Propuestas
El Síndic de Barcelona pide que la nueva ordenanza de civismo sea pedagógica e incida en el turismo incívico
David Bondia reclama que la norma sea “menos punitiva” y no aplicar sanciones a colectivos vulnerables
LGTBIfobia, patinetes o mascotas: temas emergentes amplían el debate sobre la nueva ordenanza de civismo de Barcelona

Turistas incivicos no quieren pagar las multas. Barceloneta. / Manu Mitru

A las puertas de modificar la ordenanza de civismo de Barcelona y en pleno proceso participativo para establecer la nueva norma que debe aprobarse en 2025, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha trasladado sus propuestas al ayuntamiento con tal de incidir en su elaboración. Su principal reclamo es que sea “menos punitiva”, se afronte desde la pedagogía e incida en el turismo incívico, puesto que les consta el impago de multas por parte de turistas.
El síndico, David Bondia, ha presentado este jueves en rueda de prensa el informe que han realizado desde la Sindicatura, llamado el ‘Espacio público y derecho a la ciudad: análisis de la ordenanza de convivencia de Barcelona’, junto a la directora adjunta de la Sindicatura, Eva García. En este estudio examinan la ordenanza vigente y su aplicación, y trasladan sus propuestas, que Bondia afirma que son constructivas y hechas "desde la prudencia".
El punto de partida del defensor de la ciudad es "no plantearlo todo desde el conflicto". Subraya que la necesidad de adaptar la ordenanza de civismo tiene "un gran consenso" en los grupos políticos del consistorio, y por eso les reclama buscar soluciones y basarse en los puntos en común.
El posicionamiento del síndico respecto a esta ordenanza parte de que “no se puede regular todo”. Sí cree que debe haber una regulación para afrontar el incivismo, pero no con todo lo que gire alrededor de la convivencia, puesto que en el espacio público conviven muchas personas y muy distintas. En ese sentido, pide no estigmatizar a determinados colectivos, especialmente los vulnerables. En esos casos, propone que se establezcan medidas de carácter institucional y social teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la persona.
Limitar las sanciones
El informe es especialmente contundente contra las sanciones. La opinión del síndico sobre ella es más que conocida: no es necesario implementar tantas sanciones y menos a los colectivos más vulnerables, como es el caso de las personas sinhogar y los manteros. “No tiene sentido. No lo conseguiremos todo con sanciones y con la vía punitiva, sino desde la pedagogía”, afirma. Por eso quiere que se ofrezcan medidas alternativas a las multas, como acompañamiento social y ese mismo carácter pedagógico.
Bondia ha constatado que, excepto Vila Olímpica, todos los barrios donde se han aplicado más sanciones mediante esta ordenanza son en zonas donde hay ocio nocturno y la renta por cápita más baja. También donde hay más turismo. Por eso apuesta por buscar la manera de cómo cobrar las sanciones a los turistas que se escaquean de hacerlo. Aunque no le compete a él, pone el ejemplo de que los turistas deban pagar al momento la multa. Insiste aquí también en la pedagogía para establecer “qué se debe hacer o qué no se puede hacer”.
La directora adjunta de la Sindicatura, Eva García Chueca, afirma que el ayuntamiento es consciente de esta problemática y que busca la fórmula para hacer el cobro efectivo a los turistas. Para ella, el Pla Endreça “podría ser una oportunidad para intentar profundizar en esta cuestión”.
Para Bondia, el uso de las calles y las plazas de la ciudad “difícilmente pueden quedar encorsetadas en regulaciones porque las dinámicas que se dan son muy espontáneas”. En ese sentido, pide que se valore la posibilidad de fusionar dos ordenanzas “que se solapan”: la de la convivencia y la del uso del espacio público para contribuir a dar una “mayor claridad”.
Cuestiona la participación
Por otro lado, cuestiona la participación ciudadana que está habiendo en el proceso de elaboración de la nueva normativa. “Quizás no es la que se merece una ordenanza de civismo”, dice Bondia. En su opinión, debería haber mayor participación y abrir el debate al Consell de Ciutat y a otros actores que puedan emitir sus opiniones.
“Hemos acompañado el proceso participativo y consideramos que el punto de partida ha sido parcial”, dice García, que insiste en que no se ha garantizado un debate suficientemente amplio que diera voz a diferentes colectivos con diferentes perspectivas.
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