Barcelona exige a Airbnb retirar 4.100 anuncios de hogares compartidos

El Ayuntamiento de Barcelona ha contratacado con contundencia a la rebelión de los llamados anfitriones o barceloneses que alquilan habitaciones a turistas en sus propias casas. Estos anunciaron el jueves que "por necesidad económica" --y mientras que la pugna se vive también en los tribunales-- iban a desobedecer la prohibición (en la práctica) de la actividad impuesta por el ayuntamiento, reactivando sus anuncios en plataforma. Y el consistorio ha respondido este sábado que ya ha "exigido a Airbnb la retirada de 4.102 anuncios de hogares compartidos publicados a su web".

Asegura que el viernes envió un requerimiento a la plataforma para que los desactive en el plazo de quince días, al considerar que "publicita alojamientos que no tienen ningún tipo de licencia y, por lo tanto, se trata de actividad turística ilegal". Advierte de que en caso contrario iniciará los procedimientos sancionadores pertinentes contra la empresa.

No hay ni una habitación legal

La actualización del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) aprobada en enero prácticamente prohíbe el alquiler de habitaciones turísticas, ya que solo las admite si se dan en viviendas de uso turístico que se reconviertan a residencia habitual. Una situación inverosímil, teniendo en cuenta que la gallina de los huevos de oro son precisamente las licencias de vivienda turística. De hecho, el ayuntamiento confiesa que hasta ahora no ha habido una sola reconversión. De modo que no hay una sola habitación turística legal en Barcelona, enfatizan.

Así que no ha sido muy difícil seguir la pista de presuntos infractores. Cabe subrayar que tras la cruzada municipal contra los apartamentos turísticos sin permiso, estas semanas se han detectado unos 500, frente a los miles de antaño, ha precisado Sanz. Por contra, son muchos más los casos de habitaciones. Esta situación se produce tanto por la insurrección de cientos de particulares que no aceptan no poder alojar a un viajero en sus casas, y que reivindican el derecho a esos ingresos, como informó el jueves este diario. Pero también por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que tumba (por defectos de forma) la regulación del hogar compartido que aprobó mediante decreto el Govern en 2020. Aunque esta se recurrirá, la plataforma de afectados ViA (Veïns i Amfitrions) sostiene que cualquier sanción al respecto en este periodo podrá ser recurrida y anulada.

Expediente sancionador de 60.000 euros

No obstante, el gobierno municipal vuelve a optar por combatir los anuncios como forma de frenar rápidamente la actividad. Si Airbnb no colabora, se le abrirá expediente sancionador de 60.000 euros. Y no será el primero, ya que por reincidencia en el pasado acumula otra multa de 600.000 euros. "Barcelona reclama a Airbnb que deje de operar al margen de la ley y también de poner en peligro la situación de quienes anuncian hogares compartidos", ha dicho la teniente de alcalde Urbanismo, Janet Sanz. "No habría actividad si no se promocionase", ha reiterado.

El consistorio quiere que todos estén bien informados y "evitar que se repita la situación vivida los últimos años por varias personas sancionadas para ofrecer la vivienda habitual como piso turístico a través de la plataforma. En sus alegaciones a las sanciones, estos afirmaban no ser conscientes de la ilegalidad. Ahora se cree que puede estar sucediendo lo mismo con las habitaciones, por lo que se enviará a todos sus titulares una advertencia de cese de la actividad sin sanción y como aviso. De mantener los anuncios, se les multará (de 3.000 a 60.000 euros). De hecho, ha incluido el tema de las habitaciones por días (hogares compartidos) dentro de su plan de choque contra la ilegalidad, subrayan.

El Gobierno municipal aprovecha para insistir en que sí se permite el alquiler de habitaciones de más de 31 días para uso habitual o de larga duración, como los que se hacen habitualmente a estudiantes o trabajadores temporales, amparado por la LAU.

Respuesta de Airbnbn

Después de hacerse público el requerimiento del ayuntamiento, Airbnb ha destacado este sábado su compromiso de cooperar con las autoridades y "eliminar de la plataforma a quienes no respetan la normativa". En un comunicado , Airbnb ha explicado que en todos los casos recuerda a los anfitriones "que comprueben y cumplan con la normativa local antes de publicar anuncios", y que les ofrece una herramienta para que puedan mostrar su número de registro, lo que facilita la labor de inspección e identificación por parte de las autoridades.

Ha asegurado que la aprobación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) "no tiene casi impacto en el negocio global de Airbnb, pero perjudicará" a aquellos que ofrecen 'home sharing' porque, según la plataforma, esta modalidad supone para la mitad de los anfitriones en la ciudad unos ingresos adicionales que les ayudan a mantener su propia casa.

En ese sentido, ha recalcado que para "más de la mitad de los anfitriones en Barcelona esos ingresos son claves, especialmente en momentos donde aumenta el coste de la vida", y que confía en poder trabajar con el Ayuntamiento para encontrar una solución.

La plataforma ha expresado su voluntad de ser "un buen socio de las comunidades" y recuerda que de forma regular y voluntaria diseña medidas que ayudan a los anfitriones a seguir las reglas, como un nuevo plan integral que, entre otros puntos, prohíbe las fiestas, fomenta el uso de detectores de ruido e incluye un protocolo de verificación postal obligatorio.