Barcelona reduce a más de la mitad el despliegue de 48 radares dentro de la ciudad

Lo que debía ser una rueda de prensa de manual sobre los siniestros de tráfico del año anterior se ha convertido en una autoenmienda del gobierno de Barcelona a su propio plan de despliegue de radares en el interior de la ciudad. En marzo de 2021, la anterior concejala de Movilidad, Rosa Alarcón, informaba de que el año terminaría con 32 radares instalados en puntos de la ciudad en los que la velocidad es un factor importante de riesgo. Este martes, su sucesora en el cargo, la también socialista Laia Bonet, ha reducido esa cifra a tan solo cinco. Y en función de cómo vaya la cosa, ya se verá qué pasa con el resto. Se mantienen en cartera los 12 que se colocarán en entornos escolares y los cuatro de tramo en lugares simbólicos como los túneles de la Rovira o Badal. Todo esto sucede, y no es cosa menor, a poco más de un año para las elecciones.

Los medidores de velocidad se empezarán a instalar en mayo. Los de punto y los situados en las escuelas tendrán tres fases. En septiembre tendrán una primera etapa pedagógica en la que los conductores podrán ver en una pantalla la velocidad a la que circulan. Nada más. En un segundo estadio, de octubre a finales de diciembre, los infractores recibirán una carta en casa que será meramente informativa. A partir de enero de 2023 ya no habrá margen: sanción. En el caso de los radares de tramo -sumen a los ya expuestos los de Glòries y la Ronda Litoral- no existe la posibilidad de indicar la velocidad en 'displays', así que entre mayo y finals de julio se procederá a enviar las cartas notificando, pero no multando, el exceso de velocidad. En agosto, se acabó la manga ancha. Así las cosas, en enero ya estarán operativos 32 radares: los 11 que ya funcionan en los accesos de la ciudad, los 12 de las escuelas, los cuatro de tramo y los cinco de punto. Hay que sumarles los radares móviles de la Urbana. Entre unos y otros, en 2021 impusieron un total de 358.097 sanciones, casi mil al día.

A la espera

Son muchos, pero el plan original hablaba de un total de 59. Los 27 que se quedan en barbecho, ha detallado Bonet, se implementarán "teniendo en cuenta el efecto que produzca gradualmente" la colocación de los que sí están previstos. "Los pondremos o no en función de cómo cambian los hábitos". Para al resto no hay calendario ni garantía de que vayan a tener cabida en la ciudad. Sobre el retraso del proyecto -la idea inicial era que estuvieran operativos a finales de 2021-, la concejala de Movilidad ha respondido que se debe a una prolongación del proceso de licitación a consecuencia "de un recurso previo".

Toda esta información se ha colado de manera no prevista (por la prensa) en la presentación del balance de la siniestralidad de 2021, un año que todavía tiene un barniz de pandemia que no permite alcanzar conclusiones sobre el momento por el que atraviesa Barcelona en materia de seguridad vial. La movilidad fue todavía floja en el primer semestre y se recuperó en el segundo, hasta el punto que ya estamos en niveles previos a la pandemia. Entre enero y diciembre se registraron 7.000 accidentes con víctimas, 19 cada día, un 24,3% menos que en 2019. Perdieron la vida 12 personas (11 hombres y una mujer, ocho de los cuales, motoristas) y los heridos graves fueron 166, un 25,3% menos que antes del covid.

Colectivos vulnerables

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha puesto el acento en los colectivos vulnerables, puesto que el 85% del total de heridos graves corresponden a personas que iban a pie, en bici, en patinete o en moto. Sobre los vehículos de movilidad personal (VMP), ha recordado la voluntad municipal de "poner orden en las nuevas maneras de desplazarse por la ciudad". De las 30 campañas de prevención emprendidas el año pasado, siete estaban destinadas a bicis y patinetes, algo que el colectivo de ciclistas no ve con buenos ojos porque consideran que se les está criminalizando cuando el grueso de los accidentes los causan los coches y las motos.

Las cifras de sanciones dejan claro el empeño del gobierno de Ada Colau en ordenar los VMP. En 2021 se impuso un total de 18.665 denuncias a usuarios particulares de patinete (y similares), un aumento del 185,14% respecto a 2019. Lo más perseguido, la circulación de riesgo (10.361 sanciones) o circular por donde no corresponde (aceras, básicamente, con 6.951 multas). En cuanto a las bicicletas, el incremento fue del 82,4%, con un control mucho más exhaustivo de los ciclistas que no adoptan las medidas de seguridad correspondientes (11.070 sanciones, casi 6.000 más que en 2019).

Los colectivos de ciclistas recuerdan que el grueso de los accidentes los protagonizan las motos y los coches y lamentan que la Urbana destine tantos esfuerzos en "criminalizarles". Del total de vehículos implicados, el 68% son turismos y motocicletas, por un 6m3 de bicicletas y un 5,7% de VMP. Este último colectivo, no obstante, ha experimentado un crecimiento espectacular, puesto que en 2019 solo estaban envueltos en el 2,6% de los siniestros. En cuanto a las causas, la falta de atención al volante sigue creciendo. Quizás un radar ayude a poner todos los sentidos en la carretera. Quizás no.