Condenadas 17 personas por una trama corrupta de pisos turísticos en Ciutat Vella

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 17 personas, entre ellas funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, a penas que oscilan entre los seis meses y un día de prisión y los tres años y seis meses (comporta el ingreso en prisión), así como penas de multa e inhabilitación, por una trama que de forma fraudulenta y arbitraria tramitaba licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella; en algunos casos a cambio de dinero. Se les atribuye los delitos de cohecho, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad documental y amenazas. La sentencia de la Sección 10, cuya ponente es la magistrada Montserrat Comas, ocupa 331 folios. Es uno de los casos de corrupción más importantes que ha salpicado al consistorio barcelonés.

La Fiscalía Anticorrupción, tras un pacto con las defensas, rebajó las penas que pedía para 15 imputados, que admitieron el primer día de juicio los cargos, y retiró la acusación contra otros tres, con lo que la vista solo se celebró para cinco personas. Lo que en su día fue un duro escrito de calificación (se reclamaba hasta 18 años de cárcel) se transformó. Los hechos se remonta a hace 15 años y el proceso judicial fue instruido por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona. La causa consta de 35.368 folios y más de 46 cajas de documentos, lo que refleja la peculiaridad de las pesquisas.

Cuando en junio de 2007 se produjo un cambio en la concejalía de Ciutat Vella, con la entrada de Itziar González y la gerente Mercè Massa, ambas adoptaron una serie de medidas para acabar con estas malas praxis. Todo ello causó situaciones de tensión derivadas de las decisiones a adoptar en relación con expedientes de las licencias de pisos turísticos. A raíz de ello, uno de los acusados, el ingeniero Joaquim Quílez y su compañera sentimental amedrentaron a una arquitecta municipal, a la regidora y a la gerente, a las que les remitieron cartas amenazantes. Los dos acusados de este delito reconocieron los hechos y aceptaron la pena. Ante esta situación de presión, Itziar González, dimitió de su cargo en abril del 2010.

La pista del 'caso Saratoga'

Los principales acusados son Heliodoro Lozano, que durante ocho años fue jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella y luego fue trasladado a Nou Barris y al que se le ha impuesto dos años y seis meses de prisión por diferentes delitos; la empleada pública y exasesora jurídica Elena Ariza, que no aceptó el pacto con la fiscalía y se le ha impuesto tres años y seis meses, y el ingeniero Joaquim Quílez, condenado a tres años y nueve meses, también por una serie de infracciones penales. En la lista también figuran funcionarios municipales y propietarios de pisos turísticos. Este presunto caso de cohecho fue descubierto a raíz de otro proceso por corrupción de empleados públicos en relación con clubs de alterne (el ‘caso Saratoga’) en el que estaba imputado Quílez. En las entradas y registros practicados en su domicilio y en su despacho profesional se halló una hoja manuscrita con una lista de direcciones, nombres y locales y, al lado, cifras en euros que podrían corresponder a deudas y pagos que debían hacer los clientes al ingeniero con motivo de obras o licencias.

Hace 15 años atrás, cuando con el objetivo de abordar la problemática que existía en Ciutat Vella por la proliferación de pisos turísticos, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en junio del 2005 un plan especial para establecer una regulación para este distrito. El consistorio prohibió la apertura en la zona de nuevas viviendas de este tipo, permitiendo, no obstante, que en las que ya se desarrollara esta actividad pudieran seguir haciéndolo siempre que previamente obtuvieran una licencia municipal urbanística de cambio de uso. Ante el alud de solicitudes de estas características, el consistorio tiró adelante en el 2008 unas medidas de actuación y se creó un equipo para la tramitación de estos permisos. A partir de ahí, empezó a actuar la trama que pasaba por alto las irregularidades que pudieran haber en las solicitudes y de agilizar la tramitación de los expedientes.

La sentencia expone que Quilez, contratado por propietarios de pisos turísticos, contactó con Heliodoro Rodríguez, al que ya conocía por su actividad profesional, y "convinieron" la posibilidad de que, a cambio de una remuneración económica, este último, como director de los servicios técnicos del distrito de Ciutat Vella, "procediera a desarrollar las actuaciones necesarias" para conseguir licencias denegadas por silencio administrativo, al no cumplir los requisitos necesarios, o agilizar la tramitación de determinados expedientes "obviando" los defectos en que se pudiera incurrir. Según los magistrados, este acuerdo le fue trasladado a la que era asesora de los servicios jurídicos de Ciutat Vella.