"Silencio administrativo"
Vecinos de Vallvidrera reocuparán la Casa Buenos Aires de Barcelona para evitar su demolición
Barcelona recurrirá la anulación judicial de la protección de la Casa Buenos Aires
Casa Buenos Aires: la historia de la mansión okupada en Vallvidrera
Fachada de la majestuosa Casa Buenos Aires. / MAITE CRUZ
Por qué confiar en El Periódico Vecinos del barrio de Vallvidrera de Barcelona tienen previsto volver a ocupar la Casa Buenos Aires, edificio modernista que está en riesgo de demolición para construir un hotel de lujo. Lo ha anunciado la Plataforma veïnal en defensa de la Casa Buenos Aires i Associacions de Veïns dels Barris de Muntanya. La ocupación, según han informado, tendrá lugar el día 18 de julio a las 19:00 horas.
La Casa Buenos Aires ya había sido ocupada previamente en el año 2019 para evitar, precisamente, su demolición, después de que la propiedad, una congregación religiosa, firmara un contrato de preventa a unos inversores. En 2020 se llevó a cabo su desahucio, con un gran despliegue policial, una actuación que la entonces alcaldesa Ada Colau criticó, ya que su Ayuntamiento estaba en ese momento tratando de expropiar la finca para convertirla en un equipamiento público.
En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la Modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que calificaba como equipamiento público el edificio, y lo protegía como Bien de Interés General, lo que podía impedir su derribo. Esta sentencia se debe a un "defecto de forma", y el Ayuntamiento de Barcelona la recurrió ante el Tribunal Supremo.
Ahora, ante el peligro de que el TS no acepte el recurso, los vecinos de Vallvidrera han decidido movilizarse de nuevo y proceder a la reocupación del inmueble. Además, quienes ocuparon la Casa Buenos Aires se enfrentan a tener que pagar una multa de 65.000 € en concepto de "daños en el edificio".
En un manifiesto, la Plataforma veïnal en defensa de la Casa Buenos Aires pide al gobierno de Jaume Collboni que garantice la expropiación del edificio, asegurando vivienda social y espacios comunitarios para jóvenes y mayores, tal como se aprobó en el pleno municipal en 2020. Además, solicitan que los servicios jurídicos presenten un recurso de casación antes del 10 de octubre y suspendan las licencias de demolición mientras duren los procedimientos judiciales.
El mismo colectivo asegura que toma esta decisión debido al "silencio administrativo" del actual gobierno municipal. "Si el Ayuntamiento no responde, los vecinos nos levantamos", aseveran en sus pancartas.
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