¿Por qué ha encallado el plan para restringir tiendas y bares en el Eixample? Las calles en disputa

El plan de usos del Eixample, que debe ordenar y limitar actividades como bares, locales musicales o súpers, ha provocado una tormenta política en el Ayuntamiento de Barcelona y abierto un nuevo frente en el sector del comercio, con mayoría de patronales contra los planes de Colau. La disputa entre Comuns y socialistas que ha derivado en la no aprobación de la regulación el pasado martes se basa en la cifra de calles que estarían afectadas por restricciones. El pacto previo que supuestamente habían alcanzado los dos socios de gobierno estaría basado en un malentendido, según la visión más benevolente de lo sucedido, o bien en una cierta manipulación de los términos de la negociación.

Lo único que está claro es que el área de Economía que lidera el socialista Jaume Collboni no aceptará los términos del nuevo plan presentado ayer a votación por la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, después de que sean ya 12 las entidades y patronales que han notificado su rechazo por escrito. Comertia, el Consell de Gremis, Gaudí Shopping, Som Sant Antoni, Pelai Centre, l'Eix Sagrada Família, Diagonal Boulevard, Coreixample, Barcelona Oberta (la que aglutina a los ejes más céntricos y turísticos), Foment Comerç, Eix Comercial de Rambla Catalunya y Barcelona Passeig de Gràcia se oponen firmemente a la versión que defiende Sanz. Por contra, Sant Antoni Comerç apoya la posición de los Comuns.

Las 11 calles de consenso

Socialistas y comerciantes insisten en que la negociación se centró en 11 calles, consideradas ya tensionadas o bien pacificadas o en proceso de pacificación, vinculadas a las 'superilles', que podrían generar un monocultivo de un mismo tipo de establecimientos o tender a la gentrificación. En concreto, se aludió explícitamente a las calles de Consell de Cent, Rocafort, Girona, Comte Borrell, Enric Granados, avenida Mistral, Carretera de Ribes, avenida Gaudí, Tamarit, Parlament y Aldana, afirman.

Por contra, la tesis de Sanz es que el resto de calles hasta llegar a 40 forman parte de los planes de usos previos vigentes para los ámbitos del barrio de Sant Antoni y el entorno (adyacentes) de Girona, que en ningún caso contemplaron derogar.

Según los socialistas, fueron los Comuns quienes se desmarcaron de lo negociado el día de presentación del pacto en ciernes al introducir por sorpresa esos ámbitos que supondrían unas 25 vías (entre Gran Via, ronda de Sant Pau y Paral·lel, y entre Roger de Llúria, paseo de Sant Joan, Còrsega y ronda de Sant Pere) y también añadir Cartagena, Ausiàs Marc y el paseo de Sant Joan. De hecho, ya discreparon públicamente sobre el número de negocios que se podrían abrir con las nuevas reglas del juego. Las mismas fuentes insisten en que el plan para todo el distrito debía prevalecer sobre los parciales y que siempre se habló de restricciones "solo para 11 calles". Tras el chasco, el PSC inició la marcha atrás, espoleado por las mencionadas asociaciones de comercio. La concejala Laia Bonet subraya que desde el inicio del proceso, el año pasado, se especificó que el nuevo plan del distrito estaba llamado a "sustituir a los planes parciales".

En cambio, los Comuns manifiestan que el disgusto ha sido suyo al ver cómo Collboni se desmarcaba "inesperadamente" del acuerdo in extremis, sin que ellos hubieran hablado de anular las afectaciones territoriales previas, ya que habían transigido al recortar otras calles de su propia lista (que sumaba 21), asegura Sanz

¿Duplicidad de calles?

No obstante, un dato resulta llamativo: varias de las 11 calles en disputa forman parte de los dos territorios que ya estaban regulados, lo cual resultaría contradictorio si no se pensaba hacer borrón y cuenta nueva en todo el distrito. Por ejemplo, Parlament, Tamarit, Borrell o Aldana. ¿Por qué incluirlos explícitamente si ya estaban blindados?, plantean fuentes de la negociación.

Cabe enfatizar que la flexibilización del plan originalmente anunciado y que tantas alegaciones sectoriales en contra provocó, se basa en aplicar restricciones solo a las calles establecidas, en las que no se podrán abrir más bares, establecimientos de alimentación con espacio de degustación, locales musicales, súpers de autoservicio y tiendas de conveniencia. También se han eliminado otras actividades que al principio se pretendía frenar, como gimnasios.

En el resto del territorio, que ofrece dinámicas muy distintas según los barrios y zonas (algunas con escaso comercio y hostelería) no se aplicarían esas limitaciones, aunque sí otros requisitos de distancia y densidad de actividades.

Hasta que no haya pacto sobre la 'zona roja' el plan de usos seguirá en el aire, a riesgo de que el 11 de marzo (fecha tope con moratoria de licencias) no se alcance una solución y se pueda abrir la veda general.