Batalla judicial para que Lili no caiga en el olvido

Lili, como era conocida por todas, llegó a Barcelona en el 2011. Madre de dos hijos, esta mujer de origen moldavo fue captada por una red de trata con fines de explotación sexual. Durante ocho años, desde su llegada a la ciudad hasta su muerte, en abril de 2019; fue obligada a prostituirse en el Raval, a ojos de todos, donde los tratantes ejercían sobre ella violencia física y control. Su muerte en el Hospital del Mar por una leucemia no tratada, según el acta de defunción, pero donde la llevaron sus compañeras tras encontrarla llena de golpes, atravesó a las mujeres que ejercen la prostitución en la calle d'En Robador y a los colectivos que las arropan.

Para que su caso no caiga en el olvido y, sobre todo, para evidenciar los fallos en el sistema de protección de las víctimas de trata en España, acaban de presentar cuatro demandas -a la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Fiscalía- por no proteger a la mujer pese a conocer su situación de extrema vulnerabilidad. "Hacía años que veníamos denunciando la situación sufrida por Lili. Su muerte demuestra la hipocresía de una sociedad que nos vende que nos va proteger", resume Janet Elizabeth Mérida, portavoz de Putes Indignades, colectivo denunciante junto a Fundación Ámbit Prevenció y Genera, representadas por Women’s Link Worldwide.

Visible para las multas

"Durante una operación policial Lili se autoidentificó como víctima de trata y explicó que estaba siendo explotada sexualmente y que temía por la vida de sus hijos. Estuvo a punto de denunciar, pero finalmente no lo hizo por temor a las represalias contra sus hijos, y fue esa negativa a denunciar la que hizo que las autoridades policiales le negaran la protección a la que tenía derecho", cuenta Mérida, quien señala a la ley de Extranjería. "No la protegieron, pero sí tenía una orden de expulsión y multas por ofrecer servicios sexuales en la vía publica. La habían denuncian incluso porque decían que tenía un mueblé a su nombre porque tenía una habitación alquilada para dormir, las pocas horas que dormía, porque a veces estaba hasta 20 horas en la calle", prosigue la portavoz de Putes Indignades, quien la intentó ayudar hasta el último día. "Vivía en un bucle, pensando solo en proteger a sus hijos, en manos de la mafia, en Rumanía. No quería ir al médico porque no podía dejar de ganar el dinero que le exigían, y no quería denunciar por sus hijos. Se había llegado a pasar toda la noche andando por la calle para huir de la policía. Pero las administraciones, todas, tenían que haber actuado pese a sus negativas porque conocían la situación. La conocían", insiste todavía impotente Mérida.

Sus compañeras explican que Lili estuvo un año muriendo en la calle. Apagándose a ojos de todos, con un problema de salud mental evidente. "Su deterioro era tremendo. Cuando se le acercaban para preguntarle era todo un 'no, no, no' y a eso se acogen las administraciones para justificar no haber hecho nada. A qué no se dejaba ayudar. Excusan así su falta de humanidad", relatan dolidas.

Las denunciantes exponen que el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, "documentó el deterioro de la salud física y mental de Lili e informó repetidamente a la Fiscalía y a los cuerpos policiales sobre sus sospechas de que era una víctima de trata, así como de la situación de extrema violencia que sufría". Pese a ello, Lili murió desprotegida. Es por ello que, más allá del caso concreto de Lili, para quien piden justicia, la denuncia -subrayan- quiere dejar constancia de que el sistema de protección de las víctimas de trata en España falla.

Proceso largo

Gema Fernández, abogada de Women’s Link Worldwide, señala que están frente a un periplo judicial que puede durar años. Cuatro procesos paralelos en cuatro juzgados distintos por una misma causa. "Estamos preparadas para ir recurriendo las decisiones que probablemente salgan desfavorables y sabemos que probablemente tengamos que recurrir a otros mecanismos internacionales", afirma la letrada, quien apunta que el objetivo de las denunciantes es revisar qué fallo. "Que este caso sirva para abrir el debate sobre cómo se están haciendo las cosas. Es necesario que cambie el enfoque. El problema es que en España no se pone el foco en los derechos humanos, sino en la cuestión policial y de control migratorio", resume la abogada.