Propietarios particulares sancionados en Barcelona llevan a juicio a Airbnb

"Querer Barcelona es compartirla con el mundo" o "te ayudamos a llegar a fin de mes" eran los mensajes publicitarios de Airbnb que sedujeron a miles de barceloneses y les llevaron a alquilar sus viviendas a turistas. Muchos de ellos carecían de licencia pero pensaron que alojar ocasionalmente o en el ámbito doméstico (en su propio domicilio) era factible. Hasta que llegaron las sanciones municipales (de hasta 60.001 euros) y se vieron "en medio" de la cruzada abierta entre la plataforma y el ayuntamiento de Barcelona persiguiendo la ilegalidad. Por ello, una entidad que los representa, ACABA, demandó a Airbnb por conducta desleal y engañosa, entre otros. El caso ha llegado este miércoles a los juzgados.

Tal y como avanzó este diario, los embargos y multas llevaron a movilizarse a particulares afectados, que constituyeron ACABA. Afrontaron una doble batalla. Primero para que el ayuntamiento no aplicase el mismo rasero a estos pequeños propietarios que a los multipropietarios que han hecho de la ilegalidad un negocio. Y segundo, para acabar con las tácticas de Airbnb Marketing Services SL (AMS), a la que acusan de haber incentivado el alquiler turístico por días sin exigir (anteriormente) el número de registro oficial de la actividad, conforme tiene licencia. Su publicidad incitaría a ejercer de anfitriones, sin advertir de esos requisitos legales, aducen.

En la primera contienda, el colectivo logró un acuerdo con el consistorio y frenó la ola de ejecuciones de pago. Todos los asociados dejaron la actividad en cuanto supieron de la ilegalidad, y la habían llevado a cabo muy puntualmente en su propio domicilio. Como relataron, lo hicieron durante unas vacaciones, en una parte de su hogar para tener ingresos extras, o en otras circunstancias para obtener ingresos extra que necesitaron, pero no como negocio, insiste un portavoz.

En la demanda --que reclama una indemnización de 2,36 millones, a razón de 220.000 euros para cada uno de los 118 asociados en aquel momento-- se estima que hasta 2018 se habían impuesto sanciones a usuarios de Barcelona que ascendían a casi 230 millones de euros, aunque algunas han sido anuladas por vulneración de derechos y garantías fundamentales. "Bajo la apariencia de una práctica colaborativa no profesional, la demandada ha estado realizando graves prácticas desleales contra sus propios consumidores y que están poniendo en un elevado riesgo a miles de personas, muchas de ellas con unas rentas bajas y en situación de vulnerabilidad", señala el abogado Dylan Tarín en la documentación que presentó en el juzgado mercantil número 10, donde se celebrado el juicio.

"Es importante porque a nivel jurídico se discute si Airbnb debe responder en España y no en Irlanda y si han cometido competencia desleal al promocionar una actividad no regulada sabiendo que sancionarían a los usuarios", valoran desde ACABA.

Este miércoles declarado una responsable municipal de inspecciones, peritos de las dos partes y un representante legal de la plataforma. Sin embargo, no ha acudido en calidad de testigo el que fuera entonces director general en España. Volverá a ser citado a declarar en un par de meses, tras lo cual se presentarán las conclusiones de cara a la sentencia.

Los casi cien folios de la demanda ya fueron previamente contestados con otros casi 200 por parte de Airbnb Marketing Services SL, quien solicitó que se desestimase aquella en tanto que la consideran "improcedente", y sin "base fáctica, probatoria o normativa". Además, sostenen que AMS "no es titular ni gestiona" y solo asume las tareas de márketing y publicidad, estando la matriz de la actividad en Irlanda. Este punto ha sido rebatido por Tarín en la sesión, que mantiene que la publicidad es ilícita y que Airbnb España debe ser responsable de sus usuarios en el país, además de serle exigible no anunciar viviendas sin licencia.

El alojamiento turístico en viviendas por días en Barcelona ha generado ríos de tinta y debate desde su irrupción. Supone un negocio multimillonarios para este y otros portales de reservas, ha llevado al ayuntamiento ha prohibir su crecimiento más allá de las 9.600 licencias otorgadas (convertidas en objeto de especulación, muchas veces en manos de multipropietarios) y ha generado un mercado ilegal paralelo que durante años proliferó ante la facilidad de su promoción en portales como Airbnb. Por no hablar de las demandas cruzadas entre la multinacional y las administraciones.

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