El PSC y Barcelona en Comú votan separados sobre Can Vies y ocupación

Algunas proposiciones del pleno municipal de Barcelona tienen una función que no es la que planeaban sus autores. Es el caso de que las iniciativas que Valents y el PP han presentado para que fueran debatidas y votadas en la reunión del plenario de este viernes, una sobre Can Vies y otra sobre okupaciones. No han prosperado, pero han servido para que el PSC tomara distancia de Barcelona en Comú. Los ‘comuns’ han votado como ERC, en contra. Los socialistas se han abstenido, como Junts per Catalunya. Alguien malvado podría ver en todo ello un mapa de pactos poselectorales.

La proposición de Valents, defendida por Eva Parera, con el tono que ha adoptado desde hace tiempo, ditirámbico sea cuál sea la cuestión tratada,  pide al gobierno local las inspecciones e informes de obras realizados en Can Vies desde 2014 hasta ahora, con el detalle del coste y las intervenciones hechas. Todo ello mezclado con la denuncia de que hay un conflicto abierto entre los okupas y los vecinos: “Aquello es una pocilga”. Parera ha exigido que el inmueble sea desocupado y demolido.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha anunciado la abstención del PSC argumentando que Valents tiene todo el derecho a reclamar la documentación que pide, y ha visto en la iniciativa una preocupación que su partido, ha dicho, “podría compartir” sobre cómo se gestionó el caso de Can Vies. Después ha deplorado el tono de Parera: “Dios no quiera que tengan ustedes nunca responsabilidades en seguridad”.

Parera no le ha agradecido la abstención, al revés, ha dicho que no se entiende que el PSC denuncie la ocupación y no vote a favor de su propuesta. El otro socio del gobierno no ha dudado. La teniente de alcalde Laura Pérez ha defendido el no de Barcelona en Comú y ha negado conflicto vecinal por Can Vies.

La propuesta no ha prosperado: se han abstenido el PSC y Junts y han votado en contra ERC y BComú.

Okupas

Poco después ha llegado una proposición del PP, defendida por Josep Bou, que abogaba por que el Código Penal sea modificado para endurecer las penas por ocupación de bienes inmuebles, especialmente si corresponden a mafias organizadas, así como recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre tres y cinco años, entre otras medidas, que incluyen la petición de mayor protección para los propietarios.

Propuestas que en todo caso afectan a otros administraciones, y que Eva Baró, de ERC, ha rechazado por considerar que suponen “una cruzada contra los derechos fundamentales”. Por Junts, Jordi Martí Galbís ha entendido que Bou se centraba en las okupaciones “delincuenciales”, no las que afectan a familias vulnerables. En todo caso, Junts se ha abstenido.

La jefa de filas de Ciutadans, Luz Guilarte, ha atacado al gobierno de Ada Colau: “Ustedes tienen a los okupas a mesa y mantel”.  Ha denunciado un “desgobierno” del que ha hecho responsable a Barcelona en Comú y el PSC, como socios de gobierno, pero también a ERC, como colaborador externo. “No es de recibo que quien okupa tenga derecho a empadronarse. No se puede culpar al que incumple la ley”, ha afirmado Parera.

El presidente del grupo del PSC, Jaume Collboni, ha admitido que hay motivos para preocuparse: “Hay un problema en Catalunya con las mafias que actúan sobre los pequeños propietarios. Los grupos de izquierda nos tenemos que tomar en serio el problema”. Una posición absolutamente alejada de la de Barcelona en Comú.

Una distancia que ha evidenciado Lucía Martín, concejala de Vivienda, que ha replicado a la propuesta del PP denunciando que el problema se sobredimensiona artificialmente. Ha pedido que se agilicen los desahucios de ocupaciones delincuenciales pero que se exijan también a los grandes tenedores que destinen viviendas a alquiler asequible.

La propuesta de Bou ha sido rechazada. El PSC y Junts se han abstenido y ERC y los ‘comuns’ han votado en contra. El resto de grupos la han apoyado, pero no le ha bastado al PP.