Una herencia sin resolver encalla una ocupación delictiva en Barcelona: "Vivir aquí es salvaje"

Un par de hombres baja corriendo por el pasaje Alió, a escasos metros de la parte alta del paseo Sant Joan, donde los distritos del Eixample y Gràcia confluyen en Barcelona. Tratan de atrapar a un ladrón que huye tras atracar a una señora que, en medio del forcejeo, ha acabado en el suelo. Los perseguidores son empleados de un negocio del Camp d'en Grassot. Cuentan que no es la primera vez que son testigos de asaltos y agresiones en los últimos meses. Los atribuyen a unos jóvenes que comparten un bajo de un bloque del pasaje, en que la mayoría de la decena de viviendas están ocupadas ilegalmente. 

Vecinos y comerciantes consultados señalan a la finca como el origen de los desvelos en el barrio por robos frecuentes, altercados con palos y armas blancas, consumo de droga, suciedad y posible riesgo por presuntos enganches a los suministros. El Ayuntamiento habla de “ocupación delincuencial” y advierte de las dificultades con que topa para ponerle fin: subraya que no existe un propietario claro al que exigir que intervenga por culpa de una herencia sin resolver, a lo que suma que un juzgado rehusó este verano ordenar el desalojo del inmueble. 

“Nos da miedo. Sentimos impotencia”, confiesa una mujer que acudió a la reunión en que la Asociación de Vecinos y Amigos del Paseo Sant Joan congregó el martes a casi 70 residentes, cargos del distrito de Gràcia, mandos de los Mossos d’Esquadra y también de la Guardia Urbana. Una quincena de afectados se desahogó narrando los alborotos que tachan de frecuentes. Quienes han hablado con EL PERIÓDICO preservan el anonimato. 

“Nos despiertan a gritos”

“Vivimos una situación de mucha inseguridad y violencia día a día”, sostiene una habitante del pasaje Alió. “Si no es a diario, llamamos a la policía un día sí y otro no. Puede ser que sean las cinco o las seis de la mañana y nos despiertan a gritos o porque se pelean”, relata la misma mujer. Muestra un vídeo de los últimos días en que dos muchachos aparecen enfrentándose en mitad de la calzada, por la noche. Uno levanta una vara y el otro blande un cuchillo. Da fe de que también ha alertado de un aparente caso de violencia de género en el inmueble.

“Ha habido agresiones incluso a vecinos”, apunta otra mujer afincada en la calle. Atestigua que ha visto a ocupantes del bajo saltar de terraza en terraza, también por los patios interiores, con la supuesta intención de robar. “A un vecino lo dejaron vacío. Han tirado carros y maletas llenas por la fachada, se orinan desde los balcones, se duchan y lavan la ropa en el portal… Hemos visto gente drogándose delante de nuestra puerta. No podemos continuar de esta manera, no podemos vivir así”, zanja.

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Un inquilino dice que el zumbido de la sirena de los vehículos policiales es continuo en el pasaje. “Somos un edificio en el que nunca se duerme. Con tantas peleas, cuesta pegar ojo”, ilustra. A su vez, vendedores de tiendas de alimentación del entorno afirman ser objeto habitual del pillaje que achacan a los muchachos del bajo. “Pasan y agarran lo que sea para comer”, comenta una dependienta. 

El Ayuntamiento explica que los Mossos y la Guardia Urbana han montado un dispositivo para vigilar quién accede al inmueble que acapara denuncias. Puntualiza que no se han detectado a menores pernoctando en él. “Los Mossos y la Guardia Urbana nos aseguran que no dejarán de estar presentes hasta que el problema se solucione”, expone la asociación vecinal de Sant Joan. 

“Hay más presencia policial, pero el problema no se soluciona”, evalúa una vecina. “Estamos muy desesperados y topamos con la burocracia. Parece que deba pasar algo gordo, como un incendio o una muerte, para actuar”, lamenta.

Búsqueda de herederos

El Ayuntamiento indica que el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona ha denegado el desalojo del edificio, instado por los Mossos y sostenido en informes del distrito de Gràcia y la Guardia Urbana por inseguridad y la presunta comisión de delitos. El consistorio añade que trata de hallar un remedio con posibles herederos de la finca y con un banco que concedió un crédito hipotecario que se adeuda en el inmueble.

Por su parte, el Partido Popular pedirá en el próximo pleno municipal un refuerzo del patrullaje en torno al domicilio, la instalación de videovigilancia, la contratación de agentes de seguridad privada y protección para la carpa del mercado de la Abaceria, donde los comerciantes también dan fe de haber sufrido hurtos. La formación sugiere que, de seguir sin aclararse la titularidad, la Generalitat sea designada heredera de la propiedad. Por su parte, Junts ha rogado que se convoque una comisión de seguridad para reconducir la situación y ha registrado una batería de preguntas en que interroga al Ayuntamiento si piensa proceder de oficio en el caso, consulta cuántas identificaciones se han practicado y requiere qué han hecho los servicios sociales por ahora, entre otras cuestiones.

“Las administraciones no están haciendo su trabajo”, critica el líder municipal del PP, Daniel Sirera. “El Ayuntamiento no puede mirar a otro lado. No puedo entender que el gobierno municipal, que actúa con contundencia cuando una persona no tiene una cédula de habitabilidad o una terraza tiene una silla de más, no pueda hacer algo en este edificio, que no reúne ninguna condición y donde se producen hechos violentos”, cuestiona el popular, que visitó el inmueble esta semana.

Una incursión por la finca desvela que la sordidez impera en la escalera. Hay maletas, latas y trastos desperdigados desde los patios y los balcones hasta el terrado. El hedor impregna el patio de luces y las heces jalonan los rellanos. La asociación de vecinos manifiesta que, hasta ahora, quedan dos inquilinas con contrato, a las que los servicios sociales han ofrecido realojarlas fuera del bloque. “En este piso vive gente. No volver a tocar la cerradura”, exige un cartel colgado ante un piso. 

Varias puertas están medio rotas, parcheadas con maderos que apenas cubren las hendiduras que dejan entrever el interior. Tras una entrada repleta de rajaduras, responde una pareja que reconoce que ocupó el domicilio. Él explica que no tiene papeles y se gana la vida con algún trabajo ocasional; ella está a la espera de que prospere una entrevista de trabajo. Tienen un hijo que está bajo tutela de la administración. El chico declara que le han amenazado con un machete en la escalera. Dicen que quieren marcharse. “No vivimos como en un piso normal, donde pones el cartelito en la puerta y cada vecino limpia su trozo cuando toca... Vivir aquí es salvaje”, define ella.