Competència impone una sanción de 123.000 euros a Élite Taxi por boicotear a Uber en Barcelona

La Autoritat Catalana de la Competència (Acco) se dio 18 meses para deliberar en enero de 2022. Un año y medio después llega la resolución del expediente: sanción de 122.910 euros a Élite Taxi por boicotear el intento de Uber de desembarcar una vez más en Barcelona. La noticia se conoce un 1 de agosto, a las puertas del mes de agosto, inhábil para muchas cosas; también suele serlo para las movilizaciones. Pero con el taxi, y con el portavoz y líder de la asociación multada, Tito Álvarez, nunca se sabe. "Lo de los fascistas no es nada comparado con la Acco", dijo en febrero, cuando ya temía que la balanza no caería de su lado, como así ha sido.

A principios del año pasado, este organismo hizo pública la apertura de un expediente que tenía como objeto investigar posibles "prácticas agresivas o actos de denigración" para que los taxistas del área metropolitana de Barcelona no trabajaran a las órdenes de la multinacional que ha ejercido de Lex Luthor del gremio desde que llegó por primera vez a la ciudad en 2014. Era el tercer intento de Uber de meter la patita en el negocio del transporte de la capital catalana, y en esta ocasión, la idea era ejercer de intermediador entre los clientes del taxi y el propio conductor, es decir, que descartaban la opción de las VTC, muy encorsetadas por las normativas aprobadas por el Govern.

"Elección libre"

"Élite Taxi -reza la Acco en su resolución, enviada el 31 de julio pero abierta por la asociación el 1 de agosto- ejerció medidas de presión dirigidas a los taxistas a través de comunicaciones en redes sociales, en su sitio web o mediante llamadas directas, advirtiéndoles de las consecuencias negativas de trabajar con la empresa, y disuadiéndoles de su colaboración con Uber". Según el regulador, la asociación de taxistas difundió datos personales, como números de licencia y matrículas, de los compañeros adheridos a la plataforma de mediación. También, acusa Competència, Élite Taxi realizó "comunicaciones dirigidas a los taxistas miembros del colectivo, indicando pautas de cómo debían llevar a cabo acciones de presión y coacción contra los otros taxistas colaboradores de Uber y otros operadores".

Por todo ello, la Acco considera que estos taxistas ha infringido el artículo 1.1 de la ley de defensa de la competencia ya que ha quedado demostrado, a su modo de ver, que la finalidad de Élite era "obstaculizar la prestación de servicios de mediación por parte de Uber y otros operadores en la contratación de trayectos en taxi en la AMB mediante aplicación'". Todo ello habría generado un "perjuicio en los propios taxistas y en los consumidores.

"Libertad de expresión"

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Álvarez, en cambio, siempre ha apelado a la libertad de expresión. "Cada taxista elige libremente con quién quiere trabajar, y si Uber, después de siete años de acoso a los compañeros de todo el mundo, dice ahora que cuatro taxistas les están parando, que baje un juez y lo vea", defendió en enero de 2022, cuando se hizo pública la apertura del expediente. Una vez conocido el fallo de Competència, Uber podría recurrir a la vía civil en los juzgados para reclamar daños y perjuicios. Élite Taxi y Taxi Project 2.0, por su parte pueden recurrir la resolución del expediente al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

No es la primera vez que la Acco aporta su punto de vista sobre asuntos que tienen que ver con el taxi. En 2018 ya advirtió sobre los efectos del denominado 'decreto Ábalos' que ponía fecha de caducidad a los trayectos urbanos de VTC; se posicionó en contra de los decretos del Govern que en 2019 y en 2022 pusieron muy difíciles las cosas a los vehículos de alquiler con conductor; denunció la aplicación pública Picmi aprobada por el Área Metropolitana de Barcelona y, más recientemente, y afeó que el Gobierno mantenga el equilibrio 1/30 entre VTC y taxis a pesar de que un tribunal europeo ha fallado en contra de esta proporción.