Ciutat Vella vetará supermercados de más de 400 m2 y hornos con comida para llevar

El distrito de Ciutat Vella ha anunciado este viernes que ha suspendido la concesión de licencias de actividad de supermercados y superservicios de más de 399 metros cuadrados, hornos con obrador, tiendas de conveniencia y oficinas de cambio de monedas por un periodo previsto de cuatro meses, hasta que la limitación quede oficializada. En ese periodo, el consistorio debe preparar un añadido al plan de usos vigente desde 2018.

Porque se ha comprobado que es necesario agregar a ese plan una limitación que afecte a los comercios citados. El distrito ha detectado que existían disfunciones que la regulación actual no frenaba y que suponían una competencia negativa para el comercio de proximidad. La Rambla queda fuera de esta medida, como quedó fuera del plan de usos de 2018, al disponer de su propio plan de usos.

Pizzerías y ‘take away’

El concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha afirmado que la medida responde a la voluntad de defender ese comercio, y como ejemplo cita la proliferación de hornos que no cumplían su función tradicional, sino que servían como centro de elaboración de comida para llevar o como pizzerías.

El plan de usos de 2018, que ya limita la apertura de supermercados de entre 150 y 399 metros cuadrados en zonas saturadas, se elaboró precisamente para garantizar la mixtura comercial, y la evidencia es que en algunos aspectos no lo lograba. Rabassa ha precisado que desde 2018 se ha abierto en Ciutat Vella una docena de supermercados de más de 400 metros cuadrados, por lo que procedía actuar para evitar más excesos.

Apoyo condicionado del PSC

En cuatro meses, el plan de usos estará actualizado y se conocerán las condiciones definitivas que quedan establecidas. La iniciativa ha sido presentada en una comparecencia ante los medios de comunicación por parte de Rabassa y por Montserrat Ballarín, concejala de Comercio.

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“Han aparecido fenómenos nuevos, han proliferado mucho las oficinas de cambio. Hay que actualizar el plan de usos, que en otros aspectos, como los culturales, es muy restrictivo”, ha explicado Ballarín, dando a entender que en algunos casos la revisión se hará para reducir las limitaciones, y no solo ampliarlas.

La concejala ha precisado que el PSC “se ha sumado” a la regulación con la condición de que se concrete en cuatro meses para no prolongar la suspensión en un momento de recuperación de la economía. Una precisión algo curiosa, más propia de un grupo que apoya puntualmente al gobierno municipal que de su socio oficial desde 2019.