Las subvenciones denunciadas de Colau: 1,2 millones en ocho años

Ada Colau tendrá que ir a declarar, según ha confirmado el juez este jueves, el próximo 4 de marzo por una querella presentada a raíz de la concesión de subvenciones al Observatori DESC, donde ella trabajó, de las que se benefician Enginyers sense fronteres (ESF), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que fue portavoz y cabeza visible, y donde se labró una trayectoria a partir de la cual llegó a la política y a la alcaldía de Barcelona.

La alcaldesa está citada a declarar el 4 de marzo ante el juzgado número 21

Acudirá al juzgado como investigada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. La concreción y naturaleza de las ayudas denunciadas ha quedado en un relativo segundo plano en el contexto del ruido que suele acompañar a los debates, especialmente en las redes sociales, entre los detractores y los partidarios de la alcaldesa, una figura que tiende a generar polarización. Pero esa concreción existe. Se conoce cuánto dinero suponen esas subvenciones, el sistema por el que se otorgan y las actividades que financia.

La cantidad

No es fácil determinar en la querella cuál es la cantidad que según la entidad que ha denunciado a Colau, la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, está bajo sospecha. En la parte inicial del texto de la denuncia, el resumen del caso se inicia así: “En los ejercicios 2019 y 2020, el consistorio municipal, ha otorgado subvenciones por importe aproximado de 80 millones, de forma presuntamente arbitraria y discrecional (…) con el único objetivo presuntamente de financiar las actividades y el funcionamiento de entidades como DESC, PAH, ESF, Alianza contra la Pobreza Energética, etc”. Pero esa cantidad rebasa el total que suman todas las subvenciones municipales de esos años: 67,2 millones en 2019 y 76,9 en 2020.

Según los datos que aportan fuentes municipales, las subvenciones denunciadas suman 1.225.459 euros en cuatro convenios entre 2014 y 2022. De hecho, la querella cuestiona las subvenciones del periodo 2014-2021, hasta la mitad del convenio vigente.

DESC es la entidad titular de las subvenciones mediante convenios que prevén la participación de las otras entidades citadas. En el primer convenio, firmado con Xavier Trias como alcalde para el periodo 2014-16, la cantidad fijada eran 240.000 euros, 120.000 por año, pero solo incluía a la PAH. ESF y la APE se incorporaron a partir del segundo convenio, el de 2016-18, ya con Colau al frente del consistorio. Ese añadido, dicen las mismas fuentes, explica que el presupuesto subiera a 336.259 euros, 168.129,5 anuales.

En el convenio de 2018 a 2020, la suma fue de 324.600 euros, la misma que en el vigente, de 2020 a 2022, 162.300 euros anuales. Desde este último convenio, la subvención es nominativa, es decir, figura en los presupuestos del ayuntamiento. Anteriormente, era subvención directa, es decir con carácter extraordinario, algo que tenía sentido la primera vez que se entregó, pero que una vez convertida en estable lo pierde. Un informe de fiscalización advirtió de este hecho y cuando en verano fiscalía archivó una denuncia similar a la actual, subrayó esa irregularidad aunque no la consideró delito, como ha subrayado estos días el gobierno municipal.

Las actividades

Sobre a qué se dedican los recursos fijados en el convenio, las fuentes municipales relatan que hay tres “ámbitos de actividad”. El primero es el “empoderamiento” de afectados por situaciones vinculadas a la vivienda y a partir del segundo convenio de cuestiones relacionadas con los suministros energéticos. Por ejemplo, las asambleas de la PAH, el asesoramiento a personas que han sido desahuciadas o van a serlo, la negociación con entidades bancarias o empresas suministradoras.

El segundo ámbito de actuación es la “visibilización” de las situaciones vinculadas con la vivienda y la energía mediante la elaboración de datos sobre desahucios y problemas de suministros. El tercer ámbito de actuación es el de la “incidencia política”: la participación en la elaboración y el trámite de normativas, propuestas de ILPs, redacción de leyes vinculadas con la vivienda o la energía, formación de profesionales sobre estos temas.

El convenio sirve para financiar parte del salario de cinco personas: una que asume la coordinación de equipo y otras labores; un técnico en vivienda; un técnico en energía; un jurista, y una persona que se dedica a la comunicación. Entre otros, han percibido nóminas de DESC la actual portavoz de la PAH, Lucía Delgado, como antes su antecesor, Carlos Macías, y antes, desde 2014 hasta que dejó el cargo para presentarse a las municipales, la propia Colau. Pero no han percibido esas nóminas por su condición de portavoces de la entidad, una actividad no remunerada ni incluida en el convenio, sino por labores hechas en DESC. De hecho, la PAH ha tenido otros portavoces que no han tenido salario del observatorio porque no han trabajado allí.

Tres tipos de subvenciones

Hay tres tipos de subvenciones. En primer lugar, las de concurrencia, en las que se prevé un concurso. Si es concurrencia competitiva, uno o más aspirantes logran las subvenciones por acreditar mejores requisitos que otros. Si es no competitiva, la recibe todo el que acredite las condiciones exigidas.

El segundo tipo es el nominativo: no hay concurso pero las subvenciones aparecen citadas en los presupuestos, con la transparencia que eso supone. El tercero son las directas, extraordinarias, como fueron los tres primeros convenios citados.

Según las mismas fuentes municipales, sea cuál sea el tipo de subvención, para que sean concedidas deben contar con un informe técnico, uno jurídico, uno de los gerentes y uno de intervención. Y cada entidad receptora debe elaborar una justificación de a qué ha dedicado los recursos de forma anual: aunque el convenio sea bianual, si un ejercicio registra alguna duda o irregularidad, no se cobra el siguiente hasta que se resuelvan. De hecho, DESC cobró tarde un año por la existencia de una de esas dudas, que se resolvió favorablemente.

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