Cinco meses después de archivarse
La Audiencia de Barcelona reabre la causa contra la incineradora Tersa por presunta contaminación
El tribunal ordena que se retomen las pesquisas sobre un supuesto delito en las emisiones de la planta que quema la basura del área metropolitana, como reclamaban la Fiscalía y la acusación
DOCUMENTAL | Historia de una contaminación. La incineradora del Besòs

La incineradora Tersa, en Sant Adrià de Besòs. / ZOWY VOETEN


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.


Jordi Ribalaygue
Jordi RibalayguePeriodista
Periodista especializado en información local de Barcelona y el área metropolitana. Ha trabajado en El Mundo, EFE, Público, Ara, Tot Barcelona y medios locales de Sant Adrià de Besòs y Badalona. Ha colaborado en la redacción del libro 'Objectiu Venus', sobre el barrio de La Mina.
La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la causa por supuesta contaminación nociva para la salud dispersada por la incineradora de titularidad pública Tersa, situada en Sant Adrià de Besòs y que tiene permiso para quemar hasta 360.000 toneladas anuales de basura que la capital catalana y su entorno no reciclan. El tribunal ha admitido la petición para retomar la instrucción por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, informan fuentes judiciales a EL PERIÓDICO. La Fiscalía de Barcelona y la acusación ejercida por la asociación Airenet presentaron sendos recursos para que las indagaciones se reanuden.
El juzgado de instrucción número 5 de Badalona archivó la investigación el pasado mayo. La magistrada resolvió entonces que no se apreciaba que Tersa hubiera incurrido “en ninguna conducta penalmente ilícita” y no se había acreditado que hubiera superado los límites legales de polución. A todo ello, añadió que resultaba “obvio” que no se había producido “ningún riesgo grave para el medio ambiente o la salud de las personas”.
El diputado de Sumar y exconcejal de Emergencia Climática en Barcelona, Eloi Badia, y el jefe de explotación de la planta, F. R., figuraban como investigados en la causa que explora en el funcionamiento de la central. La empresa pertenece en un 58% al Ayuntamiento de Barcelona y un 41% al Área Metropolitana.
La clave de la temperatura
El recurso de la Fiscalía subrayó que la incineradora incumplió presuntamente la normativa medioambiental. Alegó que no operó supuestamente en todo momento con una temperatura mínima de 850 grados centígrados durante al menos dos segundos para calcinar desechos. La ley lo exige para minimizar la propagación de dioxinas y otras partículas contaminantes. El Ministerio Público advirtió que no alcanzar la temperatura requerida por la normativa supone una “actividad potencialmente peligrosa”, que “puede causar un riesgo para la calidad del aire y la salud de las personas”.
La Fiscalía también señaló que Tersa efectúa las mediciones de temperaturas mediante un algoritmo que cuestiona. Entre otros motivos, alertó que la fórmula matemática estimó temperaturas disparatadas. Los balances de la empresa anotaron que, en ocasiones, se abrasaron residuos supuestamente a casi 10.000 grados o, en otras, a 801 grados bajo cero. Son niveles imposibles según la Física.
En base a esos registros, el fiscal Víctor Castells sostuvo que “no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes”, como las dioxinas y los furanos, ambos cancerígenos. Un informe de la Guardia Civil llegó a la misma conclusión.
Los abogados de Airenet, Francesc Jufresa y Ferran Grasas, también advirtieron en su recurso de la presunta existencia de un peligro para el ecosistema y un riesgo para la salud. Además, la acusación reclamó imputar a Tersa y que la investigación se amplíe a la Generalitat, por una supuesta falta de control de los datos de emisiones que la compañía remite minuto a minuto.
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