El juez confirma la imputación de Colau por las subvenciones a entidades afines

El juez de Barcelona Ignacio Sánchez García-Porrero ha confirmado la imputación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a diversas entidades afines, entre ellas el Observatori DESC – la edila trabajó antes de entrar en la política-, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -de la que era portavoz y cabeza visible-, Alianza contra la Pobreza Energética e Enginyers Sense Fronteres. De esta manera, el magistrado rechaza el recurso presentado por la edil en la que reclamaba el archivo de la causa por no haber intervenido directamente en la concesión de estas partidas de fondos públicos.

El togado argumenta que el Tribunal Supremo sostiene que contra el auto de admisión de una querella no cabe recurso y que el escrito presentado por la alcaldesa lo que hace y "de forma prolija" es simplemente dar una "declaración exculpatoria". En su resolución, de menos de tres folios y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez recuerda que la admisión a trámite de una querella se acuerda cuando existen unos hechos que "indiciariamente" podrían ser constitutivos de delito, "no implicando nada más". Asimismo, incide de que el hecho de que la fiscalía hubiera archivado una denuncia similar no impide que se abra una investigación.

Las subvenciones denunciadas de Colau: 1,2 millones en ocho años

Financiar salarios

El juez mantiene así la citación de Colau para el próximo 4 de marzo en el marco del proceso judicial abierto por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática sostiene en su querella que el único objetivo de estas subvenciones era "financiar los salarios, actividades y funcionamiento general de organizaciones afines". Como ejemplo, cita títulos de informes como Fortalecimiento de capacidades organizativas e incidencia en La Toglla-Quito (Perú), Fortalecer capacidades en la provincia de Inhambre (Mozambique) o Compost y educación ambiental en Maputo.

Fuentes municipales han asegurado a este diario que el recurso no era contra la citación como investigada de la alcaldesa, sino contra la admisión a trámite de la querella, aunque también pedían el archivo. Han precisado que desde el primer día tanto Colau como el equipo jurídico formado por abogados del Ayuntamiento con la colaboración de Olga Tubau y Alex Solà trabajan con "la certeza" que la declaración se producirá el 4 de marzo. Y subrayan que se han remitido al juzgado hasta ocho infirmes técnicos para que el juez "disponga de toda la información necesaria antes de la declaración, con el convencimiento que la causa será archivada", tal y como pasó con un caso similar en fiscalía

Los fondos públicos

No es fácil determinar en la querella cuál es la cantidad que según la entidad que ha denunciado a Colau, la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, está bajo sospecha. En la parte inicial del texto de la denuncia, el resumen del caso se inicia así: “En los ejercicios 2019 y 2020, el consistorio municipal, ha otorgado subvenciones por importe aproximado de 80 millones, de forma presuntamente arbitraria y discrecional (…) con el único objetivo presuntamente de financiar las actividades y el funcionamiento de entidades como DESC, PAH, ESF, Alianza contra la Pobreza Energética, etc”. Pero esa cantidad rebasa el total que suman todas las subvenciones municipales de esos años: 67,2 millones en 2019 y 76,9 en 2020. Según los datos que aportan fuentes municipales, las subvenciones denunciadas suman 1.225.459 euros en cuatro convenios entre 2014 y 2022. De hecho, la querella cuestiona las subvenciones del periodo 2014-2021, hasta la mitad del convenio vigente.