Barcelona se propone redoblar su combate contra el racismo

El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, y el comisionado de Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso, Khalid Ghali, han comparecido este lunes para abordar una nueva medida del gobierno municipal con el que este se propone redoblar la lucha contra el racismo en Barcelona, aprovechando que se celebraba el día internacional contra esta lacra.

Serra ha recordado que el 29% de los barceloneses han nacido en el extranjero, y que ese peso demográfico no se ha traducido en una representación proporcional de ese colectivo en los principales ámbitos de la sociedad.

Más denuncias pero no suficientes

El consistorio cuenta desde hace dos décadas con la Oficina por la No Discriminación, que en 2021 abrió 244 expedientes por situaciones de discriminación, de los que un 34%, el grupo mayoritario de las denuncias presentadas, estaban vinculados con el racismo. El incremento de esas denuncias fue de un 11% respecto de 2020. Serra se ha preguntado si eso se debe a que hay más racismo o que hay más denuncias, y ha apostado por lo segundo.

Pero a la vista de que siguen siendo pocas y para que afloren más denuncias, el consistorio abrirá dos puntos más de la Oficina por la No Discriminación, descentralizándola: uno se abrirá este año en la franja del Besòs, en Trinitat Vella, en el centro de vida comunitaria allí abierto, y otra estará en el centro de atención integral del barrio de la Marina más adelante, a partir de 2023.

Además, se insistirá en la formación contra el racismo del personal municipal que está en la primera línea de la atención al público, ya hecha en 2016: agentes de la Guardia Urbana, miembros de servicios sociales y personal de las oficinas de información ciudadana. Un dato sobre el personal del consistorio llama la atención: solo un 1% de ese colectivo corresponde al 29% de los nacidos en el extranjero.

Serra ha explicado que durante 2022 la medida tendrá un presupuesto de 400.000 euros y ha emplazado a la Generalitat a desarrollar el reglamento de la ley e igualdad de trato y no discriminación, aprobada en 2020, por la que el ayuntamiento podrá sancionar por situaciones en el espacio público y comunidades de vecinos que hasta ahora le eran ajenas. El consistorio tiene por ahora capacidad para sancionar por conductas racistas por tratos de menosprecio a la ciudadanía, en función de la ordenanza de convivencia; en discriminación en el acceso a la vivienda, como ya ha hecho, y por un uso discriminatorio del derecho de admisión, que suele darse esencialmente en discotecas.