Imputada una teniente de alcalde de El Prat por no parar unas obras

La denuncia, firmada por uno de esos vecinos, Lionel Ribera, que actúa como portavoz de más perjudicados, se interpuso por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, aunque también se apunta a la ocultación de información pública. Los afectados sostienen que existe un “claro trato de favor” hacia la promotora que construye el inmueble. Un portavoz del Consistorio explicó a este diario que hay una “total confianza que la tramitación fue la correcta y que la declaración” de Bou en el juzgado “permitirá explicar que así fue”. La investigada cuenta con una larga trayectoria en el Gobierno municipal y ha sido responsable del área de urbanismo en dos periodos diferentes (en medio lo fue de economía). En el primero de ellos se concedió la licencia de obras a la promotora inmobiliaria.

Desde el 2019 los vecinos de la calle Enric Morera vienen advirtiendo de forma reiterada al Ayuntamiento de El Prat de posibles incumplimientos de la normativa municipal por parte de la constructora y, en concreto, el exceso de la altura máxima con la elevación de una tercera planta no habitable, ventanas que no figuraban en el proyecto, altillos para el aire acondicionados instalados infringiendo la normativa, entre otras anomalías. El departamento de Urbanismo que dirigía entonces la investigada rechazó las demandas de los vecinos y las obras continuaron su curso, provocando molestias a los perjudicados.

Vinculación familiar

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La denuncia presentada en el juzgado de El Prat expresa que Bou “tiene vinculación familiar directa” con la promotora y, por lo tanto, podía existir un “trato de favor” hacia ella, así como “un ejercicio de influencia sobre el departamento para no analizar, comprobar y muchos menos reconocer las irregularidades detectadas en la obra” y que habían sido puestas en conocimiento del Ayuntamiento. Por esta razón, al entender de los perjudicados, se toparon con repetidas “negativas para supervisar e inspeccionar a partir de nuestras quejas”.

La demanda relata que en 2019 y tras las elecciones municipales, el Ejecutivo municipal se remodeló y se cambio el teniente de alcalde de Urbanismo. Aunque el nuevo siguió mostrándose reticente a las demandas, en junio del 2020, por "la presión vecinal", se acordó practicar una inspección a la finca. Un mes después, según la versión de los afectados, la arquitecta municipal admitió algunas de las irregularidades denunciadas y que antes siempre habían sido negadas. Entre ellas, el exceso de altura del bloque y los altillos para el aire acondicionado. Las obras se paralizaron meses después al constatar las deficiencias y se instó a la empresa a corregirlas, por lo que se deberá demoler la cubierta a dos aguas por excederse en la altura máxima permitida. “Nosotros seguiremos hasta el final para que todo salga a la luz”, sentencia Lionel Ribera.