Inflación

Barcelona blinda la factura de la limpieza: no subirá con el IPC

  • Las empresas pidieron al Ayuntamiento revisar precios en virtud de una ley estatal

  • El consistorio ratifica las condiciones de adjudicación: +2% anual como máximo a partir de 2024

Operarios de limpieza vaciando un contenedor de basura en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona.

Operarios de limpieza vaciando un contenedor de basura en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona.

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Meritxell M. Pauné

Barcelona cierra la puerta a un encarecimiento súbito de la factura que paga por la limpieza de las calles y la gestión de los contenedores. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, las empresas que prestan este servicio pidieron al Ayuntamiento revisar el precio pactado hace un año para afrontar la escalada de la inflación. Se trata del mayor contrato municipal y tiene una duración de 10 años.

El gobierno de Ada Colau les ha denegado un incremento inmediato y ha ratificado las condiciones que preveían los pliegos de la adjudicación: el precio del servicio podrá subir como máximo un 2% anual a partir de 2024. En otras palabras, las grandes empresas contratistas deberán pagar de su bolsillo el incremento de costes y probablemente de salarios que se produzca en 2023 a causa de la inflación generalizada. Si es necesario, a costa del margen de beneficios.

Preguntadas por este medio, ninguna de las 4 concesionarias ha querido comentar el detalle de esta solicitud. El consistorio declina revelar el incremento al que aspiraban las empresas. El desenlace, sin embargo, es público: este 20 de septiembre se aprobó en comisión la ratificación de las condiciones que preveía la licitación pública, a través de una votación que pasó desapercibida para prensa y público general. 

Consulta discreta

“Ante la situación de incertidumbre económica, los contratistas hicieron una consulta al Ayuntamiento para saber cómo se calcularía la primera revisión de precios”, resumen portavoces municipales. “Atendiendo a la normativa y a la literalidad del pliego [de condiciones] hemos respondido a las empresas que se podrán revisar precios en un 2% anual una vez ejecutado el 20% del contrato, esto es el año 2024”, añaden. Los años siguientes el 2% se aplicaría sobre la factura del año previo, no sobre el precio original.

La ratificación del pliego se llevó a votación para que las empresas tuvieran “un compromiso reafirmado del Ayuntamiento para cerrar sus acuerdos con los trabajadores”, según el ejecutivo Colau. “Pero el Ayuntamiento no ha modificado el pliego de condiciones en ningún caso, son las mismas con las que se licitó el servicio”, insisten.

La votación no implica que el 2% extra esté asegurado en 2024: “Podrán pedir el incremento de hasta el 2% anual del contrato cuando el IPC haya sido superior”. En lo que va de año el IPC está por encima del 5% y hoy por hoy esta condición se cumpliría, pero la evolución de la guerra en Ucrania determinará la inflación del año que viene: “El incremento o no de los precios en 2024 depende de variables que se tendrán que considerar en su momento”, indican las mismas fuentes.

Los trabajadores, muy atentos

La plantilla de estas empresas, es decir, los barrenderos de Barcelona, está muy atenta a este tipo de renegociaciones de contrato. Cada año trabajadores y empresa revisan salarios para aplicar el IPC, en el marco ordinario del convenio laboral. La pandemia han sido dos años raros, porque apenas subió el IPC o incluso bajó. Con la salida de la crisis se disparó la inflación y reactivaron este mecanismo para no perder poder adquisitivo.

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 Sin embargo, la negociación con el Ayuntamiento y la empresa se torció y desembocó en la convocatoria de huelga por la Mercè. Se desencalló el aumento salarial del 6% que reclamaba la plantilla y Barcelona se libró de una sonada huelga en plena fiesta mayor. Las nóminas ya van al día. Pero todo apunta a que 2022 cerrará con una fuerte subida acumulada del IPC y habrá que volver a la mesa de negociación.

“Muchos ayuntamientos están recibiendo peticiones de revisión de precios de los contratos en vigor, al amparo de una ley española que lo prevé si se dan circunstancias excepcionales”, apuntan fuentes sindicales de UGT. Algunos consistorios acceden y otros no, a fin de resguardar el erario público. “Cada vez que los ayuntamientos y las empresas no se ponen de acuerdo en algo es una nueva espada de Damocles sobre la plantilla”, lamentan. Con el blindaje de precios aprobado, la revisión salarial de 2023 se augura complicada en la limpieza de la capital catalana.