La instructora del 'caso Tersa' activa el mecanismo para que el Supremo juzgue a la incineradora de Barcelona

La investigación en torno al presunto riesgo a la salud por la contaminación dispersada por la incineradora de basura del área metropolitana de Barcelona ha dado ya el primer paso para ser juzgada en el Tribunal Supremo. Después de que la Audiencia Provincial haya reabierto la causa, la jueza de Badalona que se encargó de las pesquisas sobre la planta de Tersa ha enviado un oficio al Congreso para que confirme que el expresidente de la empresa pública y exconcejal de Emergencia Climática en Barcelona, Eloi Badia, es actualmente diputado de Sumar. Badia figura como investigado en la causa y, al ostentar la condición de aforado, solo el Supremo lo puede juzgar.

La magistrada del juzgado de instrucción número 5 de Badalona ha dirigido el requerimiento a la Mesa del Congreso "a fin de que certifique la condición actual de diputado de Eloi Badia", según consta en un auto al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso. A su vez, la instructora pide en el mismo oficio a la cámara que informe de cuál es la "fecha de toma de posesión de dicho cargo" por parte del parlamentario.

La petición al Congreso es el formalismo previo a que la jueza traslade una exposición razonada de los hechos investigados al Supremo, para que el alto tribunal decida si asume la investigación. Además de Badia, el jefe de explotación de la incineradora, F. R., también figura como investigado.

La Audiencia de Barcelona ha abocado el caso por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales a juicio tras revocar la resolución de la jueza por la que archivó las pesquisas en mayo pasado. La Fiscalía, la acusación de la asociación ciudadana Airenet y la ejercida por una particular recurrieron la decisión para reclamar que la causa se retomara.

En su último auto, la magistrada de Badalona dispone la reapertura de las diligencias. Indica que, a tenor de la resolución de la Audiencia, "no cabría más actuación" que dictar el auto de acomodación procedimental para dar oportunidad a las acusaciones a formular sus escritos de calificación de cara al juicio. "Sin embargo, concurre en el presente procedimiento un dato que obliga al menos, en este momento, a no poder dar cumplimiento a lo ordenado y verificar previamente la condición de diputado de uno de los investigados contra la que se dirigió la inicial denucia del Ministerio Fiscal", en alusión a Badia.