La oferta de pisos en alquiler en Barcelona cae a la mitad en seis meses

Alberto L., de 42 años, recién separado y con un salario mensual de 2.700 euros, está a punto de volver a casa de sus padres tras dos meses de búsqueda "desesperada" para encontrar un piso de alquiler en Barcelona. Para vivir solo y encajar en los requisitos de idoneidad económica que le solicitan debería dar con una vivienda por un tercio de sus ingresos. Y las pocas veces que aparece alguna en un barrio no muy periférico debe competir con decenas --o cientos-- de candidatos, relata.

La dificultad para acceder a un arrendamiento en la capital se ha agudizado por el descenso de la oferta disponible, acelerado desde que se aplica el sistema de limitación de precios en zonas tensionadas (marzo), y más recientemente el control a la oferta de temporada (abril). La amplia regulación del Govern persigue rebajar los precios, pero sus efectos colaterales han sido sacar miles de inmuebles del mercado. Un ejemplo: Idealista sumaba más de 5.000 pisos de alquiler disponibles a finales de 2023, mientras que este martes solo se ofertaban 2.710 y a precios sin freno. De estos, el 67% (dos de cada tres) están a más de 2.000 euros mensuales.

El mercado se asfixia porque el escaso producto en muchos casos ni se llega a poder anunciar: "Hay tanta lista de espera en las inmobiliarias que cuando sale un piso se alquila inmediatamente sin tener que anunciarlo", señala Carles Sala, portavoz del colegio y asociación de API de Catalunya, y también responsable jurídico del colectivo. "Sin contactos o sin solvencia demostrada, el acceso a la vivienda en estos momentos es casi imposible en Barcelona y municipios de gran demanda", agrega.

Reducción acelerada

El ínfimo volumen de anuncios para una ciudad como Barcelona supone no solo que hay una menor entrada de nuevos pisos en el mercado, sino que se está dando una evidente retirada de muchos que hasta hace pocos días estaban disponibles. El mismo macroportal inmobiliario contaba con 4.620 anuncios a mitad de abril, cuando este diario lo constató en un artículo. El 30 de abril, tras el decreto sobre pisos de alquiler de temporada, habían pasado a ser solo 3.185, para llegar a los 2.710 actuales. Es decir que en apenas dos semanas se han volatilizado otros 500 pisos. No se trata de nuevos contratos porque desaparecen en bloque, cuando las empresas gestoras los retiran.

"Muchos propietarios están esperando a ver cómo evoluciona la regulación para no firmar contratos largos hasta tener más seguridad", añade Óscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat. Otros expertos también opinan que los pisos se han congelado, sin uso, hasta ver si un cambio de timón político afecta al guion inmobiliario.

Otros grandes portales como Habitaclia y Fotocasa reflejan la misma dinámica. Ambos muestran una fuerte reducción: apenas 1.900 anuncios de alquiler, frente a casi 14.000 de venta. Esta última cifra puede crecer porque si la situación reguladora se mantiene se prevé que muchos grandes tenedores que se habían pasado al mercado de temporada opten por vender, señalan algunos gestores de patrimonio y API consultados.

Escalada de precios en los portales

Paradójicamente y pese al sistema de límite de precios que aplica en solitario Catalunya en base a la ley de vivienda, los precios parecen más altos que nunca en las webs inmobiliarias. La razón es que la oferta más asequible y ajustada al índice es la que se coloca sin llegar a promocionarse. Se mueve entre conocidos o clientes "de confianza". Y es aquí donde agentes inmobiliarios colegiados, administradores de fincas y la Cambra se ciñen a la normativa. Estos constatan un gran número de prórrogas o renovaciones para evitar gastos o cambios de precio, lo que favorece a los inquilinos que ya tenían un contrato, pero perjudica a quienes buscan.

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Por contra, el gran escaparate inmobiliario online sigue plagado de precios de arrendamiento fuera de control y que no quedan justificados, al no incluir información sobre el límite aplicable. Así, el 85% de los anuncios están por encima de 1.500 euros, cinco puntos porcentuales más que en abril. Y un 67% superan los 2.000 euros. En muchos casos sin que se especifique claramente la duración del contrato.

Y es que la contracción del mercado es patente entre los de temporada, un uso que según el decreto del Govern debe limitarse a finalidades vacacionales o de ocio. Por ello, en algunos casos las empresas gestoras han cambiado los anuncios exigiendo ese requisito. Pero el nuevo requisito ha complicado también la lógica de los contratos. Así, trabajadores de paso o estudiantes de máster pueden optar ahora a un alquiler tradicional aunque limiten su estancia a unos meses, como están haciendo algunos tras empadronarse.

Pasan a aumentar así la demanda de la larga estancia a precio regulado. En desventaja frente a otros candidatos, porque cada cambio de morador supone al propietario abonar nuevos gastos de contrato. En este sentido Gorgues apunta a la extinción de las típicas obras de remozo entre inquilino e inquilino: si el propietario es gran tenedor y deber reajustar la nueva renta no ve incentivo alguno en realizar mantenimiento porque no se rentabilizará la inversión. Es más, muchos aprovechan para plantearse entonces qué hacer con la vivienda.

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