El movimiento por la vivienda urge a desatascar el embudo con los pisos de emergencia

Los retrasos en la concesión de pisos a familias en riesgo de desalojo, que pueden aplazarse más de dos años en Barcelona y más de cuatro en Badalona, son casos conocidos y habituales en las asambleas de los grupos movilizados por el derecho a la vivienda. “Estamos parando desahucios para ganar tiempo hasta que se entregue el piso, pero muchas personas que están en la Mesa de Emergencia han sido desahuciadas y realojadas en condiciones indignas, muchas veces en pensiones”, señala Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona. Añade que es un trance “de angustia constante y de afectación a la salud” para los hogares que lsufren, por lo que el colectivo propone un “plan de choque” para reducir la lista de espera.

“Pedimos tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat que se comprometan con una batería de propuestas para poner las mesas de emergencia a cero”, insta la portavoz. La PAH defiende que se examinen los expedientes de familias pendientes de recibir un domicilio de la administración para comprobar quiénes están habitando pisos de grandes propietarios, a los que se pueda exigir por ley que concedan alquileres sociales. También aboga por aplicar la normativa a fondo para “hacer expropiaciones, sancionar pisos vacíos que no cumplen su función social y poner en marcha la cesión obligatoria de esas viviendas”, enumera Delgado.

A su vez, la PAH sugiere que, en el caso de que el titular de la vivienda sea un pequeño propietario, la administración pública se haga cargo del alojamiento de los inquilinos antes de que el desahucio prospere. Plantea que, mientras no se asigne una vivienda de emergencia, las instituciones abonen el alquiler o faciliten un piso puente a los inscritos en la mesa hasta que se efectúe la mudanza definitiva.

Un trámite más

Apuntarse a la Mesa de Emergencia ha pasado a ser una baza para intentar posponer el desalojo más que una garantía de obtener un domicilio a coste asequible que alivie a tiempo. “Lo tomamos como un trámite más que las familias tienen que hacer para que no se diga que no han rellenado todas las casillas y tener argumentos a favor en caso de desahucio”, expresa Sergi Barrios, del Sindicat de Barri de Poble-sec.

La organización coincide en que la respuesta de los responsables de la mesa siempre es que no hay pisos suficientes para la demanda que digieren. “Es necesario que se agilicen los procesos, que se acompañe a las personas en la gestión y, sobre todo, que haya viviendas cuanto antes, sea por vía de la construcción o de compra, pero que estén disponibles”, ruega Barrios, que advierte del número creciente de peticiones de ayuda: al sindicato del Poble-sec acuden seis o siete personas nuevas por semana para relatar sus desvelos con la vivienda.

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En la periferia empobrecida de Badalona, la plataforma Sant Roc som Badalona está interviniendo en unos 40 desahucios al mes, la mayoría parados. “Están volviendo a crecer”, observa Enric Marín, miembro del colectivo. 

Distingue la situación de Barcelona con la de Badalona, agravada por demoras aún más dilatadas y las dificultades para sofocar la necesidad que, advierte, empuja a menudo a los desalojados a forzar el domicilio para reocuparlo nada más ser expulsados. “Los servicios sociales no tienen medios. A veces se tiran atrás cosas insólitas, como algunos casos de familias con desahucio y que no pueden entrar en la Mesa de Emergencia porque alguno de sus miembros no tiene papeles. Alguien hizo el invento de montar la mesa sin pisos… Con los miles de euros que gasta en realojos en hoteles, el Ayuntamiento podría comprar 30 pisos en Sant Roc”, sostiene Marín.