Interventor general del Ayuntamiento respalda ante el juez la legalidad de las subvenciones de Colau

El interventor general del Ayuntamiento de Barcelona ha avalado en su declaración como testigo ante el juez las subvenciones otorgadas por el equipo de Gobierno de Ada Colau entre el 2016 y 2020 a entidades que habían estado relacionadas con la alcaldesa. Su interrogatorio se ha producido después de que la Audiencia de Barcelona reabriera en noviembre de 2022 el proceso contra la edila, al aceptar el recurso presentado por la asociación querellante contra el archivo dictado meses antes por el juez instructor. En esa misma resolución se ordenó citar al interventor general del consistorio, que es un funcionario del Estado y actúa al margen de los designios de los responsables municipales.

El interventor general, que tiene a su cargo otros 11 interventores generales delegados, ha explicado al juez que desempeña esta labor desde el 2009, en la época del socialista Joan Clos, y que han realizado su labor con gobiernos municipales de diferentes colores políticos. El testigo ha explicado el procedimiento que se sigue en el consistorio barcelonés con las subvenciones y ha precisado que en los expedientes de las subvenciones ahora bajo sospecha previos a su concesión contaban con la correspondiente memoria justificativa sobre idoneidad de que fueran una ayudas directas a las entidades y sin concurso por la actividad a desarrollar. Entre las asociaciones que percibieron las ayudas está la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -de la que era portavoz y cabeza visible Colau-, Alianza contra la Pobreza Energética e Enginyers Sense Fronteres.

En este expediente previo a la concesión de la subvención, ha explicado el interventor general, solo se revisa si existe la memoria justificativa del procedimiento y si se cumplen los requisitos legales para otorgarlas, sin entrar en el fondo del asunto. Es decir, no puede ni debe decir si se gasta mucho o poco o que las ayudas son las adecuadas o no, porque no son de su competencia y depende de la política municipal de cada equipo de gobierno, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Comunicación a diferentes organismos

El testigo relató también que cuando se entregan los fondos hay una segunda revisión para comprobar si los fondos han sido destinados a los fines por los que se concedió la subvención. Ese dictamen final es el que remite a la Intervención del Estado, al Tribunal de Cuentas y Sindicatura de Cuentas. La Intervención del Estado, recalcó, no vio ningún problema en los expedientes.

Las sospechas de la asociación querellante radica en las "observaciones" que una interventora delegada realizó a algunas de estas subvenciones que, al parecer de la acusación, Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, deberían haber paralizado el procedimiento y la entrega de fondos. El testigo que ha comparecido este viernes en el juzgado ha dejado claro que eso no es así, pues solo suponen una recomendaciones de carácter administrativo e insistió que antes de otorgarse la subvención únicamente se analizan los requisitos legales establecidos. No se puede, por lo tanto y según ha explicado, hacer los que técnicamente se denominan "reparos" y que obligaría a frenar las ayudas. En los casos investigados, las observaciones eran recomendaciones que a partir de entonces se tramitaran las subvenciones deberían quedar reflejadas en los presupuestos anuales.

También ha declarado, a petición de las acusaciones, un asesor económico de Ciudadanos, que ha relato que él constató anomalías en los expedientes, que se lo entregó al grupo municipal de su partido, pero que este no hizo nada al respecto porque estaban en pleno traspaso de poderes entre Carina Mejías y Manuel Valls.