Cuando alquilamos el piso a un extranjero pero se lo negamos a un inmigrante

Igual que nos gustan los viajeros pero nos disgustan los turistas, nos suenan mejor los extranjeros que los inmigrantes. No es una constatación que sorprenda, pero puede demostrarse con datos, como lo hace un estudio sobre racismo inmobiliario obra de la consultoría social Broll SCCL, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y presentado este jueves, que ha detectado, con una metodología apropiada, que existe una discriminación en el ámbito del sector de la vivienda de alquiler que se activa cuando un inmigrante intenta convertirse en inquilino.

El informe, titulado ‘Discriminación a la carta’, elaborado con un presupuesto de 18.000 euros, se hizo mediante la técnica del ‘mystery calling’, frecuente para evaluar la calidad de los servicios de atención al cliente de las empresas. Personas que fingían ser propietarios de una vivienda que querían alquilar llamaron a 350 agentes inmobiliarios de Barcelona (en la ciudad había 2.358 en 2020) para solicitar que pusieran su piso en el mercado pero con una condición: que no aceptaran a inquilinos potenciales que fueran personas inmigrantes.

La conclusión principal: el 62% de los agentes inmobiliarios consultados aceptaron imponer ese veto y excluir a los clientes de origen extranjero. Solo un 10% se negó en redondo a aceptar el requisito. Un 24% no aceptó la discriminación pero si la facilitó. Es decir, no se abrió a descartar candidatos pero sí a advertir a la propiedad de cuáles eran foráneos para que esta supiera que debía rechazarlas. Por último, un 4% se limitó a no responder en un sentido u otro al envite de los dueños ficticios del piso.

Extrajero: suena fiable

La responsable del informe, Ariadna Fitó, socia de la consultora y profesora asociada de Sociología en la UAB, ha subrayado el contraste que existe entre las palabras inmigrante y extranjero cuando se busca un inquilino para un piso de alquiler. Ha argumentado que hay una pirámide que clasifica lo que resulta más y menos deseable, y ha destacado que el de la población extranjera es un perfil que se considera deseable, porque se asocia a clientes con recursos. Y aunque no lo ha detallado, se asocia también con determinados países con un poder adquisitivo elevado. En cambio, cuando se habla de población inmigrante, la asociación se hace en un sentido opuesto, tanto en dinero como geográficamente hablando.

Otra constatación del estudio es que la discriminación es una realidad escondida en el sector, ya que el 19,4% de los agentes contactados advierten de manera espontánea a los supuestos propietarios que no pueden publicitar la discriminación que reclaman. Y lo hacen sin que esos propietarios hayan solicitado directamente que el veto figure en el anuncio. Lo que sugiere que están habituados a estas situaciones.

‘Discriminación a la carta’ expone cómo los agentes que aceptan imponer el veto suelen detectar a los inmigrantes por vías muy concretas: el acento en la primera llamada telefónica, el aspecto en una visita y, más claramente, la documentación que aportan. Todo ello ayuda a lograr el objetivo del veto sin que quede claro el motivo del rechazo. Lo frecuente es que los agentes indiquen que le dirán al cliente no deseado que el piso ya está alquilado.

Ni sanciones ni inspecciones

Barcelona no tiene potestad para inspeccionar la labor de los agentes y el objetivo del informe no es sancionarlos, sino detectar hasta que punto está extendida la discriminación. Lo ha recalcado el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, que lo ha presentado junto a Fitó. Serra ha explicado que el trabajo se ha trasladado al Col•legi d'Administradors de Propietats Immobiliàries (API) y la Cambra de la Propietat Urbana para que lo tengan en cuenta.

El colegio, por cierto, es un factor relevante en el estudio, que sostiene que el porcentaje de rechazo a las prácticas racistas es más elevado entre los agentes colegiados que entre los que no lo están. Entre los agentes que fueron llamados, la diferencia es significativa. En el caso de los colegiados, un 15% rechazó la discriminación, un 49% la aceptó, un 30% se abrió a facilitarla y un 6% no respondió. En el de los no colegiados, solo un 5% la rechazó, un 76% la aceptó, un 17% la facilitó y un 2% no respondió. Fito recomienda más formación a los profesionales sobre las normas vigentes.

En las cifras globales, del 10% que se niega a discriminar a inmigrantes se afirma en el estudio que hay tres motivacioes que sustentan su posición: la advertencia de que sería ilegal aceptar lo que se les pide, que es la mayoritaria, una posición personal antirracista y el argumento de que la experencia del agente indica que no es cierto que el colectivo discriminado provoque por norma los problemas que se le atribuyen.

Multas

Serra ha recordado que el ayuntamiento ya ha impulsado estudios sobre racismo inmobiliario y que ha impuesto dos multas por dos casos concretos. Uno, el de un anuncio en el que se precisaba que un piso de alquiler solo se ofertaba a posibles inquiliinos españoles, de 90.000 euros. La otra, a una inmobiliaria que negó el alquiler a un marroquí, alegando que la vivienda no estaba disponible, mientras lo ofrecía a un conocido del primero que no era inmigrante. En este segundo caso la multa fue de 45.000 euros.

Ni la una ni la otra se han cobrado porque los sancionados han presentado recursos ante el contencioso-administrativo. Fuentes del ayuntamiento señalan que no existen precedentes jurídicos porque son multas pioneras.

Cuando el agente es inmigrante

Preguntada por los casos en los que el propio agente inmobiliario es un inmigrante, Fitó ha relatado que sería muy interesante analizar cómo actúan mayoritariamente, pero ha precisado que solo 20 de los 350 agentes contactados lo eran, lo que no supone una muestra suficiente para llegar a resultados significativos. Sin embargo, ha advertido de que estudios internacionales evidencian que los agentes inmigrantes también discriminan a los inmigrantes que quieren ser inquilinos.