investigación judicial

La interventora municipal asegura que hizo "advertencias" a las subvenciones de Colau, pero que no vio ilegalidades

La funcionaria recuerda ante el juez que sus "recomendaciones" eran administrativas y de forma, a la vez que subraya que si hubiera detectado un delito debería haber ido a la fiscalía para denunciarlo

Ada Colau

Ada Colau / FERRAN SENDRA

J. G. Albalat
Toni Sust
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La delegada del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Carmen Torres Morales, declaró este martes ante el juez que las observaciones realizadas a las subvenciones otorgadas por el equipo de gobierno de Ada Colau a entidades afines eran "recomendaciones" y "advertencias de riesgo", lo que no suponía que existiera una ilegalidad o un delito. De haber sido así, precisó, debería haber acudido, como es su obligación, a la fiscalía para denunciar la situación. Fuentes jurídicas apuntan que el interrogatorio a esta funcionaria como testigo despeja las dudas sobre el funcionamiento de las concesiones de esas ayudas públicas por parte del consistorio, en concreto desde 2014 hasta 2020, periodo recogido en la querella presentada por la Asociación para la Transparencia y Calidad Democrática.

La defensa de Colau, ejercida por los abogados Alex Solà y Olga Tubau, sostiene que esta querella no tiene futuro puesto que una investigación similar ya fue archivada anteriormente por la fiscalía y espera que la causa se sobresea pronto. Además, sostiene que muchas de las entidades subvencionadas ya recibían ayudas con anteriores alcaldías de otro signo político. Entre las partidas ahora bajo sospecha figuran las otorgadas al Observatori DESC – donde la edila trabajó antes de entrar en la política-, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -de la que era portavoz y cabeza visible-, Alianza contra la Pobreza Energética y Enginyers Sense Fronteres.

La interventora ha detallado ante el juez de Barcelona que investiga la adjudicación de estas subvenciones las advertencias que realizó en sus informes, a la vez que aseguró que cada año redacta unos 300 dictámenes sobre este tipo de ayudas otorgadas por el área de servicios sociales. Recordó que las partidas ahora bajo sospecha se venían dando desde hacía tiempo. Sus informes confirmaron que se cumplían las exigencias para este tipo de subvenciones: interés público e imposibilidad de concurrencia pública.

La corrección

La principal "recomendación" o "advertencia" que plasmó era que al ser unas subvenciones directas a determinadas entidades deberían tener una dotación presupuestaria (es decir, figurar en los presupuestos del ayuntamiento) y nominativas. Ese aspecto fue corregido por el equipo de Colau en 2020. En 2018 no se pudo hacer porque los presupuestos se prorrogaron. Con los nuevos, el sistema se modificó definitivamente.

Otro de las observaciones que recogían sus informes, admitió la interventora, es que como el 75% de las subvenciones iban destinadas a pagar personal de las entidades que prestaban el servicio, existía la duda de que esto pudiera ser una relación contractual y por lo tanto se tuviera que hacer una licitación con concurso público. La gerencia municipal, sin embargo, defendió que no era una relación contractual, como lo que las ayudas estaban dadas de forma correcta. La testigo recalcó que sus recomendaciones no eran "una advertencia de ilegalidad" y si hubiera sido así se habrá paralizado el expediente. Asimismo, subrayó que la alcaldesa no tiene competencias para conceder subvenciones.

Rapapolvo del fiscal

El fiscal Luis García, encargado del caso, se ha opuesto ha opuesto a la petición de la asociación querellante, que ejerce la acusación popular, de que se solicite al Ayuntamiento de Barcelona "todos los convenios firmados" por las entidades investigadas con el consistorio entre 2014 y 2021, al considerar que es "excesivo, innecesario y falto de criterio jurídico". A su entender, no hay indicios que justifique la aportación "indiscriminada" de todos los expedientes, a la vez que recuerda que están prohibidas las causas "generales" basadas en "investigaciones prospectivas o a futuro".

La acusación pública añade que tampoco tiene "entidad y sentido jurídico" la petición de que la policía judicial proceda a "leer atentamente" la documentación aportada en la causa y "pongan de manifiesto las posibles irregularidades que detecten", una cuestión, subraya, que "sería más propia de quien pretende sostener razonadamente la acusación", es decir, la asociación querellante.