Piden cárcel para un exconcejal de Albiol, acusado de extorsionar a inmigrantes

Un viejo episodio del retorcido serial de polémicas e imprevistos que han agitado la política local de Badalona toma al fin camino de juzgarse. Ha pasado tanto tiempo desde que ocurrió que ha caído en el olvido, pero amenazó con desestabilizar en su momento al ejecutivo municipal de Xavier García Albiol, entonces un alcalde aún novel en Badalona. Ocurrió en 2012, cuando uno de los concejales en que el dirigente popular confió para su primer gobierno en la ciudad se vio implicado en un feo asunto de supuesto chantaje. Ahora, 10 años más tarde del escándalo, la Fiscalía pide tres años de prisión para el exedil David Gómez y otro excargo del PP. La fiscal señala al exconcejal y a un excoordinador del distrito de Sant Roc, Antonio Cortés, de haberse conchabado supuestamente para exigir 6.000 euros a los socios de un bar llamado Anna, clausurado durante una redada policial. A cambio del dinero, los dos miembros del entonces gobierno municipal conservador se comprometían presuntamente a “interceder” a favor del negocio para “conseguir la reapertura del bar, así como la posibilidad de eliminar competencia, mediante el cierre de locales adyacentes”, reza el escrito de acusación del Ministerio Público. La batida se lanzó una noche de enero de 2012 y fue sonada. Se registraron siete bares y se identificó a 136 personas. Agentes de la policía local, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional peinaron establecimientos del barrio de Artigas, donde abundan los comercios de inmigrantes. Albiol estuvo presente y alardeó de mano dura ante las quejas por inseguridad, tráfico de droga y molestias diversas. También se detuvo a siete personas por posibles infracciones a la Ley de Extranjería.

El amplio despliegue policial se enmarcó en una ola de inspecciones durante el primer tramo del gobierno Albiol. Los operativos irritaron a un grupo de comerciantes, extranjeros sobre todo. A modo de protesta, llegaron a evidenciar su descontento bajando la persiana un par de días durante algunas horas. Juzgaban que eran víctimas de requisitos draconianos y sanciones elevadas. El ayuntamiento replicó que perseguía vulneraciones de normas urbanísticas y sanitarias, sin distinguir por nacionalidad. 

Los dueños del establecimiento que acusan a Gómez de supuestas coacciones también son inmigrantes. Cuando los hechos se revelaron, el alcalde puso tierra de por medio con su edil. Lo apartó de funciones y acabó abjurando de él. El expopular pasó a la oposición como concejal no adscrito hasta que desistió meses más tarde. “Lo expulsamos del gobierno en el mismo momento en que fuimos conocedores [de la denuncia]”, destaca el entorno de Albiol. 

"Nunca les pedí nada"

En conversación con EL PERIÓDICO, Gómez niega que presionara a los responsables del local para que le pagaran. “Solo los vi una vez y nunca les pedí nada”, se defiende el exconcejal, que se enfrenta también a una petición de ocho años y tres meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La causa se ha sostenido en buena medida por las grabaciones que los dueños del negocio registraron a escondidas. En ellas, se escucha a Cortés apremiarlos a desembolsar la cantidad reclamada. Según la Fiscalía, el excoordinador urgía a efectuar el supuesto pago ilícito “en connivencia” con Gómez. “No sé de dónde sacan eso. No hay ninguna grabación en que salga pidiendo dinero, ni hay ninguna imagen mía ni nada de nada”, esgrime el exedil.

Decisión arbitraria

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Gómez se enfrenta a otra petición de cárcel por unas supuestas gestiones irregulares que se le atribuyen durante su etapa en el ejecutivo municipal de Badalona. En una causa paralela, la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión para el expopular por haber encargado obras sin permiso a cargo del consistorio y sin que mediaran concursos públicos. El coste de los trabajos ascendía a cerca de un millón de euros, que el ayuntamiento no llegó a sufragar. La mayoría de las reformas fueron en dependencias municipales y en locales cedidos a entidades. No obstante, una factura de unas reparaciones en la casa de una excoordinadora escogida por el PP también se trató de encasquetar presuntamente a las arcas municipales. En cuanto al caso de los bares, la Fiscalía sostiene que Gómez eligió los locales que se debían examinar. Remarca que lo hizo “sin cumplir todos los cauces legales”. Añade que el exconcejal dio instrucciones para precintarlos “a sabiendas de que se trataba de una decisión injusta y arbitraria”, amparadas en informes que enumeraban “deficiencias genéricas”, sin que constaran incumplimientos graves. 

“Fueron mandos policiales los que dirigieron la operación. Había informes por problemas de convivencia y de intervenciones de droga en bares de la zona”, opone el exedil. Aparte, rebate que los comercios de foráneos concentraran el grueso de inspecciones practicadas al inicio del mandato de Albiol: “El alcalde nos decía que, dentro de la legalidad, teníamos que hacer cumplir la ley en los locales donde hubiera más actas por incivismo. También hicimos muchos controles a españoles, pero si en una calle hay 70 tiendas y 65 son de gente de fuera, ¿no debo entrar para que no se diga que los machacamos?”. Meses más tarde de ser precintado por primera vez, el bar Anna fue clausurado de nuevo. Fue entonces cuando el presunto acoso sobre el establecimiento se estrechó. La Fiscalía asegura que los investigados intensificaron las “exigencias” y “amenazaron” con precintar otro restaurante regentado por los denunciantes si no entregaban 6.000 euros pronto. Gómez lo niega todo y exculpa también a Cortés, que trabajaba bajo su mando. “No creo que pidiera dinero para lucrarse”, opina, pese a lo que quedó reflejado en las grabaciones. En cuanto al negocio, no logró remontar tras dos cierres. Los denunciantes no renuncian a que se les indemnice una década después de los hechos. En todo caso, la resolución del caso podría dilatarse aún más, dado que se ha recurrido contra la decisión de elevarlo a juicio.