DERECHO A LA VIVIENDA

Gran despliegue policial para desahuciar a una familia a cuatro días de la Navidad en Barcelona

  • Pese a que se trata de una familia vulnerable la suspensión de cuyo desahucio había sido solicitada por la ONU, el juez ha decidido seguir adelante con el desalojo, en el 209 de la calle de Roger de Flor

Ferran Nadeu

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Helena López
Helena López

Redactora

Especialista en movimientos sociales y vecinales

Escribe desde Barcelona

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A un día de la llegada oficial del invierno y a cuatro de la Navidad y en plena sexta ola, un gran despliegue de los Mossos d'Esquadra ha ejecutado este frío lunes pandémico la orden judicial de desalojo contra Carlos y su madre, de 72 años, en el 209 de la calle de Roger de Flor, en el Eixample barcelonés. Familia con un informe de vulnerabilidad acreditada que vive en un piso propiedad de una SL -gran propietario- que compró la finca entera en el 2017 y optó por no renovar los contratos de alquiler.

El de este lunes era el séptimo intento de desahucio de esta familia, arropada por el Sindicat d'Habitatge de Gràcia, el Sindicat de Llogateres de Barcelona y la PAH, y ha sido el definitivo. Pese a la moratoria estatal -vigente hasta el 28 de febrero- y que decenas de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda de toda la ciudad se habían concentrado frente a la vivienda para intentar evitarlo, esta vez no ha sido posible. Mientras se conocía la noticia que el Govern destituía al mayor Trapero de su cargo, un importante número de agentes ejecutaba el que los movimientos sociales habían bautizado como "el último desahucio del año" -ya que las comitivas judiciales descansaran hasta después de fiestas- e identificaba una por una a las personas concentradas para intentar evitarlo.

Carlos en el interior de su vivienda antes de la llegada de la policía para la ejecución del desahucio, este lunes en Barcelona.

/ Ferran Nadeu

El caso de Carlos y su madre era especial para el movimiento en defensa de la vivienda porque simbolizaba "la resistencia contra la especulación inmobiliaria", señalaban el pasado jueves, cuando convocaron a toda la ciudadanía a concentrarse hoy frente a la casa de esta familia para evitar lo que ha acabado sucediendo. Desde la PAH insisten en la idea que si la Generalitat hubiera aprobado la ley catalana de la vivienda tal y como el 'president' Pere Aragonès se comprometió a hacer, esta familia no se encontraría hoy en esta situación ya que esta ley -hoy parada por las enmiendas introducidas al texto por JuntsxCat- obligaría a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables antes de desahuciarlas.

Para este último lunes de desahucios había también previsto otro lanzamiento en Badalona, de una familia con dos criaturas de 10 y ocho años, finalmente aplazado, y otro en el barrio de Rocafonda, en Mataró (Maresme), que, como el de Roger de Flor, también ha sido ejecutado con fuerza policial.

Livia y Juan en el recuerdo

La escena vivida este lunes en el Eixample recordó mucho a la vivida hace justo dos años, el 20 de diciembre del 2019, en Gràcia, cuando otro gran despliegue policial ejecutó también el desahucio de Livia y Juan y sus tres hijos, también a cuatro días para la Navidad y también pese a la gran oposición mostrada por sus vecinos. 

Ferran Nadeu

Larga negociación

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En la larga lucha de Carlos y su madre por quedarse en el piso en el que vivían de alquiler llamaron a muchas puertas. La última fue pedir el recurso de la ONU, que fue aceptado por las Naciones Unidas pero no por el juez (esta carta sí había servido en casos similares defendidos por las asambleas de vivienda en La Sagrera y el Gòtic). Antes, tanto desde los movimientos sociales como desde la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona se habían intentado varias vías. Una de ellas fue que esta familia se acogiera a la ampliación del plan de la Generalitat Reallotgem, presentado por la 'conselleria' de Drets Socials el pasado mes de julio en el que el Govern ponía sobre la mesa 20 millones de euros para pagar de forma temporal los alquileres a familias vulnerables con orden de desahucio marcada en los próximos 30 días y con un informe favorable de la mesa de emergencia. Al tratarse de una medida voluntaria -la propiedad tiene que aceptar- pese a que la familia cumplía los requisitos -son vulnerables y tenían orden de desahucio- no pudieron acogerse al plan al negarse la propiedad.

Sobre este fenómeno, el mes pasado, tres meses después del anuncio por parte de la 'consellera' Violant Cervera de la nueva medida, desde la oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona advertían de que esta no funcionaba y que la inmensa mayoría de casos quedan fuera. Según cifras del consistorio, de los 400 desahucios de los que habían tenido conocimiento entre el 13 de septiembre y el 3 de noviembre solo 68 pasaron todos los filtros para acogerse al plan, de los que solo finalmente solo lograron 17 acuerdos.

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