Gremio en guerra
El taxi de Barcelona acusa a Uber, Cabify y Bolt de formar un cártel para pactar precios en las VTC
Una auditoría de la consultora Eticas ve indicios de tarifas acordadas en las principales rutas de Madrid y Sevilla y advierte que estas plataformas no respetan los derechos laborales de los conductores
Carlos Márquez Daniel
Periodista
Periodista especializado en Barcelona. En 'El Periódico' desde principios de siglo. Los últimos 15 años, dedicados a la información local: movilidad, urbanismo, infraestructuras, política municipal, barrios, área metropolitana y medio ambiente. Colaborador habitual en los programas de televisión 'Planta Baixa' (TV3) y 'Bàsics' (Betevé).
Carlos Márquez Daniel
Ante la cantinela de que el taxi es un monopolio, los propios taxistas han decido salir a ofensiva y demostrar que donde hay un cártel, donde se pactan precios, según su opinión, es en el sector de las VTC. Concretamente, las plataformas Uber, Cabify y Bolt. La Asociación Taxi Project, una rama de Élite Taxi, la asociación líder del taxi metropolitano de Barcelona, ha presentado este miércoles una auditoría realizada por la consultora Eticas que arroja indicios sobre prácticas que consideran ilegales. No solo en cuanto a los precios, también en lo que hace referencia a los derechos de los trabajadores, unos conductores, aseguran, que no ven respetados sus derechos laborales, y a los propios consumidores, pues el algoritmo que marca las tarifas de estas compañías no garantiza la equidad.
En sus conclusiones, la auditoría, realizada junto al Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad (TAS), asegura que los precios "de Uber, Cabify y Bolt parecen coludir en algunas de las rutas más importantes de Andalucía y Madrid". Analizaron las tarifas de estas empresas durante tres meses en los que recogieron 12.000 datos por ruta. Han llegado a la conclusión de que hay indicios de "fijación de precios por medios algorítmicos que vulnera la ley de Defensa de la Competencia". Por todo ello, Tito Álvarez, portavoz de Taxi Project, ha avanzado que en abril presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que tome las medidas oportunas.
Bajas con castigo
Otra de las conclusiones es que el uso de estos algoritmos en las aplicaciones de transporte con VTC "para mediar en las relaciones laborales carece de transparencia en el pago y la elaboración de perfiles, y puede llevar a discriminar a los trabajadores de las plataformas por ausencia debidas a motivos legalmente protegidos". Para que se entienda, denuncian que un conductor que no cubre su coche por razones ineludibles "es castigado con estas empresas con una reducción de los servicios", cosa que, a su modo de ver, es ilegal porque son penalizaciones que no se ajustan a ninguna legislación vigente y "atentan contra los derechos de los empleados".
El tercer punto importante de la auditoría hace referencia a la volatilidad de las tarifas que aplican estas empresas. "El algoritmo de precios de Uber puede discriminar en función de las características socioeconómicas de los barrios, haciendo que los servicios de movilidad sean menos accesibles en los vecindarios con bajos ingresos". Esto, aseguran, puede constituir una infracción de la ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Lo de este miércoles ha sido un poco el mundo al revés, pues son los taxistas los que están en el punto de mira, en este caso de la Autoritat Catalana de Competència, que tiene abierto un expediente sancionador contra Taxi Project y Élite Taxi por un supuesto boicot a Uber en el momento en que esta aplicación quiso volver a Barcelona como empresa de intermediación de taxis. Ese expediente debería resolverse antes de mediados de junio y podría terminar con una sanción de 122.000 euros.
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