El gobierno Colau descarta bajar impuestos en Barcelona en 2023

La última gran negociación en el Ayuntamiento de Barcelona antes de las elecciones municipales está a punto de abordarse. Una vez más, el gobierno de Ada Colau deberá seducir a parte de la oposición para sacar adelante los presupuestos. El trámite ha sido un habitual rompecabezas para la alcaldesa: encalló con frecuencia durante los primeros cuatro años al frente del Ayuntamiento, obligada más de una vez a prorrogar las cuentas por falta de socios, una carencia que ha revertido durante el segundo mandato, aliándose con ERC y con Valents para apuntalar las previsiones de ingresos y gastos de ‘comuns’ y socialistas. El bipartito municipal somete de nuevo a prueba su capacidad de pacto, en la última curva antes de los comicios. A falta de descubrir las líneas maestras de la propuesta de presupuestos, el bipartito da muestra de que no se aviene a la rebaja de impuestos que parte de la oposición le exige para abrirse a una entente.

Barcelona en Comú y PSC han desechado este miércoles en la comisión de economía del consistorio que el proyecto de cuentas municipales para 2023 incorpore un recorte de gravámenes y tasas municipales. El debate, propiciado por el PP y Cs, ha servido para volver a dejar a las claras que las opciones del ejecutivo municipal para no embarrancar con las cuentas se reducen a la práctica a renovar el pacto con ERC. Los republicanos han permitido abortar con sus votos que el ruego de la derecha para que Barcelona atenúe la presión fiscal. Junts, PP, Cs y Valents han votado a favor de la reducción impositiva, lo que los sitúa de partida lejos de allanar la aprobación de los presupuestos a Colau.    

“La política fiscal del ayuntamiento no es abusiva”, ha defendido el concejal de Turismo, Xavier Marcé (PSC), que ha opinado que las peticiones para que el consistorio disminuya impuestos están “fuera de lugar”. Marcé ha recordado que el gobierno municipal bonificó tasas durante 2020, coincidiendo con la caída de la economía y los cierres de comercios durante el confinamiento por el covid. “La rebaja global de ingresos fue de 46 millones de euros, que se mantuvo en 2021”, ha destacado el edil. A su vez, ha defendido que corresponde al gobierno local disponer de “capacidad de actuación” para “intervenir donde es necesario en una situación tan grave como la que se ha vivido con la pandemia y que se puede vivir con probabilidad” a causa del encarecimiento de precios.

Buena parte de la oposición ha discrepado y ha alegado, precisamente, que la inflación debería llevar al gobierno local a aliviar la carga fiscal. “El ayuntamiento ingresa más impuestos y tasas cada año, así que tiene capacidad de aplicar una reducción para aligerar la carga inflacionista, aunque sea temporal en 2023”, ha postulado el ‘número uno’ del PP, Josep Bou. “Tenemos que salvar a familias, autónomos y empresas para el siguiente ejercicio fiscal”, ha advertido Paco Sierra (Cs), que ha alertado que el escenario que se vislumbra en los próximos meses para negocios y hogares es “dantesco”.

Junts se ha posicionado en esta ocasión con populares y liberales. El concejal Ferran Mascarell ha exhortado al equipo de gobierno a reflexionar para “no acentuar la política fiscal sobre los barceloneses, porque es alta y el momento es delicado”. Por el contrario, ERC ha invitado al resto de la oposición a no cerrarse a negociar los presupuestos con el ejecutivo municipal. “Lo que no se puede ser es que aprobemos un plan de contingencia en que se destine más dinero y, 10 minutos más tarde, propongamos bajar los impuestos”, ha opuesto el republicano Miquel Puig.   

Trama corrupta de Ciutat Vella

Por otro lado, el gobierno municipal ha informado este miércoles que buscará la fórmula para compensar a la exconcejal Itziar González y la funcionaria Lourdes Conesa, que sufrieron presiones por la trama corrupta de pisos turísticos destapada hace más de una década en Ciutat Vella. González, por entonces concejal del PSC, dimitió forzada por las amenazas. Una sentencia reciente ha condenado a 17 implicados en la red fraudulenta de concesión de licencias. entre los implicados, se cuentan trabajadores municipales.

Colau se ha reunido este miércoles con González y Conesa, ha revelado el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, a instancias de preguntas de Junts en la comisión de presidencia. El edil ha comentado que el ejecutivo estudiará con las dos afectadas por la trama “los próximos pasos a dar en términos de reparación”. El consistorio abonó el coste del abogado y del procurador de González y Conesa durante el juicio, pero Rabassa ha admitido que no ambas víctimas no se sienten haber recibido suficiente apoyo por parte del consistorio. “Seguramente no hemos estado a la altura a la hora de acompañarlas”, ha opinado el concejal.