La desobediencia de los Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona

Se trata de tres hermandades de nombres difícilmente olvidables y absolutamente extemporáneos (o quizá no tanto, dadas las situaciones distópicas que nos están tocando vivir). La Hermandad de los Sargentos Provisionales, la Hermandad de los Caballeros Mutilados y la Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios. Hermandades a las que, en pleno siglo XXI y pese a los muchos años de denuncia vecinal, se les ofrecieron 5.000 metros cuadrados de suelo público en Barcelona en el que realizar sus desfiles del Cristo de la Buena Muerte. Terrenos que, para más inri, lindan con el patio de la escuela Eulàlia Bota. Para ser precisos, en este momento de la larga historia, las dos primeras hermandades -la de los Sargentos Provisionales y la de los Caballeros Mutilados- ya han cogido los 9.400 euros de indemnización que les ofrecieron a cada una para abandonar los terrenos (lo hicieron el verano pasado, tras un primer burofax desoído). Los que ni han cogido el dinero ni, sobre todo, tienen ninguna intención de irse, son los Antiguos Caballeros Legionarios.

En el año 2013, hace prácticamente una década, el entonces delegado especial del Consorcio de la Zona Franca -ente dependiente directamente del Estado y propietario de los terrenos de los viejos cuarteles de Sant Andreu desde 2004- firmó con estas tres hermandades la cesión "gratuita y temporal" de 5.000 metros cuadrados de suelo para sus "actividades": es decir para que pudieran desfilar por ellos recordando tiempos afortunadamente superados. Hasta entonces, los legionarios usaban (desde bastante tiempo atrás) el local como cantina, pero aquella firma les cedía también legamente la enorme parcela exterior. "Aunque su presencia en el barrio y los movimientos de rechazo vienen de mucho antes, el convenio de 2013 era especialmente hiriente porque les cedía, además, unos terrenos que llevábamos años reivindicando para equipamientos", se enfada al recordarlo Santi Serra, presidente de la asociación de vecinos.

Pisos privados

Pese a que en el instante de la cesión el alcalde era Xavier Trias, desde el actual ayuntamiento insisten -quizá también para disculpar que tras seis años de su gobierno, la entidad militarista allí sigue- en que la firma dependió en exclusiva del Consorcio de la Zona Franca, es decir, del Estado -en aquel momento con Mariano Rajoy al frente-, y que el ayuntamiento no jugó ningún papel.

Los terrenos en cuestión, en los que los vecinos no han podido entrar, pero basta ver la vetusta decoración de sus paredes para imaginar el interior, están calificados como vivienda. En su página de Facebook exhiben fotografías de murales en el recinto con mensajes como "Nuestra raza aún no ha muerto".

El CZF cedió en custodia al Ayuntamiento de Barcelona estos conflictivos terrenos en la reparcelación de viejos cuarteles, pero su pactado destino final es vivienda privada que debe impulsar Adif, otro de los actores de este lío urbanístico. Bien, Adif deberá convocar el concurso para encontrar a las constructoras privadas que levanten finalmente los futuros pisos.

Presión vecinal

Tras mucha presión por parte de la asociación de vecinos y del distrito, en enero de 2020, el Consorcio de la Zona Franca finalmente envió un burofax a las tres hermandades para rescindir la cesión de los espacios. Se les ofrecieron 9.400 euros a las dos primeras hermandades y 12.600 a la tercera. Es decir, 30.000 euros en indemnizaciones para acabar con el problema. Pero la cosa no fue tan sencilla, claro. En ese primer momento ninguna de las tres hermandades se presentó a recoger el dinero y se hizo el depósito.

"Estamos muy hartos. El 10 de febrero era la fecha límite. Si no estaban fuera ese día la vía judicial tenía que haberse abierto el mismo 11", critican desde la asociación de vecinos

En abril del 2021, más de un año más tarde -la pandemia tampoco ayudó a acelerar los trámites-, se pidió formalmente la convocatoria de la junta de compensación en la que se solicitó el desahucio. Fue entonces cuando, en verano de 2021, las dos primeras hermandades aceptaron el dinero, aunque no lo hizo la tercera, que sigue resistiéndose. Se les dio entonces una fecha límite para que abandonar el espacio, que era el 10 de febrero. Pero llegó la fecha y, ¡sorpresa!, no se marcharon. Ahora, según aseguran desde el consistorio, están en "la última fase de redacción de la demanda", y una vez esté lista, en breve, la presentarán en los juzgados para iniciar el desahucio por la vía judicial.

"Falta de voluntad"

Santi Serra, uno de los activistas vecinales de Sant Andreu que ha estado más encima durante todo el proceso, se muestra muy enfadado. "Estamos muy hartos. Los Legionarios hace un mes y medio que tenían que estar fuera. El 10 de febrero era la fecha límite. Si no estaban fuera ese día la vía judicial tenía que abrirse el mismo 11 de febrero y todavía no han llevado la demanda a los juzgados. Aquí hay una falta de voluntad política clara por parte de todo el mundo", lamenta el líder vecinal.

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