Posibles irregularidades

Competència abre expediente a dos empresas por repartirse concursos públicos de la L-9 de metro

Según la ACCO, hay indicios de que Siemens y Comsa "acordaron la cuantía de sus contratos para dividirse de manera igualitaria las adjudicaciones"

línea 9

línea 9 / Joan Cortadellas

Carlos Márquez Daniel

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La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha abierto un expediente sancionador contra dos empresas proveedoras de las obras de las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona; un proyecto detenido durante más de 10 años por problemas presupuestarios y reiniciado el pasado mes de junio. Según este organismo, "existen indicios racionales" de que COMSA y Siemens han pactado sus ofertas en los concursos de licitación de cara a obtener contratos públicos para la finalización de la obra.

Estas empresas, siempre según Competència, habrían presuntamente coordinado su actuación en relación a la "presentación de ofertas a licitaciones públicas" relativas a obras y servicios de diseño, redacción de proyectos, ejecución y/o mantenimiento de los sistemas de señalización y/o comunicación. Esto habría sido así, estima la ACCO, desde 2017.

Sin igualdad

"Debido a este comportamiento -señala el organismo- sus decisiones empresariales no se habrían tomado de manera independiente y autónoma como exige la normativa de competencia, sino de manera concertada entre ellas". Es decir, que Siemens y Comsa habrían pactado en los últimos cinco años para repartirse los concursos, lo que, según la ACCO, tiene un "efecto pernicioso en términos de eficiencia en el uso de los recursos públicos y la vulneración del principio de igualdad de oportunidades de las empresas que participan en concursos públicos".

La tuneladora de la L9, en una imagen de los inicios, en julio de 2004

La tuneladora de la L9, en una imagen de los inicios, en julio de 2004 / Ramon Vilalta

La apertura de este expediente no implica que ya haya una decisión final tomada o sanción a la vista, pero que la Autoritat Catalana de la Competència haya dado este paso indica, cuanto menos, que existen indicios de que algo no se ha hecho de manera correcta. Ahora se abre un plazo máximo de 18 meses para que los expertos jurídicos del organismo instruyan el caso. Y para que las empresas implicadas defiendan su postura en el caso de no admitir los hechos. En el caso de la ACCO, se están analizando todos los concursos públicos para saber de cuántos contratos se trata. Y de qué cantidad asignada.

La dolorosa

Pasado el año y medio, si hay sanción, la dolorosa podría ser de campeonato: de hasta el 10% del volumen de negocio total mundial de la empresa infractora en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa, tal y como establece el artículo 63 de la ley 15/2007 de defensa de la competencia. En el caso de Comsa, por poner un ejemplo, la empresa cerró 2021 con una facturación de 758 millones, con la idea de crecer hasta 850 en en 2022. Así las cosas, en el peor de los casos, la compañía podría verse a obligada a desembolsar una cifra cercana a los 85 millones de euros. En el escenario más optimista (dentro de la posibilidad de que caiga sanción), solo tendrían que abonar el 10% de la facturación, así que no llegarían a los 10 millones de euros.

Cartel promocional de la L9, en 2011, en la zona de Les Corts

Cartel promocional de la L9, en 2011, en la zona de Les Corts / Joan Puig

En opinión de Albert Poch, abogado especializado en reclamaciones contra cárteles empresariales del despacho Redi Abogados, las sanciones suelen ser bajas respecto al "beneficio ilícito obtenido como consecuencia de un abuso de posición dominante en el mercado o de participar en un cartel empresarial". Al final, la sanción de la CNMC se convierte en "un elemento más del negocio que se repercute en los costes", indica este experto. 

Siemens y Comsa ya fueron sancionadas junto a otras 13 empresas en marzo de 2019 por repartirse de manera fraudulenta concursos públicos convocados por Adif referentes a infraestructuras ferroviarias de líneas convencionales y de alta velocidad. Durante 14 años, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), crearon varios cárteles para adjudicarse las licitaciones. Las compañías tuvieron que asumir multas por valor de 118 millones de euros. A Siemens le cayeron 16,8 millones y Comsa asumió 2,8 millones.

Una década después...

La tuneladora de la línea 9 volvió a taladrar el subsuelo barcelonés el pasado mes de junio después de que las obras estuvieran más de 10 años detenidas. Lo que falta por poner en funcionamiento es el tramo central, que es el que dará sentido a toda la infraestructura. Se estima que en 2029, cuando se prevé que esté todo terminado, se pasará de 23 a 114 millones de viajes al año. Además de abrir las paradas pendientes, la galería todavía debe completarse entre Pedralbes y la plaza de Lesseps (poco más de cuatro kilómetros). Todo ello saldrá por unos 926 millones de euros, según cálculos del Govern. En 2027, si todo va según estima la Generalitat, los trenes ya irán de punta a punta, del Besòs al Llobregat, pero sin parar en todas las estaciones, que se irán terminando por fases.

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