'Caso Tersa': qué sabemos de la investigación sobre la contaminación en la incineradora

El proceso judicial

El juzgado de instrucción número 5 de Badalona se ha encargado de investigar la presunta emisión de partículas y sustancias contaminantes por encima de los límites legales en la incineradora de basura, en el límite de Sant Adrià de Besòs y Barcelona. La causa se abrió a raíz de la denuncia por presunto delito ecológico que el servicio de medio ambiente de la Fiscalía Provincial de Barcelona interpuso en marzo de 2022 y que iba dirigida contra Badia y F. R..

La acusación pública tomó esa decisión al concluirse las pesquisas del cuerpo especializado en medio ambiente de la Guardia Civil, el Seprona, iniciadas en 2018 por una denuncia previa de la plataforma vecinal Airenet. “En la zona en la que vivimos, tenemos niveles de amianto, plomo, ceniza, mercurio y otras sustancias peligrosas muy superiores a las que recomienda la OMS”, aseguró Silvina Frucella, presidenta de la entidad.

La compañía defiende que se ha ceñido en todo momento al "estricto cumplimiento de toda la normativa ambiental vigente". Postula también que no ha vulnerado los umbrales de emisiones y niega que su actividad haya comprometido la salud. Durante el proceso judicial, la Generalitat, a través de la Dirección de Calidad Ambiental, ha avalado el funcionamiento de la planta.

En cambio, la Fiscalía afirma que Tersa ha infringido presuntamente la normativa medioambiental. Advierte que, en ocasiones, pudo operar por debajo de los 850 grados centígrados que la ley exige para minimizar la propagación de contaminantes con la quema de residuos. A resultas de un registro practicado en mayo de 2023, la Guardia Civil emitió un informe que sostiene que la central puede suponer un riesgo de emisiones perjudiciales para el medio ambiente y la salud.

La titular del juzgado de instrucción cerró la causa al no apreciar que Tersa hubiera incurrido “en ninguna conducta penalmente ilícita”. Esgrimió también que no se había acreditado que hubiera superado los límites legales de polución. A todo ello, añadió que resultaba “obvio” que no se había producido “ningún riesgo grave para el medio ambiente o la salud de las personas”. 

Sin embargo, la Audiencia ha corregido a la jueza. Los magistrados han concluido que fue "prematuro" cerrar el procedimiento y que resulta necesario elevarlo a juicio. El tribunal ha señalado a las presuntas "anomalías" en los registros de temperatura -claves para certificar que no se esparce polución a espuertas- y los "indicios" de emisiones insalubres en la planta que calcina desechos. 

Qué se investiga

La investigación pretende despejar si la planta se excedió en las emisiones de partículas y sustancias contaminantes entre 2015 y 2019, exponiendo la salud de los vecinos de los barrios próximos a un presunto “riesgo grave”, según la denuncia de la Fiscalía. El Ministerio Público acusa a Badia y al jefe de explotación de tolerar presuntamente prácticas contrarias a la normativa ambiental, al ser los máximos responsables de la gestión de la compañía.

La tesis de la Fiscalía, la Guardia Civil y la acusación ejercida por Airenet es que la incineradora contaminó presuntamente de más al quemar basuras en numerosas ocasiones por debajo de 850 grados centígrados. Se trata de la temperatura apta para descomponer los desperdicios y minimizar la expulsión de sustancias contaminantes a la atmósfera.

Resulta central precisar si el algoritmo que sirve de base para calcular la temperatura para abrasar los residuos estaba homologado y si se ajusta a los parámetros legales. Tersa defiende la validez del método y asegura que cuenta con aval de la Generalitat. La empresa apela a que sus estadísticas prueban que se halla muy por debajo del tope permitido de emisión de contaminantes.

Por el contrario, las acusaciones remarcan que la fórmula matemática arroja niveles disparatados de temperaturas de cremación, tanto por exceso como por defecto, y que encubren los datos reales. A tenor de los balances de la empresa, los hornos de la incineradora habrían rozado los 10.000 grados centígrados y, al mismo tiempo, se habrían hundido a 801º bajo cero, unos márgenes extremos incapaces de ser medidos con un sensor e imposibles de darse en la Tierra de acuerdo a las leyes de la Física.

“No es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes como las dioxinas y los furanos”, ambos cancerígenos, avisó un atestado de la Guardia Civil. A su vez, la Audiencia ha prevenido del “grave riesgo para la salud de las personas que se deriva de la incineración de residuos por debajo de 850 grados”.

Las explicaciones

En abril de 2023, Badia declaró ante la jueza que la planta cumplía con la normativa y la autorización medioambiental de la Generalitat. El jefe de explotación de Tersa también compareció. La declaración de Badia duró unos 10 minutos y las preguntas a las que fue sometido estaban vinculadas a cuestiones técnicas y de funcionamiento de la incineradora. No pudo responder sobre esos extremos. Alegó que él, cuado presidió la empresa pública, desconocía esas cuestiones al detalle. 

El abogado de Badia, Juan Antonio Rosell, aseguró que la Generalitat había acreditado las medidas adoptadas por la planta de residuos para evitar la contaminación atmosférica. "No hay combustión ilegal, sino una controversia en la medición de la temperatura" que, precisó, está validada por la Administración catalana. "El régimen de combustión es, precisamente, para asegurar que no se libere en la atmósfera una serie de contaminantes", recalcó el letrado. Así, sostuvo que la planta cumple con los límites establecidos por la normativa medioambiental y avaló el "correcto" funcionamiento de la planta de residuos, a su entender, "modélica a nivel europeo".

A lo largo del proceso, Tersa ha blandido que su planta "cumple con la legislación aplicable" y "no representa un riesgo ni para el medio ambiente ni para la salud del entorno". Cita como aval informes de la Universitat de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Colegio de Ingenieros de Catalunya.

