La reserva del 30% de vivienda social privada en Barcelona ha culminado 22 pisos en 5 años

Los datos constatan la evidencia: la norma que obliga a los promotores de Barcelona a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social no ha dado el resultado esperado. Desde que se aprobó la medida en diciembre de 2018 hasta este agosto, sólo ha cosechado 144 pisos, de los cuales se han ejecutado únicamente 22. Los 122 restantes se dividen en 84 concedidos y 38 en trámite, según han detallado fuentes municipales a EL PERIÓDICO.

Son cifras que quedan muy lejos del propósito que se marcó el ayuntamiento hace cinco años. Entonces calculó que, por esta vía, conseguiría ampliar el parque de vivienda asequible en unas 334 viviendas nuevas cada año, el 30% de los 1.114 pisos que se construyeron anualmente entre 2008 y 2016 en suelo urbano consolidado. De haberse cumplido, en un lustro se habrían conseguido 1.670 pisos en vez de 144.

A estos hogares asequibles puede acceder cualquier persona que esté inscrita en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, que regula la Generalitat a través de un decreto. Los interesados deben tener unos ingresos mínimos inferiores a 53.118 euros anuales si son unidades familiares de un miembro, 54.761 euros si son dos miembros, 57.116 si son tres y 59.020 si son cuatro o más.

En base a estas condiciones, cuando la norma entró en vigor, el consistorio subrayó que el 75% de la población podría acceder a viviendas protegidas construidas a raíz de la medida. Los precios de los pisos los fija la Generalitat: por un piso de 80 metros cuadrados, el precio del alquiler de hace cinco años era de aproximadamente 510 euros al mes. El de venta, 136.000 euros.

La norma afecta tanto a las promociones de nueva construcción como a las reformas integrales. Las viviendas deben ser de régimen general y estar sometidas al derecho de tanteo y retracto por parte del ayuntamiento. Además, es imprescindible que la medida se aplique en suelo urbano consolidado. Es decir, si ese mismo suelo ya está marcado como protección oficial, no se le puede aplicar de nuevo una protección que, en este caso, sería la reserva del 30%.

El objetivo de la norma era propiciar una mejor distribución territorial del parque de vivienda protegida para evitar que se concentre en determinados barrios periféricos donde ya hay estos pisos. De hecho, el ayuntamiento incluso contempló que más del 50% de las nuevas viviendas se ubicaran en barrios céntricos.