El Ayuntamiento de Barcelona tilda de "ilegal" el desahucio con cuatro niños en Ciutat Meridiana

"Lo que pasó en Ciutat Meridiana es intolerable", ha denunciado en la red social Twitter, la concejala de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín. Se refiere al desahucio de Raquelvis Rojas y sus cuatro hijos, de 13, 12, 11 y 10 años, en Ciutat Meridiana (Barcelona) el pasado viernes, sobre el que informó EL PERIÓDICO. La madre y sus cuatro hijos tuvieron que abandonar el domicilio donde vivían, propiedad de un fondo de inversión, sin que éste ofreciera una alternativa de vivienda para esta familia. "La propiedad se saltó la ley catalana", ha criticado Martín.

Desde el consistorio consideran que el caso de de este desalojo es especialmente grave por distintos motivos. En primer lugar, porque el juez que ordenó el lanzamiento no aplicó la moratoria estatal de desahucios para familias vulnerables, que extendió hace un mes el Gobierno Central. En segundo lugar, también atacan a la Conselleria de Interior de la Generalitat por haber mandado más de siete furgonetas de los antidisturbios para expulsar a la familia. La presencia de las furgonetas amedrentó a la madre, pero sobre todo, a los niños, tal y como pudo comprobar in situ este diario.

Crónica de un desahucio con niños: "¿Y ahora dónde vamos, mamá?"

Pero, a ojos del consistorio, lo más grave es que la propiedad, Global Licata SA, se negó a ofrecer un alquiler social como alternativa para esta madre y sus cuatro niños. "Se niega a cumplir la ley ofrecer una alternativa social". Martín se refiere a la ley 1/2022, aprobada el 3 de marzo por el Parlament de Catalunya, que obliga a los grandes propietarios inmobiliarios a ofrecer una alternativa social a las familias vulnerables que sean víctimas de un desahucio. También para las familias que estén ocupando una vivienda por necesidad.

El consistorio se ha comprometido a iniciar un expediente sancionador contra la propiedad de este piso, aunque insiste a que la Generalitat "aparezca". A su vez, la concejala reclama una ley estatal contra los desahucios que pueda proteger a las familias vulnerables. A día de hoy, la familia se encuentra viviendo en casa de una amiga de la madre, tras perder el domicilio donde habían estado residiendo desde el junio de 2019. La familia teme que todas sus pertenencias, de las que se hace cargo los servicios sociales, hayan sido sustraídas.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo, pide también medidas ejemplares con el otro desahucio en el barrio que tuvo lugar el mismo día, en el que una familia con dos menores, un niño de dos y otro de diez años, también fueron desalojados de la vivienda donde residían sin que la propiedad ofreciera alternativa habitacional. "Ellos también están en la calle. ¿Porqué el ayuntamiento no dice nada de este desalojo? ¿Van a imponer alguna sanción o esta familia no les interesa?", se queja Bravo.