La Audiencia de Barcelona aboca a juicio a la incineradora Tersa por contaminación

La investigación por la supuesta polución nociva en la incineradora de basura Tersa se encamina hacia el juicio. La Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por las emisiones potencialmente peligrosas de la planta de titularidad pública y situada en Sant Adrià de Besòs, que quema hasta 360.000 toneladas al año de residuos del área metropolitana. 

El juzgado de instrucción número 5 de Badalona dio carpetazo a las pesquisas en mayo pasado, al no apreciar “ninguna conducta penalmente ilícita”, según plasmó la jueza en el auto de archivo. Ahora el tribunal no solo desmonta los argumentos de la instructora, al advertir que la Guardia Civil y otros estudios apuntan a presuntas anomalías en el funcionamiento de la central, sino que considera además que el caso debe dirimirse en una vista.

“Es prematuro sobreseer el proceso y corresponde al órgano de enjuiciamiento valorar, en el juicio oral, […] la fuerza argumentativa y rigor de los distintos informes periciales”, concluye la sección octava de la Audiencia, en un auto al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso. El diputado de Sumar y exconcejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, y el jefe de explotación de la central, F. R., figuraban como investigados.

El tribunal ha estimado íntegramente el recurso de la Fiscalía y acepta de forma parcial el de la asociación vecinal Airenet -que presentó la denuncia que originó las indagaciones y el abogado Francesc Jufresa representa- y otro de una particular. Los jueces han aceptado que la causa se retome, deniegan que se practiquen más diligencias de investigación y ordenan seguir con el procedimiento judicial de cara a elevarlo a juicio. La resolución no se puede impugnar.

Temperaturas imposibles

Los magistrados de la Audiencia son meridianos al discrepar con la decisión de archivar el caso. “No compartimos la valoración indiciaria efectuada en instrucción”, señalan en el auto. Se amparan en un informe de la Guardia Civil y las observaciones de sus peritos para advertir de “las anomalías detectadas en relación con las temperaturas” a las que se queman desechos en la planta. Tersa las estima mediante un algoritmo que las acusaciones cuestionan, por arrojar niveles disparatados, tanto por exceso como por defecto. Los datos de temperatura resultan claves para dilucidar si Tersa se ciñó a la norma para minimizar la dispersión de contaminantes. 

El tribunal alude al “grave riesgo para la salud de las personas que se deriva de la incineración de residuos por debajo de 850 grados”, exigida por ley. “Por debajo de los 850 grados no puede asegurarse la destrucción de dioxinas y furanos, que son altamente cancerígenos y peligrosos para la salud de las personas”, recuerda. A todo ello, añade lo que define como “falta de coherencia del resultado de las temperaturas obtenidas a partir del algoritmo con los datos publicados por la Generalitat”.

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Indicios de dioxinas

Al cerrar la investigación, la jueza de Badalona sostuvo que no existía un solo informe que corroborase que el proceso de combustión de la central liberase dioxinas y furanos por encima de los límites legales. Obviaba que si se empezó a escrutar en Tersa fue, precisamente, por los análisis de un equipo de toxicólogos de la Universitat Rovira i Virgili. Diagnosticaron un peligro hasta tres veces mayor de contraer cáncer en Sant Adrià por la proporción de restos tóxicos identificados en el ambiente, en comparación con el entorno de otras instalaciones similares.

“Constatamos varios informes que apuntan indicios acerca de la existencia de dioxinas en la zona de Sant Adrià de Besòs, de forma peligrosa para la salud de las personas”, esgrime la Audiencia. Menciona, por ejemplo, un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También alude a las conclusiones de los peritos de la Guardia Civil, que avisaron de que “la temperatura no llegaba a los 850 grados durante varios minutos a lo largo de un día”. “Detectaron algunos meses con más de 1.000 minutos por debajo de la referida temperatura y, en los meses de marzo y junio [de 2020], superaba la quincena”, resalta. 

El tribunal subraya que los investigadores hallaron en los balances de Tersa “temperaturas máximas superiores a 2.400 grados”, que eran “imposibles de captar con un termopar”, un tipo de sensor. En ocasiones, se disparaban hasta 10.000 grados centígrados a partir de octubre de 2019. “No pueden justificarse físicamente con termopares comerciales”, destaca el auto de la Audiencia. En ese sentido, cita el atestado que la Guardia Civil aportó a la causa para alertar que no superar “el umbral crítico de temperatura que permite la destrucción de dioxinas y furanos, mantenido en el tiempo, supone un riesgo de emisión de estos a la población que, por sí mismos, pueden perjudicar significativamente el equilibrio de los sistemas naturales y, además, la salud de las personas”.

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Sin acceso a los registros

La Audiencia también disiente con que la jueza descartase de plano un presunto incumplimiento de la legislación medioambiental y que la fórmula con que Tersa mide la temperatura contravenga la normativa. Los jueces recalcan que la empresa no dejó a los peritos de la Guardia Civil acceder a los inventarios de temperaturas captadas por los sensores cuando la incineradora se registró en mayo de 2023. 

“No figuraban los datos de contaminantes de dioxinas y furanos en la información que facilitó la empresa y no pudieron verificar si la fórmula del algoritmo funcionaba adecuadamente, porque no tuvieron acceso a las medidas de los termopares”, resuelve el tribunal. En la misma resolución, cita que uno de los peritos policiales declaró “expresivamente” que Tersa está “quemando a temperaturas físicamente imposibles”. “Si estuvieran quemando bien, las emisiones saldrían bien y las temperaturas también saldrían bien, pero las temperaturas no están saliendo bien”, previno.

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