Un edil en juego
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Urna electoral / Enric Fontcuberta / EFE


Meritxell M. Pauné
Meritxell M. PaunéPeriodista y jefa de 'Gran Barcelona'
Periodista especializada en información local de Barcelona y Catalunya. Responsable de la sección 'Gran Barcelona' desde septiembre de 2022. Antes, en los diarios TOT Barcelona y La Vanguardia, entre otros. Profesora de Periodismo digital en la UIC tres cursos y puntualmente del máster del Observatori de la Cobertura de Conflictes. Colaboradora en prensa vecinal ('Carrer', 'Cap a peus') tertulias de televisión y radio (betevé, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel...), libros de historia local ('Retrats per la memòria', 'Objetivo Venus', 'Josep Maria Huertas Claveria i els barris de Barcelona') e investigaciones académicas (Observatori de la Cobertura de Conflictes, Periodismo UAB).
La repesca de las elecciones municipales de Barcelona 2023 ya ha empezado. Este viernes a las 10h de la mañana empieza el recuento de votos, con el que partidos y Junta Electoral revisan los votos nulos y las actas de aquellas urnas en las que intuyan errores en el contaje de las papeletas de la noche electoral.
La expectación es máxima en el PSC y 'Comuns', ya que sólo 141 votos separan a los dos partidos. Todos los partidos sumarán y restarán algún voto, pero si Colau consigue acabar el recuento con tan sólo un voto más, podría quitarle a Jaume Collboni un edil y la segunda posición.
El cambio tendría varias implicaciones en las negociaciones de investidura. Por un lado, los 'Comuns' podrían aspirar a encabezar un tripartito de izquierdas como alternativa al ganador, Xavier Trias, posibilidad que añadiría aún más presión pública y desgaste interno a ERC. Por otro lado, un edil menos para el PSC deja sin mayoría absoluta una eventual sociovergencia, alianza que no está actualmente sobre la mesa pero por la que se posicionan abiertamente patronales como Foment. De lo contrario, una confirmación del reparto actual de sillas allana el camino enormemente a Trias para ser investido alcalde el próximo 17 de junio.
Buena prueba de la incertidumbre es que hay partidos que aún no han decidido su equipo de negociadores para la ronda de contactos previa a la investidura, a la espera del resultado electoral definitivo.
Cómo se hace
Fuentes jurídicas y políticas explican a El Periódico que el recuento se hace de forma presencial en una sala judicial donde se reúnen un juez, funcionarios de la Junta Electoral y apoderados de los partidos. Se revisan los resultados de todos los municipios de la provincia, pero los partidos pueden priorizar determinadas mesas. Y es que los partidos llegan con su listado de mesas sospechosas, es decir, aquellas que tienen cifras de apariencia irregular y para las que se solicita una revisión manual.
Dos indicios habituales son mesas con un total de papeletas declarado que no cuadre con la suma de las obtenidas por los partidos más nulos y blancos, y también las secciones censales con varias mesas en las que una de ellas se desmarque con un resultado muy distinto. Cada partido sospesa también si los presuntos errores detectados le van a su favor o no, para hacer la vista gorda si la subsanación se augura perjudicial.
En la sala se habilitan varias mesas, cada una con un funcionario y apoderados, que van abriendo los sobres marrones en los que la noche electoral cada presidente de mesa depositó el acta manuscrita y los votos nulos. Cada una de estas papeletas se examina por el grupo en busca de un eventual exceso de celo: por ejemplo podrían reclamar como válido un voto que tuviera escrita una cruz junto al nombre del alcaldable, puesto que no está permitido modificar las papeletas pero puede llegarse a considerar un gesto de refuerzo del sentido del voto. Los nuevos votos admitidos se comunican al juez, que está en una mesa separada y situada sobre una tarima. También se comprueba que coincidan las cifras manuscritas con las que se introdujeron en el sistema informático para cada colegio electoral.
Hasta tres días y la vía judicial
Las mismas fuentes señalan que la ley electoral fija un plazo máximo de tres días naturales para cerrar los resultados oficiales definitivos. Ello supone, como han insistido los 'Comuns' a la prensa este jueves, que la incógnita de la segunda plaza podría quedar sin resolver hasta el lunes.
Además, una vez cerrado el resultado oficial, existe una última vía de impugnación. Los partidos pueden presentar un contencioso administrativo para que un tribunal reexamine las cifras. En este caso, la investidura se retrasaría al 7 de julio, según prevé la ley.
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