El modelo de ciudad agrieta el gobierno Colau-Collboni en Barcelona

Una de las cosas buenas de formar parte de un gobierno es que la toma de decisiones te garantiza una exposición pública constante. Puedes dar noticias, sales en los medios, la gente te conoce. Y quién sabe, cuando lleguen las elecciones, los no muy duchos en materia política puede que te voten porque tu cara les suena. Lo malo es que si comandas una ciudad o una región en coalición, puede que las diferencias con tu aliado queden diluidas, que la gente ya no sea capaz de distinguir uno del otro, y que la oposición use ese vínculo para desgastarte. En Barcelona corren ese riesgo el PSC y los 'comuns', y por eso a poco más de un año de las municipales, los socialistas han empezado a marcar distancias con la bancada de Ada Colau. Y en temas sensibles que tienen que ver con el modelo de ciudad. Curiosamente, en la configuración del espacio público, la alcaldesa parece tener más sintonía con Esquerra.

Ya quedó claro que no están de acuerdo en asuntos como la ampliación del aeropuerto, los Juegos Olímpicos de Invierno o la instalación del Hermitage en terrenos del puerto (PSC a favor, Barcelona en Comú en contra). Tampoco en si es menester o no rendir homenaje a Copito de Nieve. El martes se produjo otro encontronazo, en este caso en la comisión de Urbanismo, con el plan de usos del Eixample como telón de fondo. Los socialistas se aliaron con Junts para que la limitación de licencias de restauración se centre en las calles que forman parte del proyecto de 21 ejes verdes y no en todo el distrito. Eso tiene su importancia, pues como ya señaló este diario, no es habitual que los socios voten de manera contradictoria una medida de gobierno.

ERC, el otro aliado

Es en la movilidad y el urbanismo donde han ido aflorando las principales diferencias. Todos se llenan la boca de defensa del peatón y de lucha contra la contaminación, pero el cómo les confunde. El tranvía, por ejemplo. Da la sensación de que el principal aliado de los 'comuns' es ERC y no el PSC. No porque estos últimos hayan votado en contra, que no ha sucedido, sino por su papel totalmente secundario en el proceso (un poco como Manuel Valls tras darle la alcaldía a Colau), hasta el punto de que el acto inaugural de las obras, hace escasos días, incluía siete discursos y ninguno de ellos era de Jaume Collboni, presidente del grupo municipal socialista, o de Laia Bonet, concejala de Movilidad del PSC y presidenta de TMB.

En cambio, lo que sí hicieron en septiembre de 2021 los socialistas, tres meses antes de que se adjudicaran los primeros trabajos de la conexión ferroviaria, fue poner en marcha la primera línea exprés de autobuses, la X1, que, oh casualidad, va de Francesc Macià hasta Glòries, iniciativa que, cómo no, la oposición usó para magullar al gobierno municipal y para blandir su propuesta de buses eléctricos en lugar de tranvías, infraestructura que partidos como Junts o Ciutadans consideran una herida abierta en medio de la ciudad.

Pacificar solo un poco

Pocos meses después, en febrero de 2022, la teniente de alcalde Janet Sanz presentaba con todo lujo de detalles, y los pertinentes 'renders', el diseño de los primeros cuatro ejes verdes del Eixample: Consell de Cent, Rocafort, Girona y Comte Borrell. Ese mismo día, un portavoz del PSC compartía la estupefacción del grupo municipal al considerar que el anuncio llegaba cuando, a su modo de ver, "todavía se estaban negociando algunos detalles". En la rueda de prensa, de hecho, solo había miembros de los 'comuns', ningún socialista. En diciembre de 2020, en la primera puesta de largo del proyecto Superilla Barcelona, sí estuvo presente Bonet.

