Eloi Badia, sobre la querella por la cesión de un local: “El ayuntamiento ha actuado de forma correcta”

El concejal de Gràcia, Eloi Badia, que deberá declarar como investigado en septiembre a raíz de la querella presentada por vecinos de un bloque cercano a la sede del Casal Popular Tres Lliris, un local cedido por el ayuntamiento a los jóvenes de la entidad, que ocuparon el inmueble en 2015, considera que el asunto acabará sin consecuencias para el Ayuntamiento de Barcelona. Los denunciantes sostienen que el ayuntamiento debía haber abierto un concurso público en el proceso por el cual otorgó la sede al casal.

El consistorio cerró un acuerdo de cesión en 2017, y ahí está el origen de la denuncia por malversación y prevaricación a Badia y a otros empleados municipales: el exgerente del distrito Pere C., a su sucesor Rufino G., al director de servicios de Gràcia José María R. y a la exgerente del Patronato Municipal de la Vivienda Àngels M.

Vecinos del bloque

La querella por la que el juez ha citado a declarar como investigado a Badia parte de que aquella cesión de 2017 se hizo sin concurrencia pública, y por lo tanto, según los querellantes, de forma ilegal. En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona acuerda admitir a trámite la querella, presentada por la comunidad de propietarios de la calle Torrent de l'Olla, 203, donde está la finca ocupada.

“Creo que el ayuntamiento ha actuado de forma correcta”, afirma el edil, que subraya que es algo habitual que se cedan locales a entidades sin concurso: “En la ciudad hay unos 300 en esa situación”.

Badia recuerda como el distrito abrió un expediente de cese de actividad del local en noviembre de 2020 antes las quejas de los vecinos, que denunciaron molestias por parte de los usuarios del local. Entonces, el ayuntamiento afirmó que había actuado ante los avisos, pero los vecinos subrayaron que se habían sentido desasistidos.

Cambio de actitud

Ante el expediente de cese, los jóvenes fueron recurriendo, y cuenta Badia que en verano de 2021 se notó un cambio de actitud en el colectivo, que se mostró más propicio al acuerdo. A partir de ese cambio de tendencia, el ayuntamiento y el casal acercaron posiciones y en marzo pasado acabaron firmando un segundo convenio con otros cuatro años de duración que según Badia recoge las obras previstas de insonorización y es más estricto contra el uso multitudinario de la terraza del local, uno de los puntos que han generado quejas vecinales.

Según el concejal, el mayor problema se da cuando concluyen las actividades que el casal organiza dentro de la sede. Lo mismo que pasa en tantos bares, en casos en los que el debate está abierto. Los parroquianos que se concentran en el exterior generan molestias a los vecinos que duermen a unos metros. Es habitual que los vecinos consideren que los locales deben ocuparse de que eso no suceda. Es habitual que los responsables de los locales sostengan que solo la Guardia Urbana tiene autoridad para ordenar a los que están en el espacio público.

“Hemos pedido al casal que cierre en cuanto concluya su actividad”, subraya el edil, que recuerda que fiscalía archivó una denuncia por el ruido, y confía en que la nueva querella siga ese mismo camino.