Clausurados cuatro laboratorios en Barcelona por hacer PCR y tests de antígenos sin licencia

Es habitual que las desgracias sirvan para que alguien gane dinero, y la pandemia de covid no podía escapar a esa posibilidad. En Barcelona, como debe de suceder en muchos lugares del planeta, han proliferado establecimientos que practican pruebas PCR o tests de antígenos sin contar con la licencia preceptiva para hacerlo. La Conselleria de Salut es muy clara al respecto: insta a la ciudadanía a acudir únicamente a los locales autorizados para tales actividades, los que pueden emitir un certificado digital que acredite un negativo en covid, que figuran en una lista en el canal Salut de la web del departamento.

Para detectar a los ilegales, Salut acordó un protocolo con la Guardia Urbana, un convenio puesto en práctica a partir de enero, que se ha concretado ya en clausuras y órdenes de cese de actividad. El pasado viernes, una inspección vinculada con este protocolo se zanjó con el cierre de cuatro locales por practicar las pruebas sin la homologación de la Generalitat y sin ningún tipo de licencia municipal, así como el cese de actividad en otros dos a los que les faltaba autorización para los tests.

Los detectados

Los locales afectados por la orden de clausura están en Roselló, 477; Ausiàs Marc, 12; Cotoners, 8, y Laforja, 40. En cuanto a los dos que sí tenían licencia para otras actividades pero no para las pruebas covid, están en Roger de Llúria, 86 y en el paseo de Sant Joan Bosco, 59. A estos dos se les impuso una orden de cese de actividad en relación con los tests.

El procedimiento previsto es que los agentes de la Guardia Urbana notifiquen la existencia de locales que hacen tests sin licencia, al detectar colas en centros de los que no se conoce su cometido. También se pueden hacer inspecciones a raíz de denuncias de la ciudadanía.

Cuando la Guardia Urbana se topa con uno de estos casos, comprueba con la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS) si el centro es uno de los 90 homologados que consta en la lista de Salut y que por lo tanto está facultado para hacer PCR y test de antígenos en la ciudad. Las tarifas eran inferiores a las de los centros autorizados, y variadas entre ellas. Y se entiende que las personas que acudían a estos locales recibían documentos que no les servían como certificados legales.

Ocho cierres en total

En enero, por el mismo protocolo, se cerraron otros dos locales, lo que eleva a ocho los que han sido detectados practicando pruebas ilegalmente. En el caso de los inspeccionados el viernes, la Guardia Urbana interpuso, además de las órdenes de cierre o de cese de actividad, 21 denuncias en total, en su mayoría por no dispone de la documentación necesaria, por problemas relacionados con las medidas de protección contra incendios, con las condiciones higiénicas o por no ajustarse su licencia real con la actividad practicada. En uno de los casos se iniciarán diligencias penales por un delito de intrusismo laboral.

Jordi Oliveras, portavoz de la Guardia Urbana, ha explicado este lunes en una comparecencia que en enero se ha analizado ofertas de tests en las redes sociales y “un seguimiento” de todas las clínicas que hacían pruebas. Se detectaron seis locales que inspeccionar, lo que se hizo el viernes. Son los ya citados, de los que dos siguen abiertos, aunque instados a no hacer esas pruebas.

Azucena Carranzo, directora general de Ordenació i Regulació Sanitària, advierte de por qué en algunos casos se clausuran centros y en otros, solo parte de su actividad: “La diferencia está en que haya o no un riesgo sanitario. En el caso de los que se aprecia riesgo para la población, se optar por cerrarlos. Los otros no disponen de autorización para algunas pruebas, pero sí para otras”. A estos últimos, se les insta a lograr la licencia que le falta.

Carranzo ha pedido la colaboración ciudadana: “Cuantos más ojos tengamos en la ciudad, más fácil será descubrir centros ilícitos que puedan ser un riesgo para las personas”. De hecho, ha precisado que el primer local ilegal detectado lo fue por una denuncia ciudadana.

Locales sin personal sanitario

La casuística de los locales clausurados o que han recibido la orden de cese de actividad es muy variada, subraya la directora general. En un caso, el local no reunía las condiciones, por ser demasiado pequeño, y no había personal sanitario, lo que puede llegar a estar castigado por el Código Penal. En otro, procesaban las pruebas en el mismo local, lo que no es lícito. La directora general ha explicado que también fuera de Barcelona se ha cerrado establecimientos, y ha citado casos en Tarragona y en Figueres. Ha llamado a “desconfiar de las webs con precios bajos y de los que ofrecen resultados en minutos”.