El actual Ayuntamiento de Barcelona se enroca en su modelo de VTC: "Nos confirma que vamos en la buena dirección"

Noche electoral en el microcosmos del taxi y las licencias VTC. Es medianoche, comparecen los líderes políticos y, sorpresa, todos creen haber ganado. El mismo guion se ha repetido este jueves tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumba el reglamento que en 2019 puso limite a las credenciales de alquiler de vehículo con conductor en Barcelona y su entorno metropolitano: una por cada 30 taxis. En eso no hay discusión, y tampoco tendría sentido porque hace 10 años que se rompió ese equilibrio, pero es en la letra pequeña del sesudo texto jurídico donde reposa la victoria colectiva. La patronal de las VTC dice que el fallo demuestra que toda restricción, esta y las que se han ido impugnando, es poco menos que ilegal. Mientras que desde la Administración pública se indica que los togados quizás hayan derribado una normativa antigua, pero respaldan lo que está en vigor.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha sido la encargada de aportar la versión municipal y metropolitana. No lo llevaba encima, pero su principal baza es un informe de 40 páginas sobre el impacto de las VTC en el ámbito de Barcelona. Porque la sentencia deja claro que la doble licencia, la que puede otorgar el Ministerio de Transportes y la extraordinaria que también pueden reclamar los entes municipales, tiene sentido, y además las habilita para crear condiciones propias siempre que respondan a "criterios de interés general". Ahí es donde entra el VAR y unos y otros ven cosas distintas sobre lo sucedido en el terreno de juego. El estudio del consistorio lleva la firma del Centro para la Innovación en el Transporte (Cenit), y precisamente busca blindar esta competencia en base a tres factores: la congestión, la contaminación y el uso del transporte público, poniendo como ejemplo los casos de Nueva York, San Francisco o Madrid.

La conclusión del informe es que las VTC están en el origen de muchos males urbanos. Aporta un estudio realizado en 2021 en Estados Unidos que reza que si todos los viajes en vehículo privado se hicieran en VTC, el consumo global de combustible crecería un 20%, mientras que la congestión, los accidentes y el ruido se dispararía un 60%. Cita otra investigación, en este caso realizada en China, país en el que estos vehículos, reza el Cenit, dispararon la presencia de micropartículas un 50%.

Todo más claro

Asegura la teniente de alcalde que la sentencia "clarifica el marco legal" en el que bascula la Administración "para garantizar el buen funcionamiento de la ciudad". "El tribunal europeo confirma que el trabajo de estos últimos años va en la buena dirección", remata Sanz, en referencia al decreto del Govern aprobado en julio de 2022. Es decir, a su modo de ver, la sentencia sí echa pestes sobre el reglamento metropolitano de 2019, que de hecho no está en vigor porque fue impugnado, pero al mismo tiempo avala todo lo que deja negro sobre blanco el documento aprobado hace menos de un año, en el que aparecía la controvertida condición de la longitud mínima de los vehículos: 4,90 metros.

El informe del Cenit, ha avanzado la concejala de los Comuns, ya ha sido mandado a todas las administraciones implicadas (Generalitat y Gobierno, además del Área Metropolitana de Barcelona) para que puedan comprobar que cualquier restricción de licencias VTC tiene detrás una justificación que apela, como reclama Europa, al interés general de la ciudadanía. "Barcelona será pionera a la hora de proponer acciones para que prevalezca el derecho al transporte público y la movilidad y para que no haya más emisiones contaminantes y más congestión en la ciudad", ha resumido la teniente de alcalde. "Los impactos de los servicios VTC pueden ser rotundos a nivel ambiental y de movilidad en base a los datos de otras ciudades", reza el informe, que también reporta el caso de Madrid, donde Cabify y Uber, asegura, "están captando pasajeros del autobús urbano".

"Toda esta problemática y los efectos negativos observados en las ciudades más similares a Barcelona requieren, por lo tanto, de la gestión por parte de las administraciones que permitan limitar el impacto", concluye el informe del Cenit. Hasta dónde llegue esa regulación o qué longevidad tendrá la norma vigente, está por ver.