Barcelona y su área metropolitana pagarán casi un 25% más por quemar la basura que no reciclan

Barcelona y los municipios de su entorno siguen lejos de alcanzar los niveles de reciclaje que la Unión Europea exige. Bruselas ordena que el 55% de los desechos se reutilicen a partir del año que viene, pero la capital catalana y las localidades de su corona acreditaron solo un 39,11% de recogida selectiva en 2023. No solo queda lejos cumplir la directriz comunitaria, sino que el año pasado aumentaron los desperdicios que Barcelona y su conurbación no lograron recuperar y eliminaron mediante la incineración: fueron 342.828 toneladas, la cifra más alta desde 2019. Además, quemar basura resultará más caro a partir de ahora.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó a finales de septiembre pagar un 24,6% más por cada tonelada de residuos que envíe a la incineradora de Tersa, en el límite de Sant Adrià de Besòs con la urbe. El organismo --compuesto por 36 municipios-- abonaba hasta ahora 28,86 euros por cada tonelada que ingresaba en la planta, a la que se autoriza tratar hasta 360.000 toneladas como máximo por año. La aportación para financiar el funcionamiento de la central se ha mantenido congelado durante 18 años. 

Con el acuerdo tomado en el último consejo metropolitano, el AMB eleva la tarifa a 35,90 euros, lo que supone que cada tonelada que arda en Tersa valdrá 7,04 euros más. El encarecimiento se aprecia mejor si se pondera computando todos los desechos que se transportan a la fábrica: con el precio vigente hasta ahora, Barcelona y sus inmediaciones pagaron 9,89 millones de euros en 2023 por el canon de explotación de la incineradora, en que se aprovecha la quema de basura para producir energía; con la cuantía ahora establecida, el ente metropolitano habría pagado 12,3 millones de euros, unos 2,41 millones más.  

Transferencias

El nuevo importe se aplica con efectos desde el pasado 1 de enero. Dado que Tersa estima que ha recibido 250.007 toneladas de descompuestos entre principios de año y el 30 de septiembre, el AMB ha comprometido el pago de 8,97 millones de euros en concepto de canon de explotación por los primeros nueve meses de 2024. Con la tarifa anterior, se habrían sufragado 7,21 millones por el mismo número de toneladas; es decir, 1,76 millones de euros menos de los que se desembolsarán. 

Cabe tener en cuenta que el AMB efectúa otras transferencias a Tersa, una sociedad pública de la que ostenta el 41,16% de la propiedad y de la que el Ayuntamiento de Barcelona controla el 58,35% a través de la empresa municipal B:SM. El consejo metropolitano ha ratificado un gasto total a favor de la compañía de 19,07 millones de euros por el período que va del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Además de la cuantía por la prestación del servicio, el montante contabiliza 8,17 millones de euros por el canon de incineración por nueve meses (se liquidan 32,70 euros por cada tonelada trasladada a la planta) y 1,92 millones por unas obras del plan de adecuación de la central, que prevé una inversión de 2,56 millones hasta que acabe 2024. “A finales de año, será necesario aprobar una cantidad adicional correspondiente al período de octubre a diciembre”, puntualiza el AMB. La institución reconoció obligaciones con Tersa por valor de 33,27 millones de euros en 2023. 

Fin de la contención

El Área Metropolitana de Barcelona justifica que la subida del coste para deshacerse de desperdicios a través de la combustión “es una actualización de precios, como la que se puede dar periódicamente en cualquier concesión de servicios”. Explica que, desde la última revisión de importes hace casi dos décadas, el órgano se ha ceñido a “una política de contención, pero las circunstancias actuales obligan a esta actualización de precios”. 

Una de las justificaciones que el AMB detalla en su informe de aprobación del gasto es que se han desinflado los precios de la energía, una fuente de ingresos para Tersa, que vende la que genera con la cremación. Entre la documentación que EL PERIÓDICO ha consultado, consta en un dictamen de la Dirección de servicios de prevención y gestión de residuos del AMB que “el precio de la energía para 2024 se preveía en 92 euros por megavatio hora”, pero el importe real se ha situado “muy por debajo de la previsión”.

El mismo dictamen calcula que, “teniendo en cuenta que la evolución del precio de mercado diario ha seguido una tendencia bajista”, el importe medio fluctúe en 52,61 euros por megavatio hora. “Supone una decaída del 42,82% respecto de lo inicialmente previsto” por Tersa.

Ese descenso se traduce en una merma de 6,18 millones de euros en los ingresos que la compañía presupuestó a principios de año. Tersa lo incluye entre los motivos por los que propone aumentar la tarifa de tratamiento de residuos. Figura en un informe en que pide reajustarla al alza “para equilibrar la cuenta de explotación” de la planta.

Más gastos

La empresa recalca que la aportación que cobra “no se ha modificado desde 2006”. Opone que, por el contrario, los gastos de explotación de la incineradora “sí se han incrementado significativamente”. Apunta que el IPC ha ascendido un 43% en 18 años sin que se haya compensado a Tersa.

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También aduce que se ha constatado un “incremento de los costes de las materias primas y los servicios exteriores por actualizaciones de precios del mercado”, que tasa en una escalada del 24,9% entre 2018 y 2023. Añade que la partida de amortizaciones de las instalaciones ha crecido desde que se dotó de un sistema catalítico en 2021, para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Conlleva un desembolso de 1,83 millones de euros anuales.

A su vez, Tersa alegó que el AMB requirió un cambio en la planificación, por el que los desechos que se procesarán han bajado de 346.000 a 334.000 toneladas este 2024. La incineradora sostiene que así dejará de recaudar 346.320 euros. En un apartado más técnico, advierte que el poder calorífico de la composición de los residuos se ha ampliado y obliga a “una disminución de la cantidad que puede tratar”. También alude a que la pérdida de humedad de los desperdicios procedentes de la planta Ecoparc-3 impone un “ajuste de las toneladas” a gestionar.

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