La misma concejala de Movilidad diría días después que los ejes verdes pueden generar gentrificación por las diferencias importantes en el precio de la vivienda, y tampoco veía clara la distribución de paradas del Bicing o la imposibilidad de cruzar las calles afectadas de manera lineal. "No puede ser una lucha contra el coche", defendió en una entrevista en Betevé, al tiempo que solicitó tiempo para "ajustar, reconsiderar y volver a ajustar" el proyecto.

La bici llama a la puerta

La iniciativa ciudadana del bicibús también ha generado diferencias entre las dos fuerzas que comandan el ayuntamiento. Mientras que Barcelona en Comú abraza el proyecto (también Esquerra, con concejales participando), hasta el punto de que los impulsores temen que se les asocie políticamente con ellos, el PSC ha dado un apoyo de aplauso comedido, celebrando la apuesta por la movilidad sostenible pero poniendo límites al invento. Una vez más Laia Bonet en Betevé: "Comparto sus objetivos, pero no es imaginable que esta sea una práctica que se extienda en todas las escuelas cada día porque no tenemos suficiente policía municipal para gestionarlo". El objetivo del bicibús, de hecho, no es llegar a todos los colegios de Barcelona (ya tiene líneas en cinco de los 10 distritos), sino que busca llamar la atención sobre lo difícil que resulta moverse por la ciudad en bicicleta, sobre todo para los más pequeños.

La zona de bajas emisiones también levanta alguna que otra ampolla entre los socios de gobierno. A principios de semana, el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, explicaba que están estudiando la manera de avanzar en el veto a los coches más sucios, y señalaba los Euro 4 (etiqueta amarilla, modelos diésel del 2006 al 2013) como los siguientes de la lista. Añadía, eso sí, que no hay calendario y que nada se haría sin dar mucho plazo y sin negociar, por ejemplo, con los transportistas. Pero ahí quedaba el mensaje: la ZBE no se detiene.

Al día siguiente, a través de Twitter, Collboni rechazaba ampliar el proyecto: "Tras la pandemia, la crisis y la gran subida del precio de los carburantes, no dejaremos atrás al 40% de personas que tienen vehículos con etiqueta amarilla y no pueden cambiarlo". Curiosamente, otro socialista, Antonio Poveda, vicepresidente de Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona, en una comparecencia a finales de 2020, puso como fecha 2022 para dejar fuera de la zona de bajas emisiones a los coches con distintivo amarillo. No pasó a mayores.

Cambio de cromos

Todas estas diferencias coinciden en el tiempo con un importante cambio en las filas del PSC. En septiembre de 2021, Rosa Alarcón, con un perfil mucho más social que político, cedió la cartera de Movilidad y la presidencia de TMB a Bonet, concejala con algo más de 'punch' en la escena pública que, además, disputó las primarias socialistas a Collboni en 2014, en las que también concurría Jordi Martí, actual concejal de Presidencia y Presupuestos, que ahora se sienta en la bancada de los 'comuns'. Martí y Collboni vivieron un domingo de infarto, con acusaciones de pucherazo incluidas. El segundo se llevó el pato al agua, pero los dos han terminado en el mismo estanque.

Llegados al último año del mandato, que estrictamente se inicia el 28 de mayo, cuando faltarán 12 meses exactos para las municipales de 2023, las precauciones en el trato van dejando paso a la distancia más calculada. El jefe de filas de ERC, Ernest Maragall, intentó ese movimiento en la negociación de los presupuestos, pero falló: el partido le obligó a apoyarlos. Con el paso de las semanas, esa discrepancia de los republicanos ha quedado mitigada, y se aprecia de forma más intensa el desapego creciente del PSC, que ha cogido la costumbre de mostrarse crítico con muchas de las últimas decisiones del gobierno del que forma parte. Y de esta forma, el socio que ERC ha sido en la práctica para Colau podría acabar siendo más cercano que el oficial. Lo que no deja de tener lógica porque así hubiera sido todo de no haber mediado Valls en aquel giro de guión poselectoral.

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