Multas de 500.000 euros a tres promotores de Barcelona que no reservaron el 30% de la obra para pisos asequibles

Aunque sean pocos, el Ayuntamiento de Barcelona tiene claro que no quiere que se les escape ni uno. A finales de 2018 se aprobó la ley que obliga a los promotores de obra nueva o grandes rehabilitaciones a reservar el 30% de la superficie a pisos con precio asequible. Entre los que ya están en cartera y los que están en trámite, el consistorio asegura que en estos cuatro años se han cosechado 70 pisos, más otros 80 que están en trámite. Para los que se intenten saltar la norma troceando la obra mayor en pequeñas intervenciones menores, el mensaje tiene una cifra clara: tres constructores ya tienen en sus casas sanciones que suman 1,5 millones de euros, medio millón por cabeza.

Hace escasas, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseguró que la medida, con las cifras sobre la mesa, es un "fracaso estrepitoso", a la vez que reclamó al ayuntamiento "menos regulación, y más proporcionada y razonada". De ninguna manera lo ve igual la teniente de alcaldesa de Urbanismo, Janet Sanz, que este martes ha compartido el balance del proyecto y ha asegurado que el 30% "funciona y es necesario". Cuando se presentó la medida, el ayuntamiento dijo que el plan generaría 334 pisos asequibles anuales de nueva construcción. Han pasado cuatro años, así que se deberían haber sumado más de mil. Según las propias cifras municipales, entre los consolidados y en trámite, suman 150.

Pillados

El consistorio ha detectado 17 promociones que intentaban sortear la normativa alegando obras menores que sumaban una obra mayor. Tres de ellos ya han recibido la sanción, entre los 400.000 y los 600.000 euros. Uno está en la calle del Comte Borrell, con 12 pisos; otro en Castillejos (15 viviendas), y un tercero en Muntaner (13 pisos). En total, deberían aportar a la cartera de vivienda protegida un total de 10 casas. "Lo harán porque les hemos pillado", ha detallado Sanz. Pero además tendrán que asumir la sanción, que lleva asida una clara advertencia para navegantes. Lo que se hace es aplicar lo que establece la ley 18/2007, que establece multas de entre 90.000 y 900.000 euros. El resto, hasta llegar hasta esas 17 promociones, que suponen 70 pisos protegidos en total, tienen la dolorosa en trámite.

Más allá de la pena económica, el mismo reglamento permite vetar a los promotores de cualquier promoción pública de vivienda por un plazo de entre uno y tres años. Y por contra, la buena fe, el hecho de haber cedido los pisos antes de recibir el expediente, puede tener premio. Entre comillas, claro, pues la multa no se la quita nadie pero pueden tener una bonificación de hasta el 80% por haber admitido y enmendado el error.

Lucía Martín, concejala de Vivienda, ha aportado algo de cifras para cimentar la importancia de la medida. Ha explicado que la reserva del 30% permite que la ciudad tenga pisos con precio asequible en barrios en los que antes no había vivienda protegida porque el consistorio no tiene margen para intervenir más allá de la compra de pisos a particulares para luego incluirlos en la cartera de VPO. Es el caso del Eixample, donde, ha explicado, el precio de una vivienda de 90 m² ronda los 620.000 euros, mientras que a precio asequible se queda en 220.000 euros, casi una tercera parte.

Tanto ella como Sanz han insistido en la necesidad de que los promotores "se corresponsabilicen ante la necesidad de dotar a Barcelona de pisos a precio asequible". "Se hace difícil entender que no quieran participar", ha sumado la teniente de alcaldesa. En el acto de Foment del 18 de noviembre, el presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya, Xavier Vilajoana, aseguró que la medida "no está funcionando". "Hay que intentar que las leyes tengan un impacto real porque sino se están derrochando dinero público", se quejó. Veremos cómo reaccionan tras las primeras sanciones.