El gobierno de Collboni sitúa en 2025 la modificación de la reserva del 30% de vivienda social

El gobierno de Jaume Collboni sitúa en 2025 la modificación de la norma urbanística que obliga a los promotores privados a destinar un 30% de los nuevos pisos a vivienda social. El ejecutivo, que prepara la reforma de la medida para flexibilizarla con tal de hacerla más efectiva, ha tomado esta decisión tras constatar que no cuenta a día de hoy con "los apoyos necesarios".

En declaraciones a este diario, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha reafirmado el compromiso del gobierno con la modificación de la ordenanza, pero ha apuntado que "la proximidad de los congresos de los diferentes partidos dificulta la construcción de acuerdos y aplaza la tramitación al año que viene". Así, el gobierno lo llevará a aprobación "cuando haya consenso político con los grupos y con el sector", que de momento espera conocer la letra pequeña de la nueva propuesta.

La propuesta con la que trabaja el ejecutivo exime las rehabilitaciones y ofrece tres vías alternativas a la cesión obligatoria de estos pisos a nuevas promociones, tal como ha avanzado este diario. Las opciones son que se abone el valor de los pisos en dinero al ayuntamiento, que el promotor ofrezca los pisos en otros edificios del mismo barrio o de barrios cercanos, y juntar la cuota de vivienda social de varios promotores en un mismo espacio.

Desde su aprobación en diciembre de 2018, la norma urbanística ya nació dando que hablar. Y ahora que encara su reforma no está siendo menos. Algunos de los grupos municipales ya conocen detalles de la futura modificación, puesto que el gobierno ha trasladado la propuesta concreta.

A nivel político, el primero y de momento el único partido que se ha pronunciado respecto al anuncio de tramitar la reforma en 2025 es Junts, que ha lamentado de nuevo "la debilidad" del ejecutivo. Ve en él "una continua especulación sobre posibles acuerdos" y le reprocha que “no han pactado con nadie” los contenidos de la futura modificación. Junts llevaba en su programa electoral la reforma, como los socialistas, y ahora insiste una vez más en llevarla a cabo.

Propietarios y promotores, a la espera del detalle

Mientras, propietarios y promotores esperan conocer con más detalle la nueva medida. Según han explicado a EL PERIÓDICO, ven con buenos ojos la modificación y confían en que sea una realidad, pero recelan de algunos de sus aspectos.

Òscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona es especialmente crítico con el hecho de monetizar la reserva “como si fuera un impuesto”. Lamenta que los propietarios serían los principales afectados. Cree que quien debería asumir el coste es la administración y “no que sea el propietario quien tenga que subvencionar de forma directa las políticas de vivienda del consistorio". A la vez, avisa de la probabilidad de que los propietarios no quieran vender el suelo y de que pueda ser una medida “discrecional y expropiatoria”. Si se mantiene con estas condiciones, no descarta estudiar presentar un recurso cuando se concrete la normativa definitiva. "Aunque aporte soluciones, la medida todavía tiene recorrido desde el punto de vista de su posible impugnación", sostiene Gorgues.

Desde la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), el presidente, Xavier Vilajoana, considera que la modificación podría mejorar la situación actual y ve en ella un abanico de posibilidades a las que el promotor podría acogerse. “Sería mejor que lo que tenemos ahora, por descontado, porque partimos de muy abajo”, declara a este diario. En efecto, en su día los promotores ya pidieron la monetización. Por el contrario, ve difícil aprovechar la opción de juntar la cuota de pisos sociales de varios promotores en un mismo espacio: “Esto pasará una de cada mil veces”. Gorgues comparte esta advertencia. Ambos celebran que se eximan las rehabilitaciones y coinciden en que, haya la norma que haya, “la realidad siempre es mucho más compleja”.