El derecho a la vivienda

Amparo, desahuciada en el Gòtic del piso en el que llevaba sus 74 años sin impago alguno

  • La mujer vivirá temporalmente en una pensión que paga servicios sociales ya que nadie quiere alquilarle una vivienda

  • No debía nada: heredó la mitad de la propiedad que ha perdido y una decisión judicial llevó a que esta fuera subastada

Amparo Martínez Pino, en marzo, en el último intentó de desahucio que superó.

Amparo Martínez Pino, en marzo, en el último intentó de desahucio que superó. / JORDI OTIX

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Toni Sust
Toni Sust

Periodista

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A la quinta ha sido la vencida. Amparo Martínez Pino tiene 74 años y los ha vivido todos en el mismo piso, el principal primera del número 6-8 de la calle de Hostal d’en Sol, en el Gòtic. Es víctima de una situación compleja, enmarañada. No debe nada, no acumula impagos, como sucede en otros casos que acaban en desalojo. Porque de hecho ella vivía en su casa, era de propiedad.

Allí residió con sus padres y allí siguió después, cuando el 50% le correspondió en herencia. La otra mitad quedó en manos de unos sobrinos que la vendieron a una empresa. Esta llevó el asunto a la justicia. La juez decidió que los nuevos dueños de la mitad del piso tenían derecho a no compartirlo con Amparo y hubo una subasta a la que ella no pudo acudir, no tenía los recursos.

Subasta

Una vez vendida su parte, la mujer se encontró con 108.000 euros que no quería y formalmente sin piso. Ha resistido allí hasta que este miércoles la comitiva judicial, reforzada por siete furgonetas de agentes de los Mossos, ha logrado echarla. Los agentes han identificado y denunciado a una veintena de activistas por resistencia.

Amparo, que tiene un 63% de discapacidad mental, dormirá desde esta noche en una pensión del Gòtic junto con su compañero, Antonio. Una pensión que pagarán los servicios sociales del consistorio. Una solución temporal hasta que encuentre piso.

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Cuenta Martí Cusó, de Resistim al Gòtic, que no es nada fácil encontrar ese piso de alquiler. Los 108.000 euros que Amparo recibió por la subasta impiden que pueda acceder a la mesa de emergencia del ayuntamiento y han hecho que perdiera por un año la pensión no contributiva, de algo más de 400 euros, que percibía.

108.000 euros que después de impuestos quedarán en cerca de 80.000. Técnicamente no los controla, porque la jueza la incapacitó y entregó su tutela a la Fundació Mare de Déu de l’Esperança. Esa circunstancia, subraya Cusó, ha contribuido a que nadie quiera alquilarle un piso. Por lo menos nadie entre los 30 caseros por ahora contactados.