A su vez, las acusaciones también se fundamentan en análisis científicos. La denuncia que originó el caso la presentó Airenet a la Fiscalía en base a unos estudios que la unidad de toxicología de la Universitat Rovira i Virgili elaboró en 2014 y 2017. Los dictámenes, liderados por el catedrático emérito José Luis Domingo, detectaron altos niveles de dioxinas y furanos en torno a Tersa, por lo que alertaron de un riesgo de contraer cáncer en Sant Adrià que triplicaba el de otras poblaciones catalanas con instalaciones similares. “Constatamos varios informes que apuntan indicios acerca de la existencia de dioxinas en la zona de Sant Adrià de Besòs, de forma peligrosa para la salud de las personas”, agrega el auto de la Audiencia de Barcelona, que menciona uno del CSIC.

Toneladas de residuos

La planta trató 342.828 toneladas de residuos en 2023, según datos de Tersa. Aquel año, expulsó 373.254,11 toneladas de dióxido de carbono (CO2), un 30,21% más que en 2022. El resultado se desvía de los compromisos de reducir los gases de efecto invernadero y que el Ayuntamiento de Barcelona, el AMB y la propia planta han suscrito.

La fábrica recibe desechos de la capital y su conurbación para reducirlos mediante combustión, con la que se genera electricidad y vapor. El AMB ha aprobado en 2024 pagar un 24,6% más a Tersa por quemar desperdicios: el canon que ingresa ha subido de 28,86 euros por tonelada a 35,90 euros. En 2023, la incineradora produjo 198.437 megavatios hora de energía generada y 125.239 toneladas de vapor que nutren una red que abastece de energía térmica a edificios del Fòrum y el distrito 22@.

Los residuos que arden provienen de las centrales de Ecoparc de Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramenet y la planta de trasvase de Gavà y Mercabarna. En síntesis, se queman residuos procedentes de hogares que se arrojan a la fracción de resto, es decir, al contenedor gris y que no tienen opción de ser reciclados.

No obstante, un dictamen pericial de la Guardia Civil advirtió que, al menos en 2017 y 2018, se fundieron residuos para los que la planta no dispone de autorización. Fueron “residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, medicamentos, residuos sanitarios, así como un pequeño porcentaje de residuos peligrosos”, enumera. Por su parte, la empresa sostiene que a sus instalaciones no llegan desechos de origen industrial ni acceden de forma indiscriminada.

El informe de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil inspeccionaron la incineradora de Tersa en mayo de 2023. Accedieron a las instalaciones después de que la Audiencia de Barcelona considerara pertinente la intervención policial y enmendara una resolución de la jueza instructora de Badalona, que denegó la petición de dictar la orden de entrada y registro que el cuerpo solicitó. La magistrada la consideró desproporcionada.

El mandato judicial facultó a los agentes para que verificaran la concordancia entre el algoritmo que calcula el calor al que arde la basura y los métodos de control de temperatura, entre otros pormenores del funcionamiento de la fábrica. Justo el día antes de acudir a la central, la Guardia Civil pidió ampliar el mandato de entrada y solicitó clonar los valores originales transmitidos a la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), dependiente de la Generalitat y que envió millones de datos sospechosos de ser erróneos al juzgado. La coma de los decimales se omitió por un descuido: según la Generalitat, se debió a un fallo porque el ordenador con el que se volcó parte de los datos estaba configurado en inglés.

La Guardia Civil se llevó los inventarios con los valores que Tersa comunicó a la Generalitat tras más de 10 horas de registro. Sin embargo, la compañía no permitió que los agentes accedieran a los registros de las temperaturas captadas directamente por sensores, como reprocha el auto de la Audiencia. Después de medio año indagando en la documentación recabada, un informe del Seprona concluyó que los balances de la empresa de 2017 a 2022 contienen datos de temperaturas "anormales" y "aberrantes" para calcinar desechos.

Se trata de niveles desorbitados, entre 4.000 y 9.900 grados. Según científicos consultados, es imposible que ningún material conocido en la Tierra pueda soportar tales temperaturas. "No se puede justificar por medios físicos", coincide el Seprona. Los abogados de la empresa admitieron que, en ocasiones, el algoritmo arroja resultados "irreales", según explican fuentes consultadas. Se trata de un dato clave para certificar que los desechos arden a un nivel de calor adecuado para prevenir que se irradien dioxinas y furanos cancerígenos.

La jueza de instructora negó todo rigor al atestado del Seprona. En cambio, la Audiencia se ampara en esa pericial y las aclaraciones de los agentes durante la instrucción para ordenar la reapertura del caso.

Riesgo para la salud

El informe de la Guardia Civil alerta de que, "no superar el umbral crítico de temperatura de destrucción de dioxinas y furanos", implica "un riesgo de emisión" de ambas partículas "a la población". La posible dispersión de ambos restos tóxicos "puede perjudicar significativamente el equilibrio de los sistemas naturales" y "un riesgo de perjuicio para la salud de las personas", apostilla.

El mismo dictamen policial afirma que las condiciones en que se queman los desperdicios hace que "las poblaciones que viven cerca de incineradoras se encuentren expuestas" a "sustancias químicas peligrosas".

Asimismo, cita estudios que, de modo genérico, alertan que el entorno de las plantas de cremación de basura "tiene impacto a nivel cromosómico, un aumento de personas con cáncer, además de un aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón, laringe e hígado". Añade que "también se han observado problemas respiratorios y enfermedades pulmonares", así como "malformaciones congénitas, como labio leporino, espina bífida y niveles bajos de hormonas tiroideas en niños".