Urbanismo

El Síndic de Barcelona considera "no ajustada a derecho" la tramitación de los ejes verdes

La oficina de David Bondia censura que el proyecto, que tiene una primera inauguración justo antes de las elecciones, se licitara antes de que finalizara el proceso de información pública

Imagen virtual del aspecto que tendrá Consell de Cent tras su conversión en eje verde del Eixample

Imagen virtual del aspecto que tendrá Consell de Cent tras su conversión en eje verde del Eixample / El Periódico

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Carlos Márquez Daniel
Carlos Márquez Daniel

Periodista

Especialista en Movilidad, infraestructuras, política municipal, educación, medio ambiente, área metropolitana

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Nada mal para empezar. O para llevar ocho meses en el cargo. La oficina de David Bondia, Síndic de Barcelona desde septiembre de 2021, ha presentado un informe este martes que pone en duda uno de los proyectos estrella del gobierno de Ada Colau. Pone en duda, ni más ni menos, la tramitación de los ejes verdes en Barcelona. Tras analizar el proyecto, reza el defensor del barcelonés a través de un comunicado, la conclusión es que la actuación de la concejalía de Urbanismo "no ha sido ajustada a derecho en cuanto al trámite de información pública y el principio de buena administración". Lo del Síndic es una advertencia. Pero la cosa podría terminar en denuncia particular.

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona trasladó a la Sindicatura en marzo de 2022 su malestar por la decisión del consistorio de licitar a través de la empresa BIMSA las obras de un proyecto, el de ejes verdes del Eixample, que todavía estaba en fase de tramitación. Según esta entidad, esta situación "vacía de contenido el trámite de información pública y vulnera el derecho de participación de la ciudadanía en asuntos públicos". Es decir, se cortó por lo sano son el 'ok' definitivo.

David Bondia, Síndic de Barcelona, en octubre de 2021

/ ZOWY VOETEN

A respuestas de esta acusación, el consistorio alegó que sí se puede iniciar la licitación de un contrato antes de la aprobación definitiva, puesto que BIMSA es "un poder adjudicador no administración pública (PANAP) que está sujeto a un régimen diferenciado". La respuesta del equipo de Bondia: "Reconocemos que los argumentos expuestos por el ayuntamiento constituyen una interpretación jurídica que puede resultar defendible, pero no la compartimos". El principio de buena administración, sostiene el Síndic, "comporta el derecho a participar en la toma de decisiones y, especialmente, el derecho de audiencia y el derecho a presentar alegaciones". "Además de acontecer un mecanismo esencial de participación ciudadana en los asuntos públicos, es un sistema para detectar posibles errores del proyecto que puedan ser expresados por cualquier persona", esgrime.

Posibles alegaciones

El consistorio, en cambio, considera que iniciar la contratación no lesiona el derecho a la participación ciudadana, puesto que las alegaciones presentadas en ese periodo "podrán ser resueltas oportunamente en el sentido estimatorio o desestimatorio, según corresponda". En el caso de que hubiera una modificación sustancial, señala Bondia, ello "obligaría a retrotraer el procedimiento de contratación".

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Por si la regañina legal fuera poca cosa, la Sindicatura afea que esta manera de proceder se han producido, para más inri, con un proyecto que, en teoría, se ha decidido junto a los vecinos. Desde otoño de 2020 hasta noviembre de 2021, recuerda Bondia, se realizaron varias sesiones informativas para dar a conocer el plan de Superilla Barcelona, con el objetivo de que fuese diseñado "conjuntamente con la ciudadanía y los agentes y partes interesadas". En total se organizaron una treintena de encuentros en los que participaron unas 1.500 personas. Según la encuesta de valoración efectuada por el consistorio, señala el defensor del pueblo, la parte peor valorada por las personas encuestadas fue la relacionada con las demandas de la ciudadanía y su bajo impacto en las decisiones finales que ha adoptado el equipo municipal de Ecología Urbana y Urbanismo.

Por todo ello, Bondia considera "indispensable" la defensa del derecho a un urbanismo armonioso y sostenible, pero reclama que esto sea "compatible con el derecho a la eficacia de los servicios públicos, la transparencia y el derecho a la información". Por parte del Síndic, la cosa queda en una regañina y una advertencia, y la recomendación de que se garantice la participación real y efectiva de la ciudadanía. Con este informe, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona podría elevar el asunto a instancias judiciales. El hecho de que la licitación se realizara antes de terminar el periodo de exposición pública puede responder a una cuestión de calendario: todo está previsto para que los primeros cuatro ejes verdes se inauguren justo antes de las elecciones.