Batlle admite un “auténtico infierno” en una ocupación encallada por una “herencia envenenada” en Barcelona

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha reconocido este viernes que los vecinos del pasaje Alió están viviendo “un auténtico infierno” por un edificio ocupado ilegalmente en la vía, situada en el barrio del Camp d’en Grassot y al que se apunta como origen de robos, agresiones y amenazas a habitantes y comercios del entorno. A raíz de un ruego del PP en el pleno del Ayuntamiento para intensificar la vigilancia en la zona, Batlle ha atribuido las trabas para vaciar el inmueble a las dificultades para hallar un propietario al que instar a que intervenga. Se añade que un juez desestimó autorizar el desalojo el mes pasado, como EL PERIÓDICO informó la semana pasada. 

“La situación se aborda desde diferentes líneas, con un dispositivo coordinado de Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra y, a nivel jurídico, se intenta contribuir a desenredar la complejidad de la propiedad derivada de una herencia envenenada”, ha explicado el concejal de Seguridad. Batlle ha añadido que el caso se enmaraña aún más si cabe porque hay una ejecución hipotecaria en marcha sobre el edificio deteriorado. “Es un tema complicado y muy frustrante”, ha definido el edil.

Batlle ha reseñado que, “desgraciadamente”, el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona denegó a principios de agosto el desahucio inmediato que los Mossos d’Esquadra solicitaron como medida cautelar, respaldada con informes favorables de la Guardia Urbana y el distrito de Gràcia. El teniente ha añadido que inspectores municipales estudian la “posible declaración de infravivienda” de la finca, lo que “podría derivar en un desalojo del edificio”, ha apuntado. 

El popular Juan Milián ha advertido que “los vecinos ya no pueden más”. “Tienen miedo y ven que la administración no hace nada”, ha criticado el concejal, que ha alertado que la insalubridad de la finca afecta a pisos colindantes. El PP ha reclamado una acción “urgente”, que incluya un refuerzo inmediato del patrullaje en la zona y la instalación de videovigilancia. El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha aceptado el ruego de los populares.

Roce por Venezuela

Por otro lado, el PSC, Barcelona en Comú y ERC han desechado una proposición del PP para que el Ayuntamiento inste al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como “presidente electo y legítimo” de Venezuela. Los populares sí han obtenido el sostén de Junts y Vox.

El PP ha modificado su propuesta tras aceptar una transacción de los neoconvergentes, para retirar la petición de dimisión del ministro de Exterior, José Manuel Albares, que incluía el redactado original. Aun así, la teniente de alcalde socialista Maria Eugènia Gay ha acusado a los populares de aprovechar la “crisis que sufre Venezuela” para “cargar contra el gobierno de Sánchez”. Gay ha abogado por "soluciones diplomáticas" para resolver el litigio abierto por las denuncias de fraude electoral en el país sudamericano.

Por su parte, el líder popular Daniel Sirera ha acusado a PSC, ERC y los comunes de apoyar a la “dictadura de Maduro” en vez de respaldar a la democracia representada por González, asilado en España. “Alcalde, estar callados no es una opción, significa estar con el régimen criminal de Maduro”, ha avisado a Collboni. 

Aun alineándose con los conservadores, Junts ha recriminado una “doble vara de medir” al PP por no denunciar lo que ha juzgado como atropellos contra el independentismo, como los casos de espionaje con el programa Pegasus. Por su parte, los comunes y ERC han expresado su apoyo al pueblo venezolano y han criticado la represión desatada, al mismo tiempo que han recriminado a los populares por no haber apoyado las peticiones contra la invasión israelí de Gaza.