que de los 36.000, unos 14.000 son de alquiler.

Donat precisa que en sí mismo no fue un problema hacer vivienda protegida de compra-venta: “El problema es que pierda la calificación. Si la protección es permanente, el que la vende lo hace como vivienda protegida, con el mismo precio que pagó más la inflación”. Considera que la caducidad tenía sentido si se iban sumando vivienda al parque año tras año: “Fue un éxito, pero se basó en un modelo de crecimiento masivo. Se creía que se haría vivienda protegida de forma continua, pero las ayudas disminuyeron y además no disponemos de tanto suelo”.

Un país de propietarios

Guillem Domingo, coautor del informe y miembro del Observatori DESCA (Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals), recuerda que las “alarmas” sobre lo reducido del parque de vivienda protegida en España, en Catalunya y en Barcelona saltaron hace mucho. Encuentra el origen en aquella voluntad mostrada por el Gobierno de Franco, y expresada por José Luis Arrese, ministro de la Vivienda, en 1959: “No queremos un país de proletarios, sino de propietarios”. “Cada vez más claramente y sin torceduras, vamos a fomentar la propiedad privada”, dijo Arrese en el mismo acto, un homenaje que le montaron los colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

“La gente prefiere la propiedad, es algo que se asocia a la estabilidad, a construir un proyecto de vida, dar garantías a los hijos, dejar un patrimonio. Pero al final este ideal ha producido determinadas externalidades”, recuerda Domingo, en alusión a la crisis de la vivienda de 2008, con la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Subraya que si la familia que compró el piso protegido sigue en él, su función social se mantiene: “El problema son los pisos que se han quedado en el camino, traspasados al sector privado. Se dedicó una gran cantidad de recursos a la construcción de vivienda, sea en forma de suelo o de ayudas. Y 40 años después tienes un 1,5% o un 2% de pisos protegidos, la gente no puede pagar los alquileres, y cada vez más gente vive de alquiler. Ahora vemos que era necesario que la protección no durara solo 30 años”.

La regulación de 2019

En 2019 hubo un cambio de legislación crucial en Catalunya: desde entonces, toda la vivienda protegida que se haga con recursos públicos mantiene esa protección de forma permanente. Sucede lo mismo en todo el suelo que forme parte de una reserva para vivienda protegida. De ahí que con los 50.000 pisos de Illa no deba suceder lo mismo que con los que ahora se perderán.

Solo puede existir caducidad de la protección en promociones privadas construidas en suelo que no forme parte de una reserva. Si la promoción recibió ayudas públicas y está en un municipio donde la demanda de vivienda es elevada, la protección deberá ser de 20 años. Si no existe tal demanda, de 10 años. Si esas promociones no recibieron ayudas, los periodos se dividen por dos: 10 años si hay demanda y 5 años en una localidad sin esa necesidad de vivienda.

Las administraciones

Las administraciones catalanas comparten la convicción de que trabajar para que en el futuro no se repita la pérdida de protección: “Forma parte de la herencia que tenemos, una cultura de la propiedad que en los últimos años ha cambiado. Lo de desprenderse del parque de vivienda pública ya no volverá a pasar”, afirma la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet.

 “En aquellos años se hicieron políticas que se consideraban óptimas”, explica Jordi Mas, director general de Vivienda de la Generalitat, que subraya que la situación ha llevado a apostar por la “calificación indefinida”. También cita las ayudas que se dan a jóvenes para que accedan a una vivienda en la que emanciparse: “Introducimos cláusula de precio limitado de forma indefinida”. En definitiva, que no vuelva a suceder lo que está pasando hoy.